La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a nuevos ministros de Estado, pero uno de los cambios que muchos esperaban, el de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior, no ocurrió. A pesar de las crecientes críticas a su gestión debido al aumento de la criminalidad, especialmente la extorsión y el sicariato, Santiváñez se mantiene en el cargo.

Su continuidad era previsible, ya que apenas cuatro días antes de los nuevos nombramientos, Boluarte había elogiado públicamente su desempeño. En ese entonces, la mandataria aseguró que Santiváñez había prácticamente “desbaratado” la organización criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, en la práctica, los hechos siguen evidenciando una realidad muy diferente. Los atentados contra negocios, viviendas e instituciones públicas continúan en aumento, y solo en los primeros 17 días del año se registraron casi 80 homicidios, un incremento de más del 30% en comparación con el mismo período del año anterior. La permanencia de Santiváñez parece contradecir las necesidades de un país que clama por medidas más efectivas contra la violencia.

El 2024 fue uno de los años más violentos en Perú, con 2.011 homicidios registrados, un aumento del 34% respecto al año anterior, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). A pesar de asumir en mayo, el ministro Juan José Santiváñez no logró frenar la violencia, con 730 homicidios reportados hasta octubre. En 2025, los números siguen en ascenso, con 203 muertes violentas registradas en enero, de las cuales 164 corresponden a homicidios con armas de fuego y el resto a otras causas.

A pesar de este preocupante panorama, Santiváñez ha intentado justificar su gestión, señalando que los problemas de inseguridad tienen raíces profundas debido a organizaciones criminales con más de 30 años de operación.

El aumento de la inseguridad y otros factores provocaron que la desaprobación hacia su gestión llegara al 78%, según encuestas de Ipsos. Este dato refleja la creciente frustración de la ciudadanía, que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no ha visto avances concretos en la lucha contra la violencia que afecta a varias regiones del país.

El pasado domingo, el ministro Santiváñez presentó una lista de secuestradores y extorsionadores investigados por la PNP, destacando a los delincuentes con el fin de que la comunidad los identificara. Sin embargo, lo que parecía un acto de transparencia se vio empañado cuando, días después, la policía reconoció un “error material” en la revelación de los datos de al menos uno de los señalados: el empresario Juan Antonio García Flores, quien apareció en la lista como extorsionador.

García Flores, tras enterarse de la publicación, negó las acusaciones y aseguró ser víctima de extorsiones por parte de un grupo criminal que le exigió 100 mil soles. En declaraciones a la prensa, el empresario insistió: “Yo no soy un extorsionador. Soy un empresario que ha sido víctima de extorsión”.

Lo mismo ocurrió con el sereno de la Municipalidad de Lima, Carlos Martín Lunavictoria Santillán, quien fue erróneamente señalado como uno de los “extorsionadores más peligrosos del Perú” por Santiváñez, lo que llevó a Lunavictoria a enviar una carta notarial exigiendo una rectificación pública

Una supuesta conversación entre el capitán PNP Junior Izquierdo y Juan José Santiváñez reveló una relación de “lealtad” entre el ministro y el comandante general PNP Víctor Zanabria. Según un fragmento de audio filtrado y en poder del Ministerio Público, Zanabria habría alertado a Santiváñez sobre un posible allanamiento en su casa, un gesto que el ministro niega, pero que ha generado controversia. La conversación tuvo lugar el 21 de mayo de 2024, en un chifa en San Borja.

Juan José Santiváñez: “Por si acaso te aviso que van a allanar tu casa”. Y yo: ¿qué? Me dice “van a allanar tu casa”.

Junior Izquierdo: ¿Él te ha dicho que van a allanar tu casa?.

Juan José Santiváñez: Sí. Y agarra y me dice “te entiendo. Yo entiendo que estés molesto por lo de ayer, ¿no? Pero no puede decirme que me va a tumbar. Yo soy el Comandante General. Y voy a darle un tema para que vea usted que yo soy leal”. Y me dice “le van a allanar su casa” ¿Qué? ¿En base a qué?, le digo. “No, usted sabe que ahí fabrican todo”.

Otro reciente cuestionamiento hacia Juan José Santiváñez es su negativa a entregar la contraseña de su cuenta iCloud, en el marco de una investigación por abuso de autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo y el periodista Marco Sifuentes. Aunque entregó su iPhone 15 Pro, lo hizo restablecido a su configuración de fábrica, lo que dificultó el acceso a información relevante. Por ello, el fiscal le otorgó un plazo de 48 horas para proporcionar el acceso. Santiváñez calificó la solicitud de “ilegal”, argumentando que compartir su contraseña expondría datos sensibles, como cuentas bancarias y fotos.

“Les comento como abogado procesalista. Existen dos tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público: el legal y el ilegal. Con la información del iCloud accedes a cuentas bancarias, a fotografías, antecedentes, documentos. Si la fiscal quiere saber de mi vida, mejor que me cite y me pregunte, pero nunca a través de una solicitud de usuario y contraseña de iCloud”, declaró.