Un día luego del asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, finalmente la presidenta Dina Boluarte reapareció para nuevamente apoyar una eventual aplicación de la pena de muerte para sicarios y extorsionadores. “A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, afirmó durante la inauguración del año escolar en un colegio bicentenario.
Sin embargo, esta parte de su discurso recibió una rápida respuesta por parte del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; quien desde la clandestinidad afirmó que la primera persona condenada con esta pena debería ser la presidenta Dina Boluarte, a quien también acusó de ser una usurpadora por haber asumido la presidencia luego del intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo.
“Si se instaura la pena de muerte, como dice Boluarte, sería la primera en ser sentenciada por los 70 muertos en las protestas del sur, tras el golpe de Estado que le permitió usurpar el cargo”, indicó Cerrón en una publicación desde su cuenta oficial de X.
Dina Boluarte sigue sin declarar por ‘Caso Cofre’
Al menos en cuatro oportunidades, la presidenta Boluarte ha sido citada por la Fiscalía para que brinde su declaración por el presunto caso de encubrimiento que habría ayudado a Vladimir Cerrón a evadir la justicia.
- 15 de enero de 2025: Boluarte no asistió a la citación, ya que su defensa argumentó que la citación era extemporánea y que esperaban la resolución de la apelación presentada ante la Corte Suprema.
- 29 de enero de 2025: La presidenta sí acudió a la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar temporalmente, mientras esperaba la resolución de la apelación pendiente.
- 25 de febrero de 2025: Boluarte no asistió nuevamente a la citación de la Fiscalía, reiterando que la defensa aguardaba esta vez la decisión de la Corte Suprema.
- 5 de marzo de 2025: Tal como se mencionó, la mandataria eludió otra vez la citación, manteniendo la misma postura de esperar la resolución del recurso judicial pendiente.
Una propuesta reciclada
La fijación de la presidenta Dina Boluarte con la aplicación de la pena de muerte no es nueva. Ya en diciembre del 2024, la mandataria ya había pedido “abrir el debate” en casos de violación a menores de edad.
“Hago un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no podemos permitir que este tipo de criminales siga en las calles o tenga este tipo de beneficios. No debemos tener ningún tipo de contemplación a quienes se atreven a tocar a nuestros niños y a nuestras niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas”, agregó.
¿Por qué no se aplica la pena de muerte en Perú?
Existen dos razones por las que este tipo de condenas actualmente no pueden aplicarse en el país.
- Razones legales y constitucionales: La Constitución peruana de 1993, en su artículo 140, limita la pena de muerte únicamente al delito de traición a la patria en situaciones externas como en el caso de guerras.
- Tratados internacionales: Perú es parte de la lista de países que han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en su artículo 4 restringe el uso de la pena capital y fomenta su abolición progresiva.
- Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): El Perú está bajo la jurisdicción de la CIDH, que ha sentenciado en diversas ocasiones contra la pena de muerte. Restablecerla obligaría al país a retirarse de la Corte, lo que tendría repercusiones en su relación con organismos internacionales
Dina Boluarte denunciada ante la Corte Penal Internacional
Para el 27 de febrero de este año, un grupo de ciudadanos presentó una ampliación de denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades de su administración ante la Corte Penal Internacional. Esto en el marco de las muertes de 49 personas y otros 344 heridos durante las protestas al inicio de su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
De acuerdo con el documento, esta ampliación responde a la necesidad de incluir información adicional sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, así como sobre la situación actual de las víctimas.
Los denunciantes argumentan que, hasta la fecha, no se ha procesado judicialmente a ningún responsable por los hechos denunciados, lo que consideran una grave omisión de justicia. Según el comunicado, esta actualización se realiza en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.
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