Policías no pueden revisar el celular de un detenido, determinó fallo de un juzgado de Junín

En un fallo que subraya la importancia de los derechos fundamentales, el Juzgado de la Investigación Preparatoria de Chupaca, en la región Junín, declaró fundada una demanda de hábeas corpus presentada por Juan Roberto Cueva Soto en favor de Zucy Mery Ynderique Balbin, quien fue detenida el 30 de mayo de 2024 bajo circunstancias que el tribunal calificó como una vulneración a sus derechos constitucionales. Según la resolución emitida el 4 de septiembre de 2024, la intervención policial que derivó en la detención de Ynderique Balbin no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que llevó a la declaración de ilegalidad de dicho procedimiento.

De acuerdo con los documentos judiciales, la demanda fue dirigida contra el comandante PNP Manuel Teodoro Rodríguez Altamirano, jefe de la Comisaría de Chupaca, y se basó en la alegación de que la detención de la ciudadana se realizó mediante un procedimiento arbitrario. Según el demandante, los efectivos policiales involucrados solicitaron el celular de la intervenida, accedieron a su información sin su consentimiento y verificaron el código IMEI del dispositivo, lo que resultó en su detención por presunta receptación de un equipo reportado como sustraído.

El incidente ocurrió en la intersección de los jirones Pedro Aliaga y Bartolomé, en la provincia de Chupaca, cuando efectivos policiales realizaban un patrullaje a pie. Según el acta de intervención policial, los agentes solicitaron el celular de Zucy Mery Ynderique Balbin y verificaron su código IMEI en la base de datos de OSIPTEL, donde el dispositivo apareció reportado como sustraído. Esto motivó su traslado a la comisaría y su detención bajo el presunto delito de receptación.

El demandante, Juan Roberto Cueva Soto, argumentó que la intervención vulneró los derechos fundamentales de la detenida, específicamente su derecho a la libertad personal y a la intimidad. Según la demanda, los agentes no informaron a Ynderique Balbin sobre el motivo de la intervención ni obtuvieron su consentimiento para acceder a su celular. Además, se señaló que no existía una orden judicial que respaldara la acción ni evidencia suficiente que justificara la detención en flagrancia.

El comandante PNP Manuel Rodríguez Altamirano, señalado como responsable en la demanda, negó haber estado presente en el lugar de la intervención y afirmó que se encontraba en la comisaría desempeñando labores administrativas. En su defensa, sostuvo que las acciones realizadas por los agentes bajo su mando se llevaron a cabo en cumplimiento de sus funciones y conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Procuraduría Pública del Sector Interior, representada por Verónica Nelsi Díaz Mauricio, defendió la actuación policial, argumentando que la detención se realizó en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de receptación. Según la Procuraduría, el procedimiento estuvo justificado debido a que el celular de la intervenida estaba reportado como sustraído, lo que constituía un indicio razonable para proceder con la detención y dar aviso al Ministerio Público.

El tribunal, presidido por el juez Gilmar Leonidas Zeballos Hurtado, analizó la intervención policial a la luz del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, que regula el hábeas corpus como mecanismo de protección de la libertad individual. Asimismo, se consideraron las disposiciones del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que las intervenciones policiales deben respetar estrictamente los derechos fundamentales de las personas.

En su resolución, el juez concluyó que la intervención y posterior detención de Zucy Mery Ynderique Balbin no cumplió con los requisitos legales de flagrancia delictiva. Según el fallo, la Policía Nacional no tenía motivos fundados para realizar el registro del celular de la intervenida ni para proceder con su detención, ya que la verificación del IMEI se realizó sin autorización judicial ni consentimiento de la propietaria del dispositivo.

El tribunal también destacó que la flagrancia delictiva, según la jurisprudencia nacional, requiere la concurrencia de dos elementos: inmediatez temporal e inmediatez personal. En este caso, la detención no cumplió con dichos requisitos, ya que la información sobre el estado del celular fue obtenida mediante un procedimiento que vulneró los derechos de la intervenida.

Aunque el tribunal no encontró responsabilidad directa en el Comandante PNP Manuel Rodríguez Altamirano, dispuso que se remitan los actuados al Ministerio Público para que investigue posibles responsabilidades penales o administrativas relacionadas con la intervención. Además, se exhortó a la Jefatura de la Región Policial Junín y al Comisario de Chupaca a informar al personal policial sobre la prohibición de realizar intervenciones similares en el futuro, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias o penales.

El fallo también subrayó la importancia de respetar los derechos fundamentales durante las intervenciones policiales, recordando que el acceso a dispositivos personales, como celulares, solo puede realizarse con autorización judicial o consentimiento expreso del propietario.