La creación del Ministerio de Infraestructura, un intento ambicioso de centralizar y mejorar la gestión de proyectos de infraestructura en Perú, plantea más preguntas que respuestas sobre la sensible sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia administrativa de añadir una nueva cartera al aparato estatal.
El nuevo ministerio, propuesto desde gremios privados como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), pero sin la venia de otros, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), podría haber manejado un presupuesto superior a los S/13.798 millones, según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025. Esta cifra representa el 5,5% del presupuesto total del país para este año, que asciende a S/251.801 millones. Pero, si lo comparamos solo con los recursos del Gobierno Central, la tasa sube a casi 9%, de momento. Uno de veinte ministerios manejando la décima parte de todo lo disponible.
De igual manera, el Ministerio de Infraestructura tendría en 2025 un PIA mayor que incluso otras carteras como Interior (S/13.241 millones 273.803), Transportes y Comunicaciones (S/13.567 millones 807.417, sin contar la salida de los dos Provías), apenas por debajo de Salud (S/13.930 millones 903.958).
Aunque nada descarta que una vez creado el Ministerio de Infraestructura el presupuesto conjunto pueda contraerse a efectos de retomar las aún ausentes políticas de reducción del gasto público, vale recordar que los 13 pliegos materia de estudio terminaron costando S/13.928 millones 387.324 en 2024, según el PIM de ese año.
Infraestructura, el ministerio número 20
El debate para la creación del Ministerio de Infraestructura aún no ha comenzado en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, debido al receso parlamentario que finaliza el 1 de marzo. Ya el primer ministro Gustavo Adrianzén, mediante misiva con carácter de urgencia, solicitó el 15 de enero de 2025 que se priorice la discusión del Proyecto de Ley 8508 que daría vida a esta nueva cartera, cuyo documento fue presentado el 30 de julio de 2024.
En total, se espera que el Ministerio de Infraestructura absorva un total de 13 entidades, programas, proyectos y fondos -originalmente, se hablaba de 17 pliegos, incluido ProInversión-, provenientes de las carteras Transportes y Comunicaciones (2); Vivienda, Construcción y Saneamiento (3); Desarrollo Agrario y Riego (2); Salud (1); Producción (1); y Educación (1); además de la Presidencia del Consejo de Ministros (3).
- Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con apenas un año de creación.
- Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI).
- Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural).
- Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).
- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
- Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
- Programa de Agua Segura para Lima y Callao (PASLC).
- Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).
- Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).
- Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).
- Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional)
- Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Descentralizado (Provías Descentralizado).
- Proyecto Especial Legado (Legado).
La partida más grande, desde luego, le corresponde a la Autoridad Nacional de Infraestructura, que cerró el 2024 con el “98% de ejecución” de su presupuesto, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ello no toma en cuenta la propuesta de fusión de otros ministerios, como el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social, como se presume al interior del sector.
De cualquier manera, la presidenta Dina Boluarte y diversos expertos del país esperan que el nuevo Ministerio de Infraestructura rompa fuegos recién con el siguiente gobierno. Sin embargo, ¿será una decisión pertinente?
¿Un ministerio necesario o una traba para el Estado?
El proyecto de ley ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) advirtió que centralizar la gestión de infraestructura en un solo ministerio podría generar problemas en la asignación de recursos y retrasos en proyectos clave. Según su análisis, “un ministerio de infraestructura centralizado podría tener dificultades para gestionar adecuadamente el financiamiento y la ejecución simultánea de múltiples proyectos”.
Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló que el alcance del nuevo ministerio sería limitado, ya que solo administraría el 18% del presupuesto total de inversión pública.
En tanto que COMEX-Perú cuestionó que el proyecto no aborde las trabas regulatorias que afectan la ejecución de proyectos de infraestructura. Según la organización, “los retrasos y las trabas en la ejecución de los proyectos son los principales responsables del limitado nivel de infraestructura en el país”.
“La ejecución de proyectos de inversión en infraestructura mostró una tendencia decreciente entre 2018 y 2020, pasando de S/1.691 millones en 2018 a S/876 millones en 2020. En 2021, se observó una recuperación con una inversión de S/1.373 millones, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia. No obstante, entre 2022 y 2023, la inversión volvió a caer, ejecutándose S/1.104 millones”, precisó el gremio exportador.
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