La ciudadanía reclama acciones concretas y efectivas ante la ola de inseguridad ciudadana que día a día suma un nuevo nombre a su lista de víctimas. A pocas horas de confirmarse el atentado contra un bus de transporte público, el Ministerio del Interior anunció que los agentes policiales subirán a las unidades.
“Es nuestra prioridad salvaguardar la integridad de conductores y pasajeros. Como una medida, efectivos de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú suben a buses para brindar resguardo”, se lee en una publicación del Mininter desde sus redes sociales.
El anuncio asegura que se trata de una medida para combatir la extorsión que afecta, principalmente, a los choferes, cobradores y usuarios del transporte público. “La PNP ejecuta una estrategia efectiva con un despliegue de agentes que brindan seguridad a los conductores y pasajeros”, agregó la institución.
El congresista José Cueto hizo una propuesta similar desde el Pleno del Congreso. Este recomendó que los miembros de la Policía patrullen desde las unidades de transporte público vestidos de civiles. La idea fue complementada con otra que despertó diversas críticas, el congresista recomendó a los conductores revestir sus unidades con láminas antibalas.
“En lugar de tener a toda nuestra policía, parados por las calles, dispongan que vayan de civil, que vaya uno en cada bus hasta donde alcance, el solo hecho de decirlo, lo van a pensar. (...) Y si están ahí y hacen uso de su arma, bien utilizada y que la ley les caiga y la ley proteja a nuestros soldados y policías que estén en estos buses. Es la única manera”, dijo Cueto desde el Parlamento el último 10 de abril.
Responsables de la inseguridad
Una reciente encuesta de Datum, publicada en abril de 2025, revela que el 52% de los peruanos considera a la Presidencia de la República, encabezada por Dina Boluarte, como la principal responsable de la creciente inseguridad en el país. Este porcentaje representa un aumento de ocho puntos respecto a octubre de 2024. Además, el 80% de los encuestados opina que el gobierno no tiene una estrategia efectiva para combatir la delincuencia, aunque esta cifra ha disminuido ligeramente frente al 86% registrado el año anterior.
El Congreso también es señalado por el 47% de los ciudadanos como corresponsable de la crisis de seguridad, mientras que jueces y fiscales alcanzan un 28% de percepción de responsabilidad, reflejando una creciente desconfianza hacia el sistema judicial. Por otro lado, la Policía Nacional del Perú mantiene una percepción de culpabilidad relativamente baja, con apenas un 9% de los encuestados atribuyéndole responsabilidad.
Respecto a las leyes contra la delincuencia, un 62% de los peruanos considera que las normas aprobadas han favorecido más a los delincuentes que a los ciudadanos, y apenas un 2% cree que han beneficiado a la población.
La inseguridad ciudadana en Perú está influyendo significativamente en las decisiones financieras de la población. Según el II Observatorio del Crimen y la Violencia, realizado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) con apoyo de Ipsos, el 81% de los peruanos afirma que la inseguridad afecta su manejo del dinero, cifra que en Lima Metropolitana asciende al 90%.
El estudio, realizado en febrero de 2025, revela que el 57% de los encuestados considera que la inseguridad influye mucho en sus decisiones financieras, mientras que un 24% indica que lo hace en cierta medida. Solo un 16% no percibe ninguna influencia. Este impacto se manifiesta en la preferencia por canales digitales: el 66% de los participantes ha optado por herramientas como la banca por internet, aplicaciones móviles y billeteras digitales para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.