La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima botuvo una sentencia que ordena la extinción de dominio de dos barras de oro, con un peso total de 19.46 kilogramos y valorizadas en más de 1.7 millones de dólares. La decisión judicial permitió que este importante activo pase a manos del Estado peruano.
El caso se remonta a 2020, cuando la empresa Coorporación Capricornio Company E.I.R.L intentó exportar el material aurífero a los Estados Unidos, alegando que su origen estaba vinculado a conexiones mineras legales. Sin embargo, una exhaustiva investigación del Ministerio Público evidenció que el oro tenía una procedencia ilícita, relacionada con actividades de minería ilegal y lavado de activos.
¿Fachada empresarial?
Durante el juicio, el fiscal provincial Carlos Arturo Salas Bustinza, a cargo del caso, presentó pruebas que demostraron cómo la empresa mencionada fue utilizada como una fachada para ocultar el verdadero origen del oro. El esquema buscaba legitimar la extracción y exportación del mineral, evitando que se detectara su conexión con actividades de minería ilegal.
La investigación confirmó que las barras de oro no provenían de concesiones mineras legales, sino de operaciones clandestinas que violaban normativas ambientales y tributarias. La sentencia dictada bajo el Decreto Legislativo N.° 1373 que regula procesos de extinción de dominio, estableció que los bienes incautados eran producto de actividades ilícitas.
Este marco legal permitió al Estado peruano recuperar activos provenientes de delitos graves como el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. En este caso, la resolución ratificó la importancia de la extinción de dominio como herramienta para combatir estructuras criminales que se benefician de recursos naturales explotados de manera ilegal.
Operativos contra la minería ilegal
Durante el año 2024, diversas operaciones de interdicción contra la minería ilegal se llevaron a cabo en todo el territorio peruano, resultando en la destrucción de bienes y herramientas valuados en más de 2 mil millones de soles, según confirmó Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate a esta actividad ilícita.
Estas intervenciones, que superaron las 720 acciones, fueron lideradas por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y la Marina de Guerra, con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Un comunicado oficial de la PCM detalló que las acciones se concentraron especialmente en las regiones de Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco y Loreto, zonas donde la minería ilegal tiene un fuerte impacto ambiental y social.
Solo durante la primera quincena de diciembre, se llevaron a cabo 21 intervenciones, resultando en la destrucción de bienes por un valor superior a 17 millones de soles. Una operación significativa ocurrió el 22 de diciembre en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, donde las autoridades destruyeron maquinaria y materiales valorados en 24 millones de soles.
En previsión de este año 2025, García Esquerre anunció la implementación de una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, desarrollada por una comisión multisectorial de carácter permanente. Esta estrategia buscará ir más allá de la destrucción de dragas o bocaminas, atacando múltiples aspectos de la cadena de valor de la minería ilegal.
Según el alto comisionado, la propuesta incluirá el impulso a la formalización de los mineros, el fomento de actividades económicas alternativas y la mejora de la trazabilidad de materiales para garantizar un control más efectivo sobre la extracción aurífera.
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