Expansión descontrolada de agronegocios intensifica la deforestación y conflictos sociales en la Amazonía peruana, alerta Oxfam

La deforestación en la Amazonía peruana, impulsada por la conversión de bosques en áreas agropecuarias, es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, según un informe reciente de Oxfam titulado “El laberinto verde”. Entre 2015 y 2022, se perdieron aproximadamente 773.000 hectáreas de bosque en unidades agropecuarias de gran escala, lo que generó emisiones equivalentes a 468,1 gigagramos de dióxido de carbono (GgCO2e). Este fenómeno, vinculado al crecimiento descontrolado de los agronegocios, no solo tiene un impacto ambiental significativo, sino que también perpetúa desigualdades sociales y pone en riesgo a las comunidades indígenas y a los defensores del medio ambiente.

De acuerdo con el informe, las políticas nacionales inconsistentes han permitido que los agronegocios, especialmente aquellos relacionados con commodities como la palma aceitera, se expandan sin un control adecuado. Este modelo de desarrollo agrícola ha generado un aumento en los conflictos por la tierra y ha agravado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que enfrentan procesos complejos para obtener el reconocimiento de sus territorios.

El modelo de agronegocios a gran escala ha profundizado las desigualdades estructurales en la tenencia de tierras en el Perú. Según el informe de Oxfam, solo el 34% de las tierras agrícolas del país cuentan con títulos de propiedad. En la región amazónica, esta cifra es aún más alarmante: en departamentos como Madre de Dios y Amazonas, menos del 5% de las tierras están formalmente tituladas.

Esta situación favorece a grandes empresas agrícolas, que logran adquirir extensas áreas de terreno, mientras que las comunidades indígenas enfrentan largos y complicados procesos para obtener el reconocimiento legal de sus territorios. Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, señaló que este modelo no solo incrementa la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también las expone a conflictos y violaciones de derechos humanos.

El avance de los agronegocios también ha incrementado los riesgos para los defensores del medio ambiente, especialmente para los pueblos indígenas de la Amazonía. Según el informe, el 40% de las personas defensoras en riesgo en el Perú pertenecen a comunidades indígenas que enfrentan amenazas relacionadas con actividades ilegales como la tala y el tráfico de tierras.

Estas amenazas no solo ponen en peligro la vida de los defensores, sino que también afectan la capacidad de las comunidades para proteger sus territorios y recursos naturales. La falta de títulos de propiedad y el acceso limitado a mecanismos de protección legal agravan esta situación, dejando a las comunidades en una posición de extrema vulnerabilidad frente a los intereses de grandes empresas y actores ilegales.

El informe de Oxfam detalla cómo los agronegocios a gran escala han encontrado formas de eludir las regulaciones ambientales y forestales. Muchas empresas aprovechan normativas diseñadas para pequeños agricultores con el objetivo de formalizar grandes extensiones de tierras previamente deforestadas. Este proceso comienza con la deforestación y la instalación de cultivos, seguido por la formalización de las parcelas como pequeñas propiedades agrícolas. Finalmente, las grandes empresas adquieren estas tierras ya tituladas, evitando así cumplir con los requisitos ambientales y forestales.

Uno de los problemas clave es que la regulación no distingue si las tierras formalizadas contienen bosques o no. Esto ha permitido que traficantes de tierras se apropien de parcelas, las titulen y las vendan a grandes empresas, perpetuando un ciclo de deforestación y expansión agrícola sin control.

Ante esta problemática, el informe “El laberinto verde” subraya la necesidad de un enfoque integral para abordar los desafíos en la Amazonía peruana. Este enfoque debe incluir el ordenamiento territorial, la conservación de los bosques y el respeto a los derechos humanos, involucrando tanto al Estado como al sector privado y los mercados internacionales.

Entre las recomendaciones clave, Oxfam destaca la importancia de evitar la promoción de agronegocios en bosques primarios, fortalecer la titulación de tierras colectivas, implementar políticas de monitoreo participativo en territorios forestales y reforzar la certificación y fiscalización ambiental de los agronegocios. Estas medidas buscan garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de las comunidades indígenas y proteja los recursos naturales de la región.