El sueño del megapuerto de Chancay como motor de desarrollo para la región puede quedar proximamente empañado por una oscura realidad: la feroz lucha de mafias por controlar los contratos de construcción y los proveedores de este ambicioso proyecto que mueve millones, según advirtió un informe del dominical Punto Final.
Mientras el puerto, considerado el primero automatizado de Sudamérica, promete convertirse en un eje clave para la conectividad internacional de Perú, las empresas locales se enfrentan a amenazas violentas que ponen en riesgo no solo su economía, sino también sus vidas.
A lo largo de los últimos años, diversos emprendedores que vieron en el megaproyecto una oportunidad de crecimiento se han convertido en víctimas de extorsión por parte de una red criminal liderada por Paúl Zárate Leyva, alias ‘El Negro Pol’, quien ha sido señalado como el principal artífice de un complejo entramado delictivo. La violencia y la intimidación son las herramientas preferidas por esta organización, que no duda en utilizar explosivos y amenazas directas para forzar a los empresarios a ceder grandes sumas de dinero.
Marcos, un empresario local que inició su negocio de metalúrgica con esfuerzo y sacrificio, es uno de los muchos afectados por este fenómeno. A pesar de haber sido testigo de cómo su empresa crecía junto con la construcción del megapuerto, la pesadilla comenzó cuando empezó a recibir mensajes amenazantes.
“Nos dijeron que si no pagábamos 30.000 soles, irían contra nuestras familias”, recordó con voz quebrada. Las extorsiones llegaron por WhatsApp y se acompañaron de videos en los que los delincuentes mostraban armas y otros recursos, con la amenaza de quemar sus vehículos o incluso de atentar contra su vida. La situación se agravó tanto que Marcos, al igual que otros empresarios, se vio obligado a dormir en un hostal fuera de Chancay por miedo a sufrir un ataque.
Las extorsiones, que hasta el momento han quedado al descubierto gracias a las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), son solo la punta del iceberg de una lucha mucho más compleja. Eric Pardo García, conocido en el mundo criminal como ‘Rorro’, ha sido identificado como uno de los principales responsables de la violencia. A pesar de intentar desvincularse de los artefactos explosivos encontrados en su vivienda durante un allanamiento, las pruebas apuntan a que era parte de la estructura encargada de las amenazas y ataques.
La red criminal, sin embargo, no se limita solo a la extorsión. Las autoridades policiales han rastreado hasta Alexander Carrasco Rubio, alias ‘Miuller’, otro integrante clave que no solo participaba en la extorsión, sino que exhibía su poder y riquezas a través de redes sociales.
En videos publicados, Carrasco mostraba grandes sumas de dinero, alardeando de su éxito ilícito mientras desafiaba abiertamente a la justicia. La vanidad de estos criminales, que no temen mostrar su armamento o sus acciones, refleja la confianza con la que operan, convencidos de que nada ni nadie puede detenerlos.
El megapuerto de Chancay, cuya construcción comenzó en 2020, ha sido testigo de cómo este crimen organizado ha logrado infiltrarse en las actividades de negocios legales. El dueño de una empresa que se dedica a la compra y venta de chatarras, también se ha visto amenazado por las bandas. “Nos lanzaron dinamita. Nos amenazaron con atentar contra nuestras vidas. Fue un terrorismo, no sabíamos a quién recurrir”, relató el empresario, quien, como muchos otros, ahora vive bajo constante presión.
La situación se complica aún más al descubrirse que Zárate Leyva, uno de los cabecillas de la organización criminal ‘Los Malditos de Promarsa’, tiene un largo historial delictivo. Con condenas previas por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, robo agravado y homicidio, Zárate logró reconstruir su red criminal tras obtener una sorprendente libertad condicional en junio de 2024, tras cumplir solo un año de una condena de 18. La impunidad de Zárate y su banda es un reflejo de la capacidad de estas organizaciones para operar a pesar de la presencia de las autoridades.
A medida que la investigación avanza, las fuerzas del orden han comenzado a desarticular la estructura. Erick Pardo García fue arrestado en flagrancia por posesión de explosivos durante un operativo conjunto de la División contra el Crimen Organizado y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), lo que ha dado pie a la identificación y captura de otros miembros de la banda. En los allanamientos, se confiscaron varios teléfonos móviles, muchos de ellos robados, lo que evidencia aún más la complejidad de la operación.
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