Congreso en crisis: Fuerza Popular, Perú Libre, APP y Renovación lideran el rechazo ciudadano

El descontento ciudadano con el Congreso de la República no da tregua. Según la última encuesta de Datum, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Renovación Popular concentran las peores opiniones sobre su desempeño, mientras que solo cuatro bancadas, entre ellas Podemos Perú, evitan —por poco— superar el 50 % de desaprobación.

En el estudio nacional, elaborado para El Comercio, Fuerza Popular acumula un 62 % de opinión negativa, seguida por Perú Libre (55 %), Alianza para el Progreso (53 %) y Renovación Popular (52 %). El rechazo es contundente, reflejando el profundo desencanto ciudadano hacia las principales fuerzas políticas del Parlamento.

El informe también muestra que apenas cuatro bancadas registran menos del 50 % de valoración negativa: Podemos Perú (49 %), Avanza País (50 %), Somos Perú (50 %) y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo (48 %). No obstante, el margen es estrecho y evidencia un sentimiento generalizado de insatisfacción.

Este descontento tiene raíces claras. Decisiones legislativas altamente polémicas, promovidas en su mayoría por Fuerza Popular y sus aliados, han generado indignación. Entre las normas más criticadas están el intento fallido de eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia, la exigencia de presencia obligatoria de un abogado en allanamientos, la reducción de plazos para la colaboración eficaz, entre muchas otras leyes cuestionables.

Estas medidas, desde la percepción ciudadana, terminan favoreciendo a delincuentes en lugar de fortalecer la justicia, lo que se ha visto reflejado en el aumento de la criminalidad en nuestro país.

El malestar no solo recae sobre las bancadas. A inicios de este mes, una encuesta anterior realizada por Datum para El Comercio reveló que la desaprobación hacia los principales líderes políticos también es abrumadora.

La presidenta Dina Boluarte enfrenta un rechazo del 94 % de la población, mientras que el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, registra un 83 % de desaprobación. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tampoco se salva, con un 57 % de opiniones en contra.

La caída de popularidad de Salhuana es sostenida: en octubre de 2024 su desaprobación era del 72 %, subió al 78 % en febrero de 2025 y ahora alcanza el 83 %. El rechazo es particularmente alto en el sur del país (87 %), seguido de Lima y Callao (85 %) y el norte (84 %).

En el caso de Dina Boluarte, su aprobación continúa estancada en apenas un 4 %, sin cambios desde febrero. Su desaprobación es especialmente marcada en el norte y sur del país (96 %) y, aunque en el centro es algo menor (91 %), sigue siendo abrumadora. El centro es también la única región donde su aprobación llega al 7 %, el nivel más alto registrado.

La encuesta se realizó entre el 4 y 9 de abril de 2025, a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, de todas las zonas urbanas y rurales del país, con una muestra efectiva de 1203 entrevistas, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de +/- 2,8 %.

El contexto político, además, se desarrolla en medio de una creciente sensación de inseguridad. Según el Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), las extorsiones en el primer trimestre de 2025 —880 en enero, 855 en febrero y 921 en marzo— superan largamente los registros de los tres años anteriores. Analistas advierten que, de no tomarse medidas urgentes, la tendencia podría empeorar.

Por si fuera poco, la reciente reforma a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impulsada por el Congreso y promulgada por Boluarte, ha encendido nuevas alarmas. La norma otorga mayores facultades de fiscalización a esta agencia sobre las ONG que reciben fondos extranjeros, estableciendo requisitos como la “conformidad previa” para proyectos y sanciones severas por el uso de fondos para demandas contra el Estado.

En esa línea, diversos sectores advierten que estas modificaciones podrían restringir seriamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Así, entre escándalos legislativos, inseguridad creciente y reformas controvertidas, la clase política peruana sigue perdiendo aceleradamente la confianza de la ciudadanía.