Buscan eliminar el colorante rojo 3 de la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética: esto dice el proyecto de ley

El Congreso de la República ha recibido una nueva iniciativa legislativa que busca prohibir el uso del colorante rojo 3 en diversas industrias del país. Esta medida responde a preocupaciones sobre los posibles efectos nocivos de este aditivo, utilizado en productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. La propuesta, impulsada por la congresista Sigrid Bazán, se sustenta en estudios internacionales que cuestionan su seguridad y en recomendaciones de organismos de salud.

El proyecto de ley establece un plazo de adaptación para que las empresas reformulen sus productos sin el uso de este colorante. Se prevé que la industria alimentaria y cosmética tenga hasta enero de 2027 para eliminarlo de sus fórmulas, mientras que el sector farmacéutico contará con un plazo extendido hasta junio de 2028. Además, las mercancías importadas deberán cumplir con la misma restricción para su comercialización en el país.

El principal argumento de esta propuesta legislativa es la protección de los consumidores. Se basa en el derecho constitucional a la vida y la salud, así como en principios internacionales de seguridad alimentaria. La iniciativa menciona tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que resalta la importancia de garantizar alimentos inocuos y de calidad.

Además, se apoya en regulaciones nacionales, como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y la Ley de Inocuidad de los Alimentos, que buscan reducir la exposición de la población a sustancias potencialmente dañinas.

El Codex Alimentarius, conjunto de normas internacionales para la seguridad alimentaria, ha sido tomado como referencia en diversas regulaciones peruanas. Sin embargo, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) no ha emitido medidas concretas contra el Rojo N° 3 más allá de recomendar precaución en su consumo.

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) prohibió su uso en medicamentos y alimentos en 1990 debido a estudios que evidenciaron su relación con la aparición de cáncer en roedores expuestos a altos niveles de la sustancia. En 2025, la FDA revocó su autorización para su uso en fármacos y reiteró su peligrosidad.

La eliminación del colorante rojo 3 obligará a las empresas a reformular sus productos, un proceso que podría generar costos adicionales. No obstante, la medida también podría beneficiar al sector exportador peruano, al evitar restricciones en mercados como el estadounidense, donde la prohibición ya está vigente.

Asimismo, el proyecto de ley subraya que no generará gastos adicionales para el Estado, ya que su implementación recaerá en las empresas y en el control de entidades reguladoras que ya operan en el país.

Esta propuesta se alinea con la Política de Estado N° 15 del Acuerdo Nacional, que promueve la seguridad alimentaria y el acceso a productos seguros para la población. Además, se vincula con la agenda legislativa del Congreso para el período 2024-2025, donde se han priorizado iniciativas enfocadas en la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Con la aprobación de esta ley, el Perú daría un paso más hacia la reducción de sustancias cuestionadas en el consumo diario, protegiendo a los consumidores y alineándose con estándares internacionales de salud y seguridad alimentaria.

Estudios científicos han vinculado el consumo de eritrosina con la aparición de tumores en animales de laboratorio. Por ejemplo, investigaciones realizadas en ratas macho expuestas a altas dosis de este colorante mostraron una incidencia significativa de cáncer de tiroides. Estos hallazgos han generado inquietud sobre su seguridad en el consumo humano.

En respuesta a estas preocupaciones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) prohibió en 1990 el uso del Rojo N.º 3 en cosméticos y medicamentos de aplicación tópica. Posteriormente, en enero de 2025, la FDA extendió esta prohibición a alimentos y medicamentos ingeribles, basándose en evidencia de su potencial carcinogenicidad. La medida busca proteger la salud pública al eliminar la exposición a este aditivo cuestionado.