El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió públicamente que la ONG feminista Manuela Ramos se disculpe por supuestamente haber negado haber recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2009. Según el alcalde, dicha organización habría utilizado de manera irregular fondos provenientes de esta agencia, una acusación que la ONG ha rechazado categóricamente.
En respuesta, Rocío Gutiérrez, directora de la ONG Manuela Ramos, reconoció que la organización ha recibido financiamiento de diversas agencias internacionales, incluido USAID, para proyectos enfocados en la mejora de la calidad de vida de mujeres en zonas rurales del Perú. Sin embargo, afirmó que las acusaciones del alcalde carecen de sustento. Gutiérrez atribuyó estos señalamientos a una “campaña de desinformación y acoso” promovida por sectores conservadores, destinada a debilitar la legitimidad de organizaciones que defienden derechos humanos y la igualdad de género.
“La narrativa que atacan contra nosotras se basa en mentiras y manipulaciones, con el único objetivo de minar nuestra labor y reducir la organización social. Este tipo de hostilidad responde a una estrategia global basada en modelos autoritarios que intentan legitimar las desigualdades, desmovilizar a la ciudadanía y ocultar las profundas brechas que afectan a las mujeres y otras poblaciones vulnerables”, indicó Gutiérrez en una columna de opinión para La República
Manuela Ramos es una organización con más de 40 años de trayectoria, fundada en 1979, que ha trabajado con alrededor de 200,000 mujeres en regiones del Perú, promoviendo la autonomía económica, la participación política y la educación para reducir la violencia de género. En 2023, reportaron haber colaborado con 44,000 mujeres, incluyendo jóvenes, indígenas y personas LGBTIQ+, en programas relacionados con el acceso a derechos y el fortalecimiento de su autonomía.
Desmienten al alcalde de Lima y advierten medidas legales
Por otro lado, la ONG anunció que emprenderá acciones legales contra López Aliaga por las acusaciones vertidas en su contra. “Todo lo que el señor López Aliaga ha dicho en varias entrevistas es absolutamente falso. Vamos a proceder legalmente y denunciamos esta campaña de desinformación que busca deslegitimar nuestra labor”, declaró la directora al respecto.
El pronunciamiento de Manuela Ramos destacó además que las ONG dedicadas a derechos humanos y enfoque de género están siendo blanco de una campaña sostenida por sectores políticos y sociales conservadores en el Perú. Consideraron que este tipo de acusaciones responde a un esfuerzo por desarticular a la sociedad civil organizada, señalando que “la defensa de los derechos de las mujeres parece incomodar profundamente a quienes impulsan modelos jerárquicos y desiguales”.
López Aliaga, por su parte, reiteró sus acusaciones en entrevistas con diversos medios de comunicación. En sus declaraciones, sostuvo que la ONG habría administrado inadecuadamente fondos de USAID, aunque no presentó pruebas concretas sobre estos señalamientos. Además, pidió que Manuela Ramos “detalle públicamente el uso” de los recursos recibidos de agencias internacionales.
En este contexto, la polémica se inserta dentro de un debate más amplio sobre el rol de las ONG en el país y los desafíos a los que se enfrentan en un entorno político polarizado. Desde Manuela Ramos han subrayado que su trabajo continuará enfocándose en la lucha por los derechos de las mujeres y sectores históricamente discriminados, con énfasis en el cierre de brechas de género, la autonomía económica y el acceso a la justicia, mientras defienden la integridad de su historia institucional y las acciones realizadas bajo el marco de la legalidad.
Las acusaciones de Rafael López Aliaga
El 9 de febrero de 2025, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió una carta notarial al movimiento Manuela Ramos exigiendo una rectificación inmediata por declaraciones realizadas por la ONG durante el programa televisivo Cuentas Claras. López Aliaga afirmó que, si no se cumple su solicitud, emprenderá acciones legales por difamación agravada.
La disputa se originó tras acusaciones del burgomaestre de presunto mal uso de fondos por parte de Manuela Ramos, específicamente de recursos provenientes de USAID. Durante sus declaraciones televisivas, expresó que los fondos destinados a ayuda social habrían sido usados para “planillas y consultorías”, refiriéndose a un supuesto mal manejo de un millón de dólares. Además, usó como referencia un reportaje del diario Expreso que cuestiona el porcentaje de recursos asignados a gastos administrativos dentro de un proyecto financiado por USAID.
Una representante de Manuela Ramos negó haber recibido un millón quinientos mil dólares de USAID en 2009, declaración que López Aliaga calificó como falsa. En el programa se presentó un documento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el cual, según el alcalde, confirmaría el financiamiento. En su carta notarial, López Aliaga sostuvo que las afirmaciones de la ONG, donde lo acusan de cometer difamación, son “contrarias a la realidad”, amparándose en la legitimidad de la libertad de información cuando esta se basa en hechos verificables.
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