‘Okupas peruanos’ en España piden hasta 15 mil euros para desalojar viviendas de Carabanchel

La crisis de ‘okupación’ de peruanos en Carabanchel, uno de los distritos en expansión de Madrid, ha escalado hasta un punto crítico. Un grupo de 28 familias peruanas que ingresó ilegalmente a un bloque de viviendas en la calle Excelente, número 6, ahora exige entre 10.000 y 15.000 euros a la inmobiliaria Vivenio para abandonar los departamentos que ocuparon sin contrato legítimo. La situación ha generado conflictos entre los okupas, los inquilinos legales y las empresas de desalojo contratadas para recuperar las propiedades.

Según las primeras investigaciones, la okupación no se produjo al azar. La policía maneja la hipótesis de que una mafia de okupación vendió ilegalmente las llaves de los apartamentos a familias de origen peruano, cobrándoles entre 2.000 y 3.000 euros. Algunos okupas dicen haber encontrado la oferta en un grupo de Facebook llamado “Peruanos en Madrid”, otros en anuncios de Milanuncios, y algunos incluso en un papel en la salida de un locutorio.

“Nos dijeron que solo teníamos que pagar un mes de alquiler y la fianza, y luego seguir pagando cada mes”, explica Junior, uno de los ocupantes. Sin embargo, el supuesto casero desapareció sin dejar rastro tras recibir el dinero.

La mayoría de los okupas ingresaron a departamentos de Caranbachel de dos habitaciones y comenzaron a vivir allí sin contratos legales. Cuando la inmobiliaria se percató de la situación, intentó cambiar las cerraduras y restringir el acceso solo a los inquilinos con contratos oficiales, pero los okupas encontraron una manera de evadir la medida. “Se han organizado para abrirse la puerta entre ellos, tienen a alguien esperando en las zonas comunes para hacerlo”, relata Isabel, una residente legal del complejo.

El conflicto alcanzó su punto más álgido cuando Vivenio contrató a una empresa de desokupación para retirar a los invasores. Sin embargo, los okupas no solo se resistieron, sino que comenzaron a exigir grandes sumas de dinero para abandonar las viviendas.

“Yo quiero irme, pero cuando me devuelvan el dinero que pagué. No tengo para pagar otra vivienda”, dice Junior, quien asegura que entregó dos mensualidades en efectivo a su supuesto arrendador.

El problema es que ahora los okupas peruanos no solo exigen que se les devuelva el dinero que entregaron a la mafia, sino que piden una compensación adicional para dejar los apartamentos. Según fuentes de Vivenio, estos estarían solicitando entre 10.000 y 15.000 euros por familia para abandonar el condominio.

“Esto es una extorsión”, afirma Manuel, uno de los inquilinos legales. “Si realmente fueron estafados, deberían presentar denuncias e irse, pero en lugar de eso están tratando de sacarle dinero a la inmobiliaria. No son víctimas, son cómplices”.

La convivencia en la urbanización se ha vuelto insostenible. Residentes legales han denunciado que los okupas han saboteado instalaciones eléctricas, han tomado tomacorrientes de las áreas comunes para conectar cocinas eléctricas y han realizado constantes fiestas con música a alto volumen.

“Nos tiraron huevos cuando protestamos”, recuerda Sergio, otro inquilino afectado. El 23 de diciembre, cuando la primera empresa de desokupación intentó actuar, se produjo un violento enfrentamiento con los okupas. Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, mostrando a los agentes de seguridad siendo insultados y agredidos.

Días después, la empresa decidió retirarse. Según su gerente, Rafael González, la promotora decidió cambiar de estrategia y contratar una empresa de “mediación”. “Vamos a ver si podemos negociar, pero si no, instalaremos controles de acceso más estrictos”, explicó.

A pesar de la constante presencia policial, la tensión sigue en aumento. En las últimas semanas se han registrado agresiones físicas dentro del condominio. El 27 de enero, la Policía Nacional detuvo a dos hermanas peruanas por violencia doméstica tras una pelea en uno de los apartamentos okupados. Además, un joven de 16 años fue arrestado por no contar con documentación legal en España.

Los inquilinos que pagan regularmente su alquiler se sienten indignados. Para ellos, la versión de los okupas no es creíble. “Es imposible que no supieran lo que estaban haciendo. Nosotros tuvimos que presentar dos nóminas, declaración de la renta y pagar varias mensualidades por adelantado. ¿Cómo es que ellos solo pagaron en efectivo y sin contrato válido?”, cuestiona Isabel, quien paga 1.200 euros al mes por un departamento similar a los okupados.

Según los residentes, los okupas han instalado incluso su propio conserje, quien se encarga de abrirles la puerta cuando llegan. “Es surrealista. Aquí hay dos conserjes: el oficial, que está en la garita, y el de los okupas, que camina por las áreas comunes y les abre la puerta cuando lo llaman por teléfono”, relata Manuel.

Mientras los okupas peruanos siguen exigiendo dinero para irse y las empresas de desokupación intentan negociar su salida, los vecinos continúan viviendo en un ambiente de hostigamiento y miedo.

“Nos dicen que la ley los protege y que no podemos hacer nada”, lamenta Sergio. “Pero, ¿dónde está nuestra protección? Nosotros pagamos, cumplimos con el contrato y ahora estamos atrapados en nuestra propia casa”.

Por ahora, Vivenio no ha confirmado si aceptará pagar la cifra exigida por los okupas, pero los residentes temen que, si esto sucede, se cree un precedente peligroso que incentive más ocupaciones organizadas en Madrid y otras ciudades españolas.