El Congreso de la República ha aprobado, con 110 votos a favor y por insistencia, un dictamen que busca establecer medidas para la masificación del gas natural mediante una tarifa nivelada, pero que contiene un componente que genera limitaciones sobre el desarrollo de infraestructura en regiones fuera de Lima.
El dispositivo, que incluye los proyectos de ley 523, 679, 817, 1453 y 1939, establece una tarifa nivelada para consumidores industriales que utilicen hasta 50.000 metros cúbicos de gas natural al mes, dejando fuera a grandes empresas que podrían actuar como anclas para la expansión del servicio en provincias. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), autor original de la norma en 2021, había propuesto un texto que elevaba el umbral de consumo a 900.000 metros cúbicos mensuales, lo que habría incentivado la inversión en infraestructura y reducido las tarifas en regiones. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Congreso.
Aunque el objetivo declarado del Congreso es impulsar el acceso descentralizado al gas natural, expertos y operadores del sector, además del Ejecutivo, advierten que las restricciones impuestas podrían tener el efecto contrario, dejando al margen a miles de familias que no tienen gas en sus hogares o ciudades desde que Camisea dio inicio a sus operaciones comerciales.
El Congreso ha condenado masificación del gas natural fuera de Lima
Operadores como Quavii, filial de Promigas, habían advertido que la exclusión de grandes consumidores de los beneficios tarifarios podría desalentar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura en regiones como Áncash, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. De acuerdo con el “Informe del Sector Gas Natural en Perú 2024″ de la empresa colombiana, una tarifa única a nivel nacional, acompañada de incentivos para el desarrollo de infraestructura, podría reducir las tarifas regionales hasta en un 50%.
Así, la decisión del Congreso de limitar los beneficios a pequeños consumidores industriales podría dificultar la llegada de grandes empresas que actúen como motores de desarrollo en las regiones. Según estudios de consultoras especializadas, como Gerens, estas empresas son esenciales para garantizar el retorno de las inversiones en redes de distribución y almacenamiento.
La situación se complica aún más con el conflicto tarifario que enfrenta Quavii con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin). El ente regulador aprobó una reducción del 32% en las tarifas de gas natural para el periodo 2025-2028, lo que ha llevado a la empresa a considerar un arbitraje internacional o incluso su retiro del país.
Esta decisión, según la compañía para Infobae Perú, contradice los términos del contrato de concesión firmado en 2024 y pone en riesgo la viabilidad de su operación. Si la empresa decide retirarse del país, las regiones del norte podrían quedarse sin un operador clave para la expansión del gas natural, lo que afectaría directamente a miles de hogares y negocios que dependen de este servicio.
Cálidda y la experiencia de la masificación en Lima
Por otro lado, Cálidda, otro de los principales concesionarios de gas natural en el Perú, ha anunciado planes para masificar el servicio en siete regiones, con una inversión superior a los 1.600 millones de soles (aproximadamente 420 millones de dólares). Este proyecto, que beneficiaría a pobladores de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, podría verse afectado por la decisión del Congreso, aunque aún no se ha confirmado el impacto directo en sus operaciones.
El modelo de masificación del gas natural en Lima y Callao, liderado por Cálidda, ha demostrado que la presencia de grandes consumidores, como las plantas termoeléctricas de Chilca, es clave para garantizar el retorno de las inversiones en infraestructura. Estas empresas, que inicialmente recibieron subsidios, permitieron la construcción de una red de distribución que hoy beneficia a miles de hogares y negocios en la capital.
En contraste, las regiones del norte y sur del país enfrentan tarifas más altas debido a la falta de infraestructura y a la ausencia de grandes consumidores que puedan absorber parte de los costos iniciales. Según explicó el MINEM, ampliar el límite de consumo para fijar una tarifa nivelada hubiera permitido que grandes industrias regionales migren al uso de gas natural, generando un mercado más amplio y sostenible para el desarrollo de redes de distribución.