El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte pretenderá someter a los medios de comunicación para que, durante los estados de emergencia, transmitan sus supuestos avances en la lucha contra la delincuencia. Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en conferencia de prensa este domingo 30 de marzo.
“(Se presentará) un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, dijo Arana.
El proyecto deberá ser presentado ante el Congreso, que este mes aprobó en primera votación un proyecto de ley que amenaza el ejercicio de la prensa.
El referido proyecto, dictaminado por la Comisión de Justicia que preside el perulibrista Issac Mita, busca elevar las penas previstas para los delitos de calumnia y difamación. También propone desnaturalizar el derecho a la rectificación.
Anuncian más medidas
El ministro Eduardo Arana también comunicó que se preparan tres normas con los que se intentará frenar el avance de la delincuencia.
“Existe una disposición que no permite construir ni edificar ningún tipo de vivienda o actividad alrededor de los 200 metros de los penales. Sin embargo, esta ha sido vulnerada porque los municipios a veces dan licencias o permiten la construcción. Eso nos estamos encargando. Pero la norma pretende que más allá de los 200 metros también se establezca un mecanismo de control y supervisión”, declaró Arana.
También se presentará un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para que los celulares incautados en penales puedan ser deslacrados “con permiso del Ministerio Público”.
El ministro de Justicia aseguró que con este cambio se busca solucionar el “problema” de que “cada vez que hay una intervención en los penales y se pueden incautar teléfonos, estos pasan de la Policía a manos del Ministerio Públicos y desafortunadamente el Ministerio Público no los examina, no los deslacra”.
“Igual sucede con los teléfonos que están funcionando dentro de los penales. La propuesta es que el propio personal del INPE pueda darle una mirada rápida y en presencia del fiscal o policía para que se pueda tener de primero mano la información que contienen estos equipos celulares en caso sean incautados”, agregó.
Finalmente, el Gobierno impulsará un Decreto Supremo sobre la verificación de identidad. Esto para “buscar requisitoriados y migrantes en todos los centros comerciales, espacios públicos y espectáculos públicos no deportivos a nivel nacional”.
Cifras
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que, en las últimas 24 horas se desplegaron 2449 efectivos en Lima y Callao, y se realizaron 555 operativos en las que se detuvo a un total de 243 personas y 34 requisitoriados.
Al igual que en ocasiones anteriores, la presidenta Dina Boluarte no estuvo presente en la conferencia de prensa.