La peruana Camila Muñoz y su esposo, Bradley Bartell, regresaban a casa tras su luna de miel en Puerto Rico. En el aeropuerto de San Juan, ella fue interceptada por un agente de inmigración. La pregunta fue directa: “¿Es usted ciudadana estadounidense?”. La recién casada, de nacionalidad peruana, respondió con la verdad. Dijo que “no”, pero explicó que estaba en proceso de obtener la residencia permanente. Esa fue la última conversación que tendría como mujer libre durante las siguientes siete semanas.
Lo que debió ser una etapa de celebración y estabilidad matrimonial terminó con la joven de 26 años enviada a un centro de detención en Luisiana. Allí, pasó 49 días sin juicio, sin antecedentes penales, sin posibilidad de audiencia, hasta que finalmente un juez ordenó su liberación bajo fianza. Su caso fue reportado por USA Today y confirmado por Univisión Noticias, medios que acompañaron el proceso desde el inicio.
Durante la detención de la peruana, el estadounidense viajó largas distancias, atendió audiencias por videollamada desde su vehículo y sostuvo a su familia con incertidumbre. Mientras tanto, Muñoz compartía su celda con mujeres que llevaban hasta ocho meses privadas de libertad por causas similares. “Conocí a mujeres que llevaban allí siete u ocho meses (...). Entiendo que Trump está haciendo su trabajo como presidente, y estos son los procesos”, declaró al diario USA Today. “Pero los casos deberían avanzar más rápido si las personas no están asociadas con una pandilla o no tienen antecedentes penales”.
El inicio de la pesadilla
Camila Muñoz llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa de trabajo y estudio. Durante la pandemia, su visa expiró, pero decidió quedarse. Se estableció en Wisconsin, donde trabajaba empacando verduras en una granja y colaborando con servicios de comida en hoteles. Fue allí donde conoció a Bartell, gracias a amigos en común. Tras dos años de relación, decidieron casarse y comenzar el proceso de legalización.
Viajaron a Puerto Rico para su luna de miel. Al regresar, en un vuelo doméstico dentro del territorio estadounidense, el interrogatorio de rutina se convirtió en una orden de detención. ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) la envió directamente a Luisiana, donde permaneció recluida en el Centro Correccional Richwood.
Durante ese tiempo, no enfrentó cargos penales. “Camila aún tiene que luchar por su caso de inmigración, pero al menos ahora puede hacerlo desde casa, con su esposo a su lado”, explicó su abogado a Univisión Noticias.
Sin antecedentes ni juicio
El caso de Muñoz se dio en un contexto político cargado. Pocas semanas antes, Donald Trump había asumido nuevamente la presidencia de Estados Unidos y ejecutó una política de control migratorio más estricta. Bajo esas medidas, incluso personas con procesos legales en marcha podían ser detenidas. “Hay muchísimas personas a las que hemos representado en los últimos meses que, bajo administraciones anteriores, no habrían tenido ningún problema con ajustar su estatus”, indicó el abogado David Rozas, citado por USA Today. “Esto es la nueva norma y continuará causando estragos en las familias estadounidenses e infundiendo miedo”.
El ICE cuenta con una amplia discrecionalidad para detener a inmigrantes que exceden la duración de sus visas o que están esperando respuesta en sus trámites. A Muñoz no se le asignó una fecha de juicio ni se programó una audiencia para su fianza durante casi seis semanas.
“El juez acordó que no había razón para mantenerla detenida”, informó el abogado a Univisión Noticias, después de que el caso tomara notoriedad en redes sociales y medios de comunicación.
La liberación bajo el sol de Luisiana
El viernes 4 de abril, a las 9 de la mañana, Muñoz compareció ante un juez de inmigración mediante videollamada. Bartell la observó desde el estacionamiento del centro de detención. El juez fijó una fianza de 3 mil dólares, que su esposo tuvo que pagar personalmente, tras conducir cuatro horas hasta la oficina de ICE en Oakdale. “No quería que ella pasara otra noche encerrada”, explicó el estadounidense a USA Today.
Cuando finalmente salió, “la capitana de la cárcel abrió la puerta”, relató Muñoz. “Bradley estaba allí sudando. Yo sudaba y el corazón me latía con fuerza. Lo besé, nos abrazamos y me dijo: ‘Salgamos de aquí’”, contó la peruana al medio norteamericano.
La liberación de Camila no significa el cierre de su caso. Todavía debe enfrentar un proceso en la corte de inmigración por la expiración de su visa, además de continuar con la solicitud de su tarjeta de residencia. Está previsto que comparezca ante un juez en abril.
En declaraciones posteriores, expresó preocupación por la lentitud del sistema: “Pensaba que era demasiado. Empecé a asustarme”, dijo. “Personas que creían que iban a ser estadounidenses o a tener la tarjeta verde; no era la única. Había muchísimas que estaban casadas”.
Ya en casa, en Wisconsin, la joven pasó su primer día acompañada por su mejor amiga y el hijo pequeño de esta. Pidieron hamburguesas, cuajada de queso y helado, sus favoritos. Mientras tanto, Bartell volvió al trabajo, aunque con la certeza de que su esposa podía dormir en su propia cama.
Ahora, Camila planea ayudar a otras mujeres que aún siguen detenidas. “Voy a hacer lo que pueda por ellas”, dijo a USA Today. La intención es recaudar fondos para que puedan acceder a alimentos en el centro de detención o pagar llamadas telefónicas a sus familiares.