Waldemar Cerrón está a favor de derogar ley que destituye a maestros condenados por terrorismo y violación sexual: “así nadie va a querer ser docente”

Waldemar Cerrón, de la bancada de Perú Libre, ha sido uno de los principales defensores del magisterio y ante la polémica de los proyectos presentados para derogar la ley que destituye a maestros acusados de violación sexual y terrorismo, el parlamentario ha indicado estar a favor de las propuestas, ya que se debe demostrar ante la justicia que el delito fue cometido.

“[La norma actual] más bien terminaría perjudicando a personas inocentes y aprovechando la instrumentalización de la justicia se persiga al magisterio, y nadie va a querer ser maestro”, sostuvo el parlamentario, quien agregó que la norma actual es rechazada por los maestros del Perú, porque “es una forma de perseguir al docente”.

El también segundo vicepresidente del Congreso “defendió” el derecho de los maestros a contar con todas las instancias judiciales “que les garantizan un juicio justo”. “Si va a ser así, la ley tendría que ser extensiva a todo profesional a nivel nacional”, dijo, sugiriendo que no solo los docentes, sino también médicos, abogados, y policías deberían tener acceso a los mismos derechos procesales. El congresista también hizo un llamado a la justicia para “que se respete el principio de presunción de inocencia” de los maestros y se utilicen todos los mecanismos legales “para evitar que se cometan injusticias”.

“A los maestros injustamente van a ser sentenciados y se les quita sus derechos. Entonces yo pregunto, ¿para qué existe la segunda instancia? Ahora. Se está presentando un proyecto, no se está aprobando. Se va a debatir en el pleno y si el pleno lo aprueba tendremos que seguir”, manifestó Cerrón.

El congresista, incluso, minimizó que la derogación que destituye a los maestros con denuncias por abuso sexual y terrorismo también pueda beneficiar a aquellos condenados por delitos graves, como el abuso infantil. “Más bien, se perjudica a personas inocentes”. Según su visión, el verdadero problema radica en la manipulación del sistema judicial para “perseguir injustamente a los maestros”

Además, Cerrón insistió en que, en casos donde se compruebe la culpabilidad, los acusados deben ser detenidos de inmediato y no esperar el resultado de un juicio prolongado. “Lo que estamos hablando es que el sentenciado en primera instancia ya está en la cárcel. Ya perdió sus derechos”, explicó, defendiendo la necesidad de medidas firmes contra aquellos que representan un peligro para la sociedad, especialmente cuando se trata de delitos que afectan a niños.

El Congreso aprobó la ley Nº 32242 el 11 de enero, la cual establece la destitución automática de cualquier director, profesor, auxiliar o personal administrativo de colegios públicos o privados que sea condenado en primera instancia a prisión, ya sea efectiva o suspendida, por ciertos delitos.

La norma también prohíbe el reingreso de estas personas a la carrera pública magisterial, dejándolas inhabilitadas permanentemente para trabajar en el ámbito educativo, tanto en instituciones públicas como privadas, así como en otras entidades descentralizadas del sector. La promulgación de esta ley ocurrió debido a la inacción del Poder Ejecutivo, que no ordenó su publicación ni presentó observaciones dentro del plazo establecido.

Desde 2011, ninguna de las 452 denuncias por abuso sexual infantil en Condorcanqui, región amazónica de Perú, ha culminado en una sentencia condenatoria. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comentó sobre este problema en una entrevista con Canal N, señalando que las víctimas, mayormente niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas awajún y wampis, no reciben la atención adecuada.

Según Miloslavich, el proceso judicial debe ir más allá de la simple denuncia, requiriendo un abordaje integral que incluya valoración, seguimiento y acompañamiento psicológico, así como la obtención de una sentencia judicial. Sin embargo, en la región de Amazonas, estos procesos no avanzan como deberían, lo que perpetúa la impunidad. La exministra subrayó la necesidad de una perspectiva que no solo contemple un enfoque sanitario y psicológico, sino también uno judicial que garantice justicia rápida y efectiva.

El contexto geográfico de Condorcanqui agrava aún más la situación, ya que las poblaciones indígenas enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia. La lejanía y el limitado acceso a recursos estatales aumentan la vulnerabilidad de estas comunidades ante la violencia sexual y otros abusos. Miloslavich destacó que la falta de sentencias condenatorias desde 2011 refleja las serias carencias del sistema judicial para abordar de manera eficiente estas denuncias. “Este vacío judicial no solo perpetúa la impunidad, sino que también desincentiva a las víctimas y sus familias a presentar denuncias”, agregó, lo que crea un ciclo de violencia y silencio.

En este contexto, las denuncias de violencia sexual en la región continúan siendo un desafío monumental. Recientemente, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, reveló que entre 2010 y 2024 se han registrado 524 acusaciones formales contra docentes por agredir sexualmente a escolares de la comunidad awajún en Condorcanqui. A pesar de que la UGEL Condorcanqui 302 está al tanto de estos casos, apenas 121 de los 524 profesores acusados han sido retirados de sus aulas. Pioc destacó la ineficacia del Estado y la falta de respuesta por parte de las autoridades como factores clave que permiten que la violencia sexual contra menores siga en aumento.

Pioc relató que, a pesar de sus esfuerzos para visibilizar estos casos, las denuncias a menudo no reciben la atención adecuada. “Cuando denunciamos, como mujeres no somos escuchadas, somos vulneradas, y esto tiene que saberse a nivel del país”, señaló. En su testimonio, Pioc explicó que incluso cuando acudió a la fiscalía con una menor agredida, no fue atendida adecuadamente, lo que alimenta la desconfianza de las comunidades en el sistema judicial.

En los primeros meses del 2024, 111 docentes han sido destituidos por estas acusaciones, pero lamentablemente, 110 denuncias han sido archivadas por “falta de pruebas”, según las autoridades locales. Este patrón de impunidad refuerza la necesidad urgente de implementar un enfoque coordinado entre las autoridades judiciales, la fiscalía y las instituciones encargadas de la protección infantil, a fin de garantizar una respuesta eficaz a la violencia sexual en estas comunidades.

La situación en Condorcanqui refleja un panorama sombrío para las comunidades indígenas del Perú, que siguen luchando contra la violencia sexual y la falta de acceso a la justicia. Miloslavich y Pioc coinciden en que es necesario reforzar los mecanismos de denuncia y protección, y que las autoridades peruanas deben redoblar esfuerzos para garantizar que los derechos y la seguridad de estas poblaciones más vulnerables sean una prioridad.