El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó esta tarde sobre la excarcelación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien fuera responsable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Hermoza Ríos estuvo involucrado en el autogolpe de 1992, respaldando al exdictador en la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial.
Según el INPE, la orden judicial para su excarcelación llegó a la institución a las 10:00 horas de hoy, y el proceso de liberación se llevó a cabo a las 16:15 horas en el establecimiento penitenciario de Ancón II.
“La libertad del interno Nicolás de Bari Hermoza Ríos, recluido en el EP Ancón II, fue recibida a las 10:00 horas del día de hoy, martes 28 de enero de 2025, y fue excarcelado a las 16:15 horas”, publicó el INPE en su cuenta de X.
En la víspera, el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado a favor de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y dispuso su excarcelación. La decisión del tribunal se alinea con la orden emitida por el Tribunal Constitucional el pasado 21 de diciembre.
El recurso de habeas corpus fue interpuesto en contra del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el director regional de Lima del INPE, y el subdirector del registro penitenciario, quienes habrían violado la libertad personal de Hermoza Ríos por un exceso de carcelería. El fallo judicial autoriza su salida del penal Ancón II, donde se encontraba recluido desde su condena en 2005 por delitos relacionados con el caso Barrios Altos.
Hermoza Ríos cumplía una condena de 25 años de prisión por su participación en varios crímenes de lesa humanidad, incluidos la matanza de Barrios Altos, las desapariciones en el Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.
El exjefe de las FF.AA lleva 18 años en prisión por asesinato y asociación ilícita para delinquir, 22 años por desaparición forzada, 19 años por desaparición forzada y homicidio calificado, y 15 años por colusión, entre otras once condenas relacionadas con su rol en violaciones a los derechos humanos durante los años de violencia en el Perú.
Excarcelación fue aprobada por TC en el 2021
El Tribunal Constitucional (TC) aprobó en diciembre de 2021 la excarcelación de Hermoza Ríos, tras un recurso de habeas corpus presentado por María Soledad Condori Alfaro. La defensa argumentó que el exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. fue diagnosticado con demencia senil en 2015, lo que, según la solicitud, impide que el exmilitar cumpla con el propósito de la pena, que es su resocialización.
El TC falló a favor de la excarcelación, considerando que el encarcelamiento prolongado de Hermoza Ríos “atenta contra su dignidad humana” debido a su estado de salud. Sin embargo, el Tribunal aclaró que su decisión no anula las condenas impuestas ni exime al exjefe militar de pagar la reparación civil pendiente por los crímenes cometidos, incluyendo el caso de Barrios Altos.
De líder militar a condenado por crímenes de lesa humanidad
Durante su gestión, Nicolás de Bari Hermoza Ríos desempeñó un papel clave en la lucha contra los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Bajo su mando, las Fuerzas Armadas se consolidaron como una de las principales instituciones del Estado, operando con amplias libertades y, en muchos casos, sin rendir cuentas por sus acciones. Sin embargo, el fortalecimiento de su poder estuvo acompañado de graves denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, destacando los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Además, Hermoza Ríos tuvo un papel fundamental en el autogolpe de 1992, apoyando al entonces presidente Alberto Fujimori en la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. Este respaldo consolidó su poder, pero también desencadenó una crisis de legitimidad cuando el régimen de Fujimori comenzó a desmoronarse.
La caída de Hermoza comenzó con el colapso del régimen en 2000, cuando se descubrió que acumuló una fortuna ilícita a través del desvío de fondos públicos. En 2005, fue condenado a 8 años por enriquecimiento ilícito. En 2010, recibió una sentencia de 25 años por su implicación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, siendo responsable directo de las operaciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte bajo su mando.