Manuel Castillo ratificó como jefe de Sunedu en medio de controversias y cuestionamientos

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la ratificación de Manuel Castillo Venegas como jefe de dicho organismo. Este nombramiento, ejecutado luego de completarse el Consejo Directivo con la incorporación de Susana Paredes como representante del Concytec, sigue levantando críticas debido a los antecedentes que rodean tanto su elección como su gestión. Según una publicación, Castillo es identificado como “un personaje cercano a los rectores que impulsaron la contrarreforma universitaria”.

En concreto, la elección de Manuel Castillo en agosto del 2022 estuvo marcada por un contexto de tensión. Tanto él como Manuel Hernández fueron designados como consejeros de la Sunedu “de forma polémica, por un grupo reducido de rectores de universidades públicas liderados por Jeri Ramón, de San Marcos”. Este proceso se dio tras la aprobación de la conocida Ley 31520, que modifica aspectos fundamentales del control universitario. Diversos críticos señalan que esta favorece normativa la intervención política en la educación superior y resto de autonomía a organismos de supervisión técnica.

Ya como superintendente, Manuel Castillo emprendió acciones que muchas consideraron cuestionables. Una de las primeras ocurrió en abril del 2023, cuando “agilizó el reconocimiento de su amigo y ex cliente Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura”, según explicó el medio citado. Montaño abandonó el cargo este mismo año tras ser condenado por el Poder Judicial por actos de corrupción. Este hecho resaltó los vínculos anteriores del superintendente con figuras recientemente investigadas.

Otro capítulo polémico fue su comentada relación con los rectores de universidades, evidenciada durante una actividad protocolar donde Castillo expresó: “Mi gestión busca ser el padre amoroso, complaciente y cariñoso de las universidades”. En septiembre del 2023, durante un pronunciamiento público, Castillo defendió su postura al mencionar que confiaba en “la buena fe de las instituciones cuando creaban carreras sin control previo”. Estas declaraciones generaron gran reacción en redes sociales y entre expertos en políticas educativas, quienes vieron estas frases como un retroceso en los estándares de calidad que habían sido promovidos por la Sunedu desde su creación en el 2014.

Además, destacados observadores apuntaron al acto simbólico de febrero del 2024, donde Castillo otorgó un reconocimiento al congresista Esdras Medina y la rectora Jeri Ramón, principales promotores de la controvertida Ley 31520. Castillo pidió aplausos para ambos frente a decenas de rectores de universidades. Este gesto reforzó las críticas sobre el aparente respaldo de Castillo a iniciativas legislativas que priorizan la autonomía de las universidades sin establecer controles rigurosos para evitar irregularidades. Según el propio superintendente, la legislación “restituye la autonomía universitaria”, aunque los detractores afirman que debilita las herramientas estatales para garantizar la calidad educativa.

Para mayo de 2024, la gestión de Manuel Castillo marcó otro hito al implementar la reorganización interna de la Sunedu. Esto incluyó la “eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización, que fueron claves para poner en orden el jjsistema universitario desde el 2014”. Estas funciones se concentraron en la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario , una decisión que fue aprobada mediante el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Cabe señalar que este reglamento había recibido observaciones por parte de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, objeciones que finalmente no fueron atendidas.

El reciente Consejo Directivo que ratificó la permanencia de Manuel Castillo incluyó la participación de Susana Paredes , representante del Concytec, quien también enfrenta cuestionamientos importantes. Paredes no solo tiene vínculos con el partido Alianza para el Progreso , sino que además fue docente en la controvertida universidad privada César Vallejo, fundada por el político y empresario César Acuña. Esta designación refuerza las dudas sobre la independencia del ente fiscalizador de las universidades, un componente que había sido el pilar del modelo de trabajo de la Sunedu en años anteriores.

La ratificación de Castillo consolida un panorama educativo polarizado, donde las tensiones entre la autonomía universitaria y el control estatal vuelven a la mesa de debate. Mientras los defensores de la contrarreforma celebran la “supervisión enfocada al respeto institucional”, según discursos de Castillo los críticos piden reconsiderar las recientes modificaciones que afectan negativamente la educación superior.