Once congresistas enfrentan una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, que los acusa de haber favorecido indebidamente la aprobación de un proyecto de ley que les permitió recibir simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones a parlamentarios militares y policías retirados.
Según informó la Fiscalía, la denuncia fue interpuesta ante el Congreso de la República y está dirigida contra quienes integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022.
De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas involucrados son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. A todos ellos se les atribuye el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.
La denuncia se centra en el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que fue aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta normativa permitió que cinco de los congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, pudieran percibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión como jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto total.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi, quienes son pensionistas de las Fuerzas Armadas, así como Alfredo Azurín Loayza, pensionista de la Policía Nacional. Según la denuncia, estos congresistas habrían actuado en su propio beneficio al interesarse directamente en la aprobación de la norma
Los privilegios económicos
Los legisladores José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín habían renunciado inicialmente a sus pensiones al asumir sus cargos en el Congreso en 2021; sin embargo, modificaciones a la Ley N.º 19846 les permitieron percibir tanto su sueldo congresal como una pensión por sus anteriores roles en las fuerzas armadas o la policía.
Esta reforma fue promovida inicialmente por la legisladora María del Carmen Alva y sufrió diversas alteraciones en la Comisión de Defensa Nacional, en la que los mismos beneficiarios formaban parte, para incluir excepciones como la eliminación del tope salarial y su aplicación a cargos de elección popular.
Una investigación de IDL Reporteros reveló que estas modificaciones fueron aprobadas a pesar de que beneficiaban directamente a sus impulsores, quienes participaron en los debates y votaciones. Aunque algunos de ellos optaron por abstenerse formalmente en la sesión plenaria del 28 de abril de 2022, se documentó que también promovieron activamente la prioridad del proyecto.
El proyecto legislativo permitió a los legisladores acceder a montos que ascienden hasta los 34,500 soles, plantea cuestionamientos éticos y legales sobre el uso del poder congresal para beneficios personales, generando amplias críticas desde diversos sectores de la opinión pública.
Perjuicio al Estado
La Fiscalía de la Nación sostiene que las acciones de los congresistas denunciados constituyen un agravio al Estado, ya que habrían utilizado su posición como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para promover una legislación que favorecía sus intereses personales. Este tipo de conducta, según la denuncia, encuadra en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos en los que tienen un conflicto de interés.
La denuncia también pone de relieve el impacto económico que esta medida podría tener para el Estado peruano, al permitir que los legisladores beneficiados acumulen ingresos provenientes de dos fuentes públicas sin restricciones.
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