Se viene un nuevo Paro Agrario: agricultores anuncian movilización ante crisis del sector e “inacción” del MIDAGRI

En medio de una crisis que afecta a miles de agricultores en el Perú, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), realizada el pasado 24 de marzo en Lima, reunió a representantes de diversos gremios agrarios para abordar los desafíos que enfrenta el sector. Durante el evento, se destacó la devastación causada por fenómenos naturales recientes, como inundaciones y deslizamientos, que han afectado a más de 200.000 personas, destruido 20.000 hectáreas de cultivos y dejado 5.000 kilómetros de vías intransitables. En este contexto, los pequeños productores, ganaderos y dirigentes agrarios anunciaron un Paro Nacional Agrario de carácter indefinido, cuya fecha será definida en abril, tras la conformación de un Comité de Coordinación.

Según informó Conveagro, los agricultores también exigieron la renuncia del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a quien acusan de priorizar el apoyo al sector exportador en detrimento de la pequeña agricultura. Asimismo, demandaron al Congreso rechazar el proyecto de ley conocido como “Ley Chlimper 2.0″, que consideran perjudicial para la biodiversidad y los derechos de los pequeños productores.

De acuerdo con Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, los agricultores enfrentan no solo el abandono del Estado, sino también los efectos de desastres naturales que han devastado regiones como Áncash, Piura, Tumbes, Arequipa y Cusco, entre otras. Las lluvias torrenciales han dejado un saldo de 91 fallecidos y 16.000 animales muertos, además de la destrucción de canales de riego, bocatomas y defensas ribereñas. Rojas criticó la falta de políticas de prevención y mitigación por parte del MIDAGRI, señalando que el ministerio ha desatendido las necesidades del agro frente al cambio climático.

El dirigente también expresó su preocupación por iniciativas legislativas que, según él, amenazan la pequeña agricultura y los derechos ciudadanos. Entre estas, destacó la llamada “Ley Mordaza”, que busca restringir la labor de las organizaciones civiles, y el proyecto que permitiría el ingreso de organismos vivos modificados (OVM), lo que abriría la puerta a la producción transgénica en el país.

Durante la asamblea, los agricultores plantearon una serie de demandas al gobierno y al Congreso. Entre ellas, exigieron el restablecimiento de los Plenos Agrarios en el Parlamento, así como la implementación de programas de financiamiento adaptados a la realidad del sector. Estas medidas, según los participantes, son necesarias para garantizar el acceso a semillas, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas como algodón, papa, arroz y quinua.

Soraida Condori, representante de la Central Agroandina del Perú, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones para la producción de granos andinos, que crecen a altitudes de entre 3.500 y 4.000 metros. Condori destacó que, a pesar de la alta calidad de la quinua peruana, los productores no pueden exportarla procesada debido a la falta de infraestructura en las zonas rurales. “Necesitamos electrificación rural para incentivar la industria”, afirmó, al tiempo que criticó la falta de apoyo por parte de los gobiernos regionales.

Por su parte, Américo Valderrama, presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, cuestionó la gestión del recurso hídrico por parte del gobierno y la Autoridad Nacional del Agua. Valderrama señaló que detrás de cada cultivo hay familias que dependen de políticas efectivas para garantizar su sustento, y lamentó la falta de acciones concretas para enfrentar la crisis.

Otro tema destacado en la convención fue la situación de las mujeres rurales, quienes enfrentan múltiples desafíos en su labor agrícola. Rosalía Clemente, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), denunció que las mujeres del campo son las más afectadas por la contaminación del agua y la falta de apoyo gubernamental.

“Nosotras luchamos por nuestras parcelas y la defensa de nuestras comunidades, pero el gobierno nos olvida”, afirmó Clemente, quien también criticó la inacción estatal frente a las emergencias climáticas.

Otro de los acuerdos alcanzados en la asamblea fue la necesidad de establecer medidas para evitar la competencia desleal de las importaciones agrarias. Según Conveagro, es urgente diseñar un marco normativo que regule el ingreso de productos agrícolas importados, incluyendo la implementación de un sistema de franja de precios para el arroz asiático y la aplicación de aranceles y salvaguardias que protejan a los productores locales.

Los agricultores también expresaron su preocupación por el impacto de las importaciones en la economía agropecuaria nacional, especialmente en un contexto de crisis financiera. Según los participantes, estas medidas son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sector y evitar el colapso de las cadenas productivas.