‘Okupas peruanos’ en España: la mafia del ‘Gitano’ y cómo se planificó la ‘megaokupación’ de Carabanchel por compatriotas ilegales

Los ‘okupas’ son personas que, sin contrato ni permiso de los propietarios, se instalan en viviendas vacías, ya sea por necesidad o aprovechándose de vacíos legales en las leyes de España, tal como se reportó hace algunas semanas en el complejo ubicado en la zona Carabanchel Alto, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Madrid, donde 28 pisos sin estrenar han sido invadidos por okupas de nacionalidad peruana.

Esta situación ha provocado un conflicto entre los inquilinos legales, quienes alquilaron sus viviendas a la constructora inmobiliaria Vivenio, y los ocupantes ilegales, quienes, han instaurado una red de comportamiento violento, ruidoso y desordenado que hace “un infierno” la convivencia.

El origen de esta megaokupación está ligado a la figura de una mafia que toma como representante ‘El Gitano’, un hombre de nacionalidad española que, según testimonios de los propios okupas, ha sido el responsable de proporcionarles las llaves de los apartamentos que hoy llaman suyos y, además, les garantizó acceso a todas las áreas comunes del complejo, incluyendo la piscina, el gimnasio y otras instalaciones exclusivas para residentes legítimos.

Este individuo, que se hace llamar así y del que se desconoce su verdadera identidad y su ubicación, es sindicado como el cabecilla de una organización dedicada a estafar y/o confabularse con personas, principalmente migrantes, a quienes les entrega de manera fraudulenta los derechos de acceso a viviendas vacías en la urbanización en expansión.

En un principio, los inquilinos ilegales aseguraron que El Gitano les había vendido los apartamentos, pero más tarde, de forma sospechosa, todos cambiaron su versión y afirmaron haber entregado entre 2.000 y 3.000 euros como fianza y parte del primer mes de alquiler. Lo único indiscutible en este enredo es que nunca existió un contrato legal.

La estrategia de El Gitano se basó en un engaño meticulosamente planeado. Sus víctimas —o cómplices, según los inquilinos legales— afirman que este individuo utilizó plataformas como Facebook y Milanuncios para captar interesados. Además, publicitó las viviendas en sitios menos convencionales como locutorios y comedores sociales. A muchos solo les pidió presentar su pasaporte y padrón, o simplemente una confirmación de empleo en España. Pese a lo irregular del proceso, los okupas aseguran que nunca sospecharon que se trataba de una estafa.

A los interesados, en su mayoría inmigrantes peruanos, se les prometía la entrega inmediata de las llaves sin necesidad de presentar garantías como una nómina o un contrato de trabajo. Bastaba con entregar el supuesto monto de la fianza y el primer mes de alquiler para que El Gitano desapareciera sin dejar rastro, dejando a los okupas instalados en los departamentos pertenecientes a la inmobiliaria Vivenio. Actualmente, no pagan alquiler alguno y, en los casos donde aseguran que sí lo hacen, es un monto mínimo de 300 euros cuyo destino es desconocido.

La organización de la megaokupación fue meticulosamente planeada, según señalan los inquilinos legítimos. Los okupas no solo contaron con la complicidad de El Gitano, sino que también tuvieron la astucia de crear su propia red de apoyo. Además de tomar posesión de los apartamentos, los okupas instalaron su propio sistema de acceso: un portero adicional, que no forma parte del personal oficial de la urbanización, fue contratado por ellos para abrir las puertas a cualquier nuevo miembro del grupo. Esto obligó a la inmobiliaria a cambiar las cerraduras de entrada, aunque los okupas ya contaban con un acceso alternativo.

La situación empeoró cuando los residentes legales se dieron cuenta de que los okupas se instalaban en el bloque con una actitud despectiva, sin respeto por las normas de convivencia. La convivencia entre los okupas y los inquilinos legales se ha vuelto insostenible. Los okupas son acusados de causar disturbios en las zonas comunes, han alterado el orden con ruidos excesivos, fiestas nocturnas y peleas en los pasillos, lo que ha generado temor e incomodidad entre los vecinos legítimos.

Además, las cámaras de seguridad fueron inutilizadas y se reportaron actos de vandalismo y robos en las viviendas circundantes. Los residentes legales, que pagan hasta 1500 euros de alquiler, sienten que han sido abandonados por las autoridades, quienes, según ellos, no pueden hacer mucho debido a las leyes que protegen a los okupas.

Mientras tanto, la inmobiliaria Vivenio ha intentado, sin éxito, encontrar una solución. Ha contratado empresas como Horus Desokupa para mediar en el conflicto, pero hasta ahora no se ha logrado desarticular esta red de ocupación ilegal debido a la actitud violenta con la que responden los okupas. Los residentes califican la situación como un auténtico “infierno” y un claro ejemplo de cómo operan mafias como la de El Gitano, que explotan vacíos legales y vulnerabilidades para lucrar a costa de la desesperación de otros.