La tecnología ha derribado fronteras, ha conectado al mundo a una velocidad impensable décadas atrás y ha puesto el conocimiento al alcance de todos. En este entorno interconectado, las oportunidades florecen en campos como la educación, la ciencia, los negocios o la salud. Pero este avance vertiginoso también tiene su lado oscuro: el auge de la ciberdelincuencia potenciada por la inteligencia artificial (IA).
En el Perú, esta amenaza no es una abstracción. Solo en 2024 se reportaron más de 42 mil denuncias por delitos informáticos, un aumento alarmante de casi 40 % respecto al año anterior, según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL). Este crecimiento no es casual. Los ciberdelincuentes están incorporando tecnologías de IA para lanzar ataques más veloces, más difíciles de rastrear y mucho más efectivos. Desde el robo de datos personales hasta el phishing y la ingeniería social, la IA se ha convertido en una aliada peligrosa de quienes operan fuera de la ley.
Uno de los fenómenos más inquietantes es el de los deepfakes. Estas manipulaciones digitales hiperrealistas —creadas gracias a redes generativas antagónicas (GAN)— permiten reemplazar rostros y voces en fotos o videos con una precisión que raya en lo imposible. Cualquiera puede convertirse en víctima de una campaña de desinformación, chantaje o difamación con solo una imagen como punto de partida. Las consecuencias, tanto personales como sociales, son devastadoras.
Lo más preocupante es que detectar estas falsificaciones es cada vez más difícil. Los modelos de IA más recientes, como los de difusión, generan imágenes y videos con un nivel de detalle tal que los sistemas de verificación tradicionales no logran distinguir lo real de lo falso. Esta difuminación de los límites entre lo auténtico y lo artificial pone en jaque a medios de comunicación, autoridades y ciudadanos por igual. ¿En qué podemos confiar cuando la evidencia visual o auditiva puede ser completamente fabricada?
Ante este panorama, es urgente actuar. Los Estados deben invertir en tecnología, actualizar sus marcos legales y promover la cooperación internacional. Pero tan importante como eso es educar. Necesitamos una ciudadanía alfabetizada digitalmente, capaz de identificar riesgos, proteger su información y ejercer un pensamiento crítico frente a lo que consume en línea.
La inteligencia artificial no es, en sí misma, el problema. De hecho, puede ser una gran aliada si se orienta al bien común. Pero, como toda herramienta poderosa, su uso debe estar guiado por principios éticos, marcos normativos sólidos y una vigilancia constante. De lo contrario, estaremos dejando que el futuro sea escrito por algoritmos diseñados no para servir a la humanidad, sino para aprovechar sus vulnerabilidades.
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