Carabanchel Alto, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Madrid, se ha convertido en el epicentro de una preocupante ola de ‘okupaciones’ ilegales que ha generado alarma entre los vecinos y propietarios. Entre los ocupantes ilegales, destacan alrededor de 120 ciudadanos peruanos que han tomado parte de este lujoso complejo que les habría sido facilitado por una mafia.
Los okupantes son, familias peruanas que “alquilaron” los pisos a un supuesto clan que se las ofreció por poco más de 2.000 euros mientras estaban en la cola de un comedor benéfico del barrio. No obstante, este complejo es de propiedad de la inmobiliaria Vivenio.
Así es el lujoso complejo en disputa
El lujoso complejo, de fachada beige y gris, consta de cinco pisos distribuidos en varios bloques y cuentan con gimnasio, espacios de yoga, entre otros. En el bloque ubicado a la izquierda, los 28 espacios están ocupados de manera ilegal por familias peruanas desde fines del 2024. Según sus descargos, pagan 300 euros de mensualidad pero no se sabe a quién ya que no han querido mostrar el contrato de alquiler. Por otro lado, en el bloque de la derecha residen quienes abonan un alquiler de hasta 1500 euros y el pago de otros servicios a Vivenio.
Una residente del lugar comentó en TeleMadrid que, aunque el complejo cuenta con tres ascensores, solo uno está en funcionamiento, con el fin de dificultar el acceso de los ocupantes ilegales: “para que no lo usen, para putear (a los okupas)”. Además de esta medida, Vivenio ha implementado otras acciones que, aunque dirigidas principalmente a los ocupantes ilegales, también afectan de manera indirecta a quienes residen legalmente en el lugar.
Los inquilinos legales, entre quienes también hay peruanos como Diego (33), quien migró a España hace seis años, viven un gran malestar. El telefonillo eléctrico, ubicado en la entrada del complejo, está cubierto por una lámina de metal, una medida tomada por la inmobiliaria para supuestamente impedir el acceso de los okupas. Sin embargo, esta acción ha sido en vano, ya que los ocupantes ilegales cuentan con un conserje propio que les abre la puerta en cada ocasión que lo requieren.
A los okupas no se les puede restringuir la energía eléctrica u otros servicios porque las leyes españolas vigentes lo impide. Solo carecen de calefacción y agua caliente, pero tienen electricidad y agua fría, lo que les permite mantenerse en las viviendas.
Este sector de Madrid, caracterizado por sus amplias avenidas, zonas verdes y modernas edificaciones, ha sido blanco de redes organizadas que detectan viviendas deshabitadas y facilitan su ocupación. De acuerdo con los informes de la Policía Nacional, la urbanización Carabanchel Alto es una de las áreas con mayor número de inmuebles tomados ilegalmente en los últimos años.
Un ambiente hostil
Los residentes, incluidos españoles y migrantes peruanos con residencia legal, han expresado su indignación por la impunidad con la que actúan los okupas. “Nos sentimos desprotegidos. Los okupas entran a las viviendas y es prácticamente imposible sacarlos. La ley está de su lado”, comentó un vecino afectado que prefirió mantenerse en el anonimato.
Además, denuncian que algunos de estos ocupantes han vandalizado los espacios y se han mostrado violentos. Han tapado las cámaras de seguridad, realizan constantes fiestas ruidosas hasta altas horas de la madrugada, y protagonizan peleas en los pasillos, dejando manchas de sangre en las áreas comunes. Cuando son confrontados por estos hechos, se muestran hostiles y lanzan amenazas.
“La promotora (Vivenio) al principio sí mostró su deseo de cambiar las cosas, pero en las últimas semanas les hemos avisado de peleas, pero no hemos obtenido respuesta. Solo nos han bajado 100 euros para que nos callemos”, mencionó una vecina afectada.
Según reportes locales, varios de los okupas en Carabanchel Alto son de origen peruano, algunos de los cuales han ingresado a España con visas de turismo y han aprovechado los vacíos legales para instalarse en viviendas deshabitadas. Esta situación ha llevado a que los propietarios afectados inicien procesos judiciales que pueden tardar meses e incluso años en resolverse si los okupas alegan vulnerabilidad, debido a que las leyes españolas los amparan.
El gobierno español ha tratado de abordar la crisis de la okupación con iniciativas legislativas que buscan agilizar el desalojo de quienes ocupan ilegalmente una propiedad privada. Sin embargo, la lentitud en la aplicación de estas medidas ha permitido que la problemática se expanda a otras zonas de la capital.
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