Un informe publicado este domingo por OjoPúblico ha revelado que los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional (PNP) se encuentran infiltrados por agentes presuntamente vinculados a organizaciones criminales y operan en condiciones de precariedad, con un presupuesto considerablemente reducido.
Estos efectivos, que tienen la responsabilidad de investigar delitos como extorsiones y homicidios, también deben perseguir bandas criminales en las regiones. Sin embargo, el portal de investigación analizó 141 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial emitidas el año pasado y encontró que al menos 224 policías fueron investigados por faltas graves y muy graves.
De estos, 14 fueron procesados por sus presuntos vínculos con bandas criminales. Seis fueron dados de baja, uno recibió una sanción leve y los siete restantes continúan siendo investigados. De los 224 investigados, 91 recibieron sanciones, 60 fueron absueltos y 11 casos fueron archivados.
Además, 67 expedientes regresaron a la etapa de diligencias preliminares. Las regiones más afectadas por este fenómeno fueron Lima (114 casos), La Libertad (20), Ica (16), Piura (11) y Ayacucho (10). La intervención del Ministerio Público ha sido frecuente en los últimos meses.
En septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur detuvo a diez agentes de varios Depincris por pertenecer a la organización criminal ‘Los Arteros del Sur’, acusada de montar operativos falsos, vincular a detenidos con pruebas falsas y extorsionarlos.
En abril de 2024, la Dirección contra la Corrupción de la PNP detuvo a cuatro miembros del Depincri de Lima Cercado por presunto cobro de coimas. Y en julio del mismo año, el Depincri de Comas fue intervenido y cuatro agentes fueron detenidos por solicitar dinero a un detenido a cambio de modificar el pesaje de la droga hallada.
Para Rubén Vargas, exministro del Interior y experto en crimen organizado, resulta inaceptable que agentes con estos antecedentes sigan siendo parte de la institución. “Lo que tendrían que haber hecho las autoridades es dar la relación de los policías, procesarlos, ponerlos a disposición del Ministerio Público y expulsarlos”, comentó.
Presupuestalmente desmantelados
Además de la infiltración criminal, los Depincri enfrentan problemas estructurales graves. Estas unidades, encargadas de la recolección de evidencias, control de la cadena de custodia y la lucha contra las bandas criminales, están desmanteladas y carecen de los recursos básicos necesarios sobre todo en Lima y La Libertad, las regiones con más altas de homicidios en 2024, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
En 2018, la Defensoría del Pueblo inspeccionó 56 de las 74 sedes de los Depincri en el país y encontró que el 70% no disponía de equipos criminalísticos adecuados, como cámaras fotográficas, bolsas para cadáveres y cintas de seguridad. Además, la mitad de los vehículos estaban inoperativos y el 82% de las unidades no contaba con médicos legistas suficientes. En cuanto a la infraestructura, el 68% de los locales visitados eran alquilados o en comodato, y solo un 13% se encontraba en estado óptimo.
El presupuesto destinado a los Depincris ha experimentado recortes significativos. En 2023, el monto para las unidades de Lima se redujo de S/11,5 millones a S/8,5 millones, y para 2025 se prevé una nueva disminución, alcanzando los S/6,8 millones, cifra sujeta a posibles modificaciones. Los fondos destinados a la compra de equipos, vehículos, vestuario y servicios de telefonía móvil han sido prácticamente nulos en los últimos dos años, lo que ha obligado a los agentes a utilizar sus propios recursos para cumplir con sus funciones.
Además, algunos Depincris operan con vehículos en mal estado o con una cantidad limitada de unidades, lo que limita su capacidad operativa. En La Libertad, el presupuesto asignado para 2023 fue de S/1,726,378. En 2024, se incrementó un 10%, alcanzando los S/1,910,768. Para 2025, se esperaba un nuevo aumento debido al contexto de creciente criminalidad.
Sin embargo, este presupuesto experimentó una disminución del 4%, quedando en S/1,825,751 millones, aunque esta cifra también podría modificarse. Al igual que en Lima, desde 2023 no se ha destinado presupuesto para servicios de telefonía móvil, calzado, alimentos ni bebidas, y estas necesidades tampoco han sido contempladas en el presupuesto de este año.
OjoPúblico intentó obtener comentarios tanto del Ministerio del Interior como de la PNP, pero no hubo respuesta.
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