A pesar de las constantes acciones de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior (Mininter) para combatir la criminalidad en el país, la inseguridad continúa golpeando con fuerza a los ciudadanos. En las últimas semanas, los reportes de extorsión se han incrementado notablemente, afectando especialmente a los pequeños negocios que, con grandes sacrificios, deben destinar sumas importantes de dinero para protegerse de la amenaza constante de los delincuentes.
Los gremios, como el de la panadería y la venta de productos de primera necesidad, están siendo víctimas de extorsión, y muchos han tenido que adoptar medidas de seguridad privadas para enfrentar esta situación. El costo para proteger sus instalaciones y a sus empleados se ha convertido en una carga difícil de afrontar, y ya no se limita a grandes empresas.
El presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, conversó con RPP sobre la dramática situación que enfrentan los panaderos. Según Pantoja, los panaderos han tenido que invertir cerca de 3.000 dólares (aproximadamente S/ 10 mil 800) para proteger sus negocios, cifra que incluye la instalación de cámaras de seguridad, el pago de vigilantes, el mantenimiento de los equipos y la contratación de personal para vigilar las cámaras.
“El primer gasto para la vigilancia es de $3,000 aproximadamente. Consta en cámaras de seguridad, la instalación, el internet, el pago a vigilantes, uniforme, botas, casco. Después hay otro gasto en el mantenimiento, la luz, la persona que vigila las cámaras porque nos quita tiempo a nosotros hacerlo”, explicó Pantoja. Esta inversión, que en muchos casos no se veía necesaria hace unos años, se ha vuelto un gasto recurrente ante el aumento de las amenazas.
En el 2024, alrededor de 4.000 panaderos fueron extorsionados. Este incremento de la criminalidad en el sector ha cambiado por completo la manera en que los empresarios enfrentan su día a día. “Hace 5 o 6 años, no se conocía eso. No teníamos cámaras ni personal de seguridad porque no era necesario. Confiábamos en la Policía, en el sistema judicial”, señaló el presidente de Aspan, quien afirmó que la situación se ha vuelto insostenible y cada vez más peligrosa.
Extorsiones y amenazas a los bodegueros
El panorama de inseguridad no solo afecta a los panaderos, sino también a otros pequeños comercios, como las bodegas. Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, relató en una conversación con el citado medio, cómo los extorsionadores han comenzado a exigir sumas exorbitantes de dinero a los comerciantes de las bodegas. En algunos casos, los delincuentes han llegado a cobrar hasta 30 mil soles, una cantidad que supera ampliamente las ganancias que un pequeño negocio puede generar en un mes.
“La vigilancia privada es un costo que puede variar dependiendo del tipo, pero lo que la mayoría está haciendo es eh doblarse ante la inseguridad pagándole los cupos a los delincuentes para que no les hagan daño”, explicó Choy para RPP.
Hasta junio de 2024, más de 9.000 bodegas fueron extorsionadas, y la cifra sigue aumentando. Lima es la ciudad más afectada, seguida por Trujillo, Piura, Huancayo, Arequipa e Ica. Según el presidente de la Asociación de Bodegueros, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, y los dueños de estas pequeñas empresas se sienten indefensos ante la ola de criminalidad.
Gremios exigen respuestas del Gobierno
Ante esta creciente ola de extorsiones, los gremios de empresarios han convocado al Ministerio del Interior (Mininter) para que se tomen medidas más efectivas. En reuniones previas, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Torre, expresó su preocupación por la falta de acción efectiva por parte del Estado en cuanto a la seguridad ciudadana. En su intervención, De La Torre destacó la importancia de que el Congreso legisle con urgencia para garantizar que la seguridad sea una prioridad nacional.
“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, expresó.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y las autoridades, la ausencia de un compromiso más firme y la falta de un enfoque coordinado para enfrentar la inseguridad generan desconfianza en los empresarios, quienes aseguran que los estados de emergencias no han tenido resultados.
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