La mosca de la fruta, una de las plagas más devastadoras para los cultivos de frutas y hortalizas en el mundo, ha generado pérdidas millonarias en el sector agroexportador peruano debido a restricciones comerciales impuestas por su presencia en productos de exportación. En este contexto, el Comité de la Industria Agrosostenible de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha alertado sobre un problema adicional que agrava la situación: la creciente proliferación de plaguicidas ilegales en el país. Según informó la SNI, esta problemática no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también afecta la salud de los agricultores y fomenta una competencia desleal en el mercado.
De acuerdo con el comité, los plaguicidas ilegales incluyen productos de contrabando, adulterados o con registros que contienen información inexacta. Estos productos representan un peligro significativo para la inocuidad alimentaria, ya que pueden contener ingredientes activos en dosis incorrectas o sustancias no autorizadas, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones y reduce la efectividad en el control de plagas. Además, su uso indiscriminado puede tener consecuencias graves para el medio ambiente y la salud de quienes trabajan en el sector agrícola.
Decisión histórica de SENASA: cancelación del registro de un plaguicida clave
En un hecho sin precedentes en el país, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) tomó la decisión de cancelar el registro N° 3253-SENASA, correspondiente al plaguicida químico de uso agrícola PMF-120, fabricado por la empresa Avgust Perú S.A.C.. ¿El motivo? Falta de veracidad de la información que motivó el registro, según la entidad. De acuerdo a la SNI, esta medida prohíbe la importación, distribución, almacenamiento, envasado y comercialización del producto en todo el territorio nacional. La cancelación se produjo tras detectarse irregularidades en la documentación presentada para obtener los permisos necesarios.
El PMF-120 era ampliamente utilizado para combatir la mosca de la fruta, una plaga que afecta cultivos como mangos, cítricos, paltas y otras frutas de exportación. La decisión de SENASA marca un precedente importante en la lucha contra los plaguicidas ilegales y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar el ingreso de productos que no cumplan con los estándares de seguridad y calidad.
Impacto de la mosca de la fruta en la agroexportación peruana, según SNI
La mosca de la fruta es una de las principales preocupaciones del sector agrícola en Perú debido a su capacidad de propagación rápida y su impacto negativo en la cadena productiva. Según informó la SNI, esta plaga ha generado pérdidas económicas significativas, especialmente en mercados internacionales exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea, donde la detección de la plaga en productos de exportación ha llevado a restricciones comerciales.
En 2023, las pérdidas económicas vinculadas a la mosca de la fruta ascendieron a millones de dólares, afectando gravemente la competitividad del sector agroexportador peruano. Por esta razón, el manejo de esta plaga ha sido declarado un programa de interés nacional, lo que implica la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno, las autoridades fitosanitarias y los productores para mitigar su impacto y garantizar la sostenibilidad de la agricultura en el país.
¿Qué viene ahora? Fortalecer la fiscalización y capacitar a los agricultores
El Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI ha instado a SENASA a intensificar los controles para evitar el ingreso y la comercialización de plaguicidas ilegales en el país. Asimismo, el comité destacó la importancia de promover la capacitación de los agricultores en el uso seguro y responsable de productos fitosanitarios, con el objetivo de proteger su salud y garantizar la calidad de los cultivos.
La SNI subrayó que la lucha contra los plaguicidas ilegales no solo es una cuestión de regulación, sino también de educación y concienciación. Los agricultores, especialmente los pequeños y medianos productores, necesitan acceso a información y herramientas que les permitan adoptar prácticas agrícolas sostenibles y seguras. Esto no solo beneficiará al sector agrícola, sino que también contribuirá a la protección del medio ambiente y la salud pública.
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