El gobierno de Dina Boluarte y algunos partidos del Congreso de la República habrían negociado que el ministro del Interior, Juan José Santivañez, se quede en su cargo, antes de que se debata las mociones de censura que se han presentado en su contra.
Hasta el momento, se han presentado cuatro mociones de censura, lideradas por Jaime Quito, de la Bancada Socialista; de Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular; de Diego Bazán, de Renovación Popular; y de la bancada de Fuerza Popular.
Si se cuenta las firmas que refrendan estas iniciativas, se obtiene los 66 votos necesarios para que el ministro salga de su cargo; sin embargo, algunos legisladores cambiaron de parecer, como Juan Carlos Lizarzaburu.
De acuerdo con fuentes de Fuerza Popular de Hildebrandt en sus trece, inicialmente se habría tomado la decisión de no apoyar las iniciativas presentadas por Paredes y Quito. Luego, habrían acordado que los miembros del grupo parlamentario tengna “libertad de conciencia” para decidir su postura respecto al documento de Bazán.
El medio recuerda que si bien Arturo Alegría y César Revilla han declarado que votarían “en bloque” por la destitución de Santiváñez, otro parlamentario como Ernesto Bustamante ha manifestado públicamente su rechazo.
Como se sabe, un hecho que marcó un cambio en la postura del Congreso frente a la gestión de Santivañez a una más crítica fue el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, ocurrido el domingo 16. Su muerte también generó que artistas se organicen y convoquen a una movilización para este 21 de marzo, a las 17:00 horas, en el Cercado de Lima.
¿Qué se habría negociado?
De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, diferentes fuentes del Poder Ejecutivo sostuvieron que un grupo de operadores políticos cercanos a la presidenta Dina Boluarte, como el ministro de Justicia Eduardo Arana, habrían contactado con dirigentes del fujimorismo para llegar a un acuerdo político que evite la salida de Santivañez.
A cambio, el gobierno habría ofrecido a Fuerza Popular promover tres medidas: la aprobación de una “reforma judicial” donde se reestructure el Ministerio Público, el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y la declaratoria de emergencia en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. La estrategia incluiría también que los legisladores naranjas se abstengan de votar o que incluso no se presenten, en lugar de que marquen una posición en contra.
Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había expresado su respaldo a un proyecto de ley de Alianza para el Progreso (APP) para reformar la Fiscalía. “Es necesario tomar cartas en el asunto frente al desgobierno que existe y al ostracismo al que está condenando al Ministerio Público, quien ahora lo dirige”, dijo.
En diálogo con el semanario, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, afirmó que el Poder Ejecutivo está creando las condiciones propias para intervenir la institución. “Sería el rompimiento del orden constitucional porque el Ministerio Público tiene la función de investigar delitos. La Fiscalía no persigue a las personas; investiga a aquellos que están sindicados como presuntos autores de delito”, argumentó.
“Como en este momento hay un número significativo de congresistas de la República y de altos funcionarios del Estado investigados por la comisión de presuntos actos delictivos, una intervención de la institución evitaría esas investigaciones y procuraría la impunidad para graves actos de corrupción, lavado de activos y otros delitos graves”, agregó.
El medio remarca que si se llega a concretar esta reestructuración, algunas figuras de la política nacional que se podrían beneficiar serían:
- Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular: tiene procesos por lavado de dinero y organización criminal.
- César Acuña, líder de Alianza para el Progreso: bajo investigación por lavado de dinero.
- José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú: investigado por organización criminal.
- Vladímir Cerrón, líder de Perú Libre: tiene investigaciones por organización criminal, lavado de activos, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y negociación incompatible, entre otros.
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