La Fiscalía inició hoy (28.01.2025) una investigación contra la petrolera española Repsol y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en relación con la demora en la rehabilitación de la zona del derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla, ubicada en Ventanilla, Callao, hace tres años.
Esta investigación, abierta por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste, se enfoca en los presuntos delitos de “facilitación de comisión de delito ambiental y de información inexacta”.
El derrame, que ocurrió el 15 de enero de 2022 en el Terminal Marítimo Multiboyas n° 2 de la refinería, afectó no solo la zona de Ventanilla, sino también las jurisdicciones de Santa Rosa y Ancón, además de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
El Ministerio Público cuestiona la demora en la aprobación de los planes de rehabilitación presentados por Repsol, que gestionó 18 planes de remediación ante el Ministerio de Energía y Minas, y cuya aprobación “se prolongó más de lo razonable”.
Sin embargo, la entidad no especificó cuántos días de retraso se han acumulado en la aprobación de los planes de rehabilitación ni ha detallado qué información se considera incorrecta.
Según el fiscal provincial Ariel Tapia, la investigación tiene como objetivo determinar las responsabilidades por la demora en la remediación y verificar si la información entregada por Repsol en los planes de rehabilitación fue correcta o inexacta. La Fiscalía resalta la importancia de garantizar que la empresa cumpla con las normativas ambientales y asuma su responsabilidad por los daños causados.
La respuesta de Repsol ante la investigación
Repsol ha respondido a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía, aclarando que ha cumplido con todos los requisitos establecidos para la rehabilitación de las zonas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en 2022. Según un comunicado oficial, la empresa presentó a tiempo todos los planes de rehabilitación en 2023, los cuales están siendo evaluados por el Ministerio de Energía y Minas.
A pesar de las investigaciones en curso, Repsol sostiene que los planes no son necesarios para la reactivación de las áreas afectadas, ya que las actividades de limpieza, remediación y monitoreo ambiental ya se están llevando a cabo de manera continua.
Además, la compañía afirmó que ha invertido más de 1.000 millones de soles en estos esfuerzos, destacando un plan adicional de reactivación económica para la zona afectada, denominado Impulsared, con una inversión de 15 millones de soles.
En cuanto a las compensaciones a los afectados, Repsol dice que ha cumplido con su compromiso de indemnizar a las personas inscritas en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el Gobierno Peruano.
“Más de 10.500 personas han recibido sus compensaciones, donde se incluyen las personas consideradas en el Padrón y otras que presentaron reclamación y pudieron demostraron afectación en el momento de derrame. A los pescadores afectados se les ha abonado un promedio superior a los 100 mil soles y se financió la reparación de sus embarcaciones y compra de equipos de pesca”, precisó.
Por último, Repsol reafirmó que el mar de las playas afectadas cumple con los estándares de calidad ambiental nacionales e internacionales, “por lo que está apto para cualquier actividad productiva y recreacional”. “Así lo demuestran los análisis hechos por laboratorios certificados y también la información entregada en los planes de rehabilitación”, agregó.
“Repsol se ha burlado hasta ahora de Ancón”
El pasado fin de semana, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, expresó su frustración por la falta de un plan concreto de remediación ambiental por parte de Repsol. En una entrevista reciente para Exitosa, comentó: “Repsol se ha burlado de Ancón. Primero, no nos ha devuelto las playas limpias. Lo primero que pedimos fue su plan de rehabilitación, que debía haber sido presentado y aprobado por la OEFA, pero hasta ahora no existe”.
De acuerdo con la OEFA, solo dos de las playas afectadas por el derrame no cumplen con los estándares ambientales requeridos. Sin embargo, tanto el alcalde como los residentes de Ancón consideran que los informes generados no resuelven las dudas. “Es fácil enviar un comunicado diciendo que la playa 18 y la playa Pocitos no tienen hidrocarburos, pero los comunicados de la OEFA no son claros ni comprensibles”, afirmó Daza.
El desastre ambiental de 2022
El 15 de enero de 2022, la costa de Ventanilla, en la provincia del Callao, Perú, fue escenario de un significativo derrame de petróleo. Durante las operaciones de descarga de crudo en la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, se vertieron aproximadamente 6.000 barriles de petróleo en el mar, afectando extensas áreas marinas y costeras.
El incidente se originó durante la descarga de crudo desde el buque de bandera italiana Mare Doricum, alquilado por Repsol. Se especula que oleajes anómalos, posiblemente relacionados con la erupción volcánica en Tonga, contribuyeron al vertido de petróleo.
El derrame impactó diversas jurisdicciones, incluyendo Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay. Además, afectó ecosistemas marinos de las islas frente a Ancón y Santa Rosa, que forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. En total, el vertido impactó un área —de agua y tierra— algo más grande que la ciudad de París, en Francia.
El vertido causó la muerte de al menos 1.852 animales marinos y afectó a más de 15.000 hectáreas de costa y mar, incluyendo 46 playas y dos áreas naturales protegidas.
El Gobierno de Perú declaró una emergencia climática de interés nacional y ordenó la paralización de actividades en el terminal N°2 de la refinería La Pampilla. Se impuso una multa de hasta 30.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Repsol, equivalente a aproximadamente 35 millones de dólares.
Tres años después del incidente, la remediación de la zona afectada aún enfrenta desafíos. Pescadores y comunidades locales han expresado su descontento por la demora en las indemnizaciones y la rehabilitación ambiental.