Un operativo conjunto entre el Comando Operacional de la Amazonía y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la destrucción de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta básica de cocaína (PBC) en la región de Loreto. La intervención se llevó a cabo en el sector de la comunidad nativa Santa Rosa de Lima, en el Loretoyacu, ubicado en el distrito de Mariscal Ramón Castilla, cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.
La operación fue ejecutada por unidades de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas Iquitos, a través de la Depotad Caballococha, y contó con el apoyo de patrullas de la 35ª Brigada de Selva de la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla”. Un representante del Ministerio Público también participó en la intervención.
Según información oficial, el laboratorio estaba siendo operado por organizaciones criminales extranjeras, las cuales utilizan esta zona de difícil acceso debido a su proximidad con las fronteras de Brasil y Colombia. Durante el operativo, fueron detenidos dos ciudadanos colombianos que realizaban tareas de vigilancia en el lugar: Abraham Gutiérrez Suárez (50) y Fredy Marín García (58).
Incautaciones y destrucción del material
En el operativo, las autoridades incautaron una cantidad significativa de materiales y equipos relacionados con la producción de droga. Entre los elementos decomisados se encuentran 2.501 kg de sulfato de cocaína, tres tanques con hoja de coca en proceso de maceración, una tonelada de hoja triturada, tres toneladas de hoja fresca y diez toneladas de detritus de coca. Además, se incautaron 3.940 kg de insumos químicos fiscalizados, 14 escopetas calibre 16 mm, 104 cartuchos, equipos para el procesamiento de drogas y once teléfonos celulares.
La Policía Nacional del Perú indicó que el material decomisado fue destruido e incinerado en el mismo lugar, con la excepción de las armas, los teléfonos celulares y otros objetos que fueron trasladados para ser utilizados como evidencia.
Este tipo de operativos tiene como objetivo frenar el avance del narcotráfico en zonas estratégicas como la triple frontera, donde mafias transnacionales aprovechan las condiciones geográficas y la limitada presencia estatal para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Una zona de alta criminalidad: minería ilegal y tráfico de drogas
La triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, una región geográficamente conectada que incluye el municipio colombiano de Leticia, las localidades brasileñas de Tabatinga y la peruana Santa Rosa de Yavarí, ha sido históricamente un punto de interacción cultural entre los tres países. Sin embargo, según un informe de la organización Crisis Group, en los últimos meses esta zona se ha convertido en un refugio para diversas organizaciones criminales que operan de manera transnacional. Grupos armados de los tres países han aprovechado la lejanía y la escasa presencia estatal en la región para expandir sus actividades ilícitas, incluyendo cultivos de cocaína, tala ilegal de árboles y actividades de minería ilegal, como el dragado en búsqueda de oro.
Uno de los grupos más destacados en esta zona es el Comando Vermelho de Brasil, junto con el Primeiro Comando da Capital (PCC), que ha extendido su influencia en la Amazonía, alcanzando áreas en Colombia y Perú. Estas organizaciones han establecido bastiones en las cárceles de Leticia y Tabatinga, presuntamente con el apoyo de funcionarios corruptos, y buscan expandir su dominio, incluyendo el control de los cultivos de cocaína en ambos países. La falta de oportunidades en la región ha llevado a parte de la población local, incluidos los pueblos indígenas, a involucrarse en actividades delictivas, como el transporte de droga a Manaos (Brasil), enfrentando condiciones extremas y riesgo constante.
El informe de Crisis Group también resalta la grave situación de violencia en la región, destacando que Leticia fue el segundo lugar más violento de Colombia en 2022, con una tasa de homicidios de 80 por cada 100.000 habitantes. Esta violencia ha exacerbado la corrupción en las fuerzas de seguridad de los tres países, donde los bajos salarios han llevado a algunos agentes a aceptar sobornos de las organizaciones criminales, permitiendo que estas operen con relativa impunidad. Además, la comunidad indígena de la región ha sido severamente afectada, con territorios ocupados por bandas criminales y miembros de estas comunidades asesinados por intentar proteger la selva de la tala ilegal y otras actividades ilícitas.
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