Los casos de extorsión contra ciudadanos y empresarios en el país parecen no detenerse. En un nuevo episodio de violencia e inseguridad, el dueño de una cadena de boticas en el distrito limeño de Chorrillos ha tomado la drástica decisión de cerrar su negocio y abandonar el país, luego de haber sido blanco de constantes amenazas y un atentado con explosivos en uno de sus locales.
El empresario, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, denunció que desde el último 30 de enero es víctima de una banda criminal que le exige el pago de S/50 mil como condición para permitirle continuar con sus operaciones. La extorsión, según relató, ha sido reiterada e intimidante, al punto de forzarlo a cerrar su cadena de farmacias.
“Me llaman a cualquier hora para amenazarme. Primero solo eran mensajes pidiendo el dinero, pero luego fueron más directos”, comentó el afectado en conversación con RPP. Según su testimonio, los delincuentes aseguran que, tras realizar el pago, dejarían de hostigarlo, aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) le advirtió que esta práctica suele repetirse incluso cuando se accede a sus exigencias.
Atentado con explosivos
El punto crítico de esta situación ocurrió en la madrugada de hoy, martes 18 de febrero, cuando desconocidos llegaron hasta una de sus boticas, ubicada en la avenida José Lavalle, en la urbanización San Juan Bautista, y colocaron un artefacto explosivo en la entrada del negocio. La detonación causó graves daños materiales en la estructura del local y en los productos que se encontraban en su interior.
“De un momento a otro me llaman a las tres de la mañana y me dicen que han puesto dinamita y que ha explosionado. Llego y me encuentro con la sorpresa de que todo estaba roto”, relató el empresario para el mismo medio.
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de este tipo de ataques. “El sonido fue fuerte, no era como un disparo, parecía la explosión de un balón de gas”, declaró un residente. Ante la magnitud del incidente, agentes de la PNP acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y evaluar los daños.
Cerrar el negocio y salir del país
Las constantes amenazas y el reciente atentado llevaron al empresario a tomar la determinación de cerrar todas sus boticas y poner en venta su negocio. “Estamos cerrando. ¿Para qué invertir? Mejor vendo todo y me voy”, afirmó. La decisión incluye la venta de todos los bienes de sus farmacias, así como su salida del país en busca de un entorno más seguro para él y su familia.
El empresario manifestó su frustración por la falta de garantías en materia de seguridad. “Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. No se puede más, para qué quedarme en un país que no ofrece seguridad”, expresó la indignada víctima.
Las autoridades han iniciado una investigación para identificar a los responsables del atentado y la extorsión, aunque hasta el momento no se han reportado capturas ni avances concretos del caso.
Canales contra la extorsión
En octubre de 2024, el Gobierno Peruano, a través de la PNP, lanzó la Central 111, un servicio gratuito y confidencial destinado a recibir denuncias de extorsión. Este nuevo instrumento del Ministerio del Interior fue presentado el 4 de octubre, en un evento al que asistió la presidenta Dina Boluarte. La Central 111 se establece como un recurso crucial para combatir el delito de extorsión, un flagelo que afecta a diversas regiones del país.
La Central 111 funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y está a cargo de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise). El servicio es totalmente gratuito y garantiza la anonimidad de los denunciantes. A través de esta línea, las víctimas podrán recibir orientación por parte de personal especializado, quien les indicará los pasos a seguir para proteger su identidad y la de sus familiares. Además, el servicio permite la recepción de imágenes, audios y videos que los ciudadanos puedan compartir como evidencia para agilizar las investigaciones.
La nueva línea de emergencia contra las extorsiones está interconectada con la Central de Emergencias 105 y es respaldada por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), encargado de analizar la información recibida. Esta iniciativa es resultado de una coordinación entre el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional y las empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer la lucha contra las bandas criminales en Perú.
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