Granadas, balaceras y extorsiones grabadas: la ola criminal que desafía al gobierno de Dina Boluarte

Lanzan granadas contra hoteles en Lince, detonan explosivos cerca de un centro comercial en San Juan de Miraflores y disparan contra una pollería con comensales adentro en Los Olivos. Incluso graban los atentados y los suben a redes sociales para infundir terror. Todo esto ocurre a vista y paciencia de las autoridades. ¿Qué tendría que pasar para que el gobierno de Dina Boluarte tome cartas en el asunto y frene la ola criminal que azota al país?

El panorama de la inseguridad en el Perú parece desbordar cualquier medida tomada hasta ahora. Según Cluber Aliaga, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), la delincuencia ya evidenció la incapacidad del Estado para garantizar un servicio de seguridad pública efectivo.

Por su parte, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), calificó de “fracaso rotundo” las acciones adoptadas contra el crimen organizado. “El 2024 fue el año más violento en términos delincuenciales, y comenzamos el 2025 con proyecciones aún más graves. No estamos ante un problema únicamente policial, sino ante un ataque directo al Estado y a la seguridad nacional”, afirmó a Canal N.

Liendo destacó que el crimen transnacional ha evolucionado, utilizando estrategias sofisticadas para mantener economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, penetrando los tres poderes del Estado y debilitando las instituciones.

Ambos expertos coinciden en que el enfoque actual es insuficiente y obsoleto. Aliaga enfatizó la necesidad de reforzar la función investigativa con recursos y formación adecuados a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mientras que Liendo abogó por una respuesta integral que considere factores políticos, económicos y sociales. “Se necesitan reformas estructurales urgentes en el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar esta crisis”, subraya Liendo.

Entre las acciones prioritarias que podrían adoptarse están las detenciones masivas, el agravamiento de penas, los juicios sumarios y la implementación de cárceles temporales. Estas medidas, según Liendo, deberían aplicarse en un periodo de 6 a 9 meses para recuperar el control y dar tiempo al gobierno de implementar las reformas necesarias.

“Es plausible pensar que la lucha contra la delincuencia podría cambiar. Sin embargo, en la dinámica diaria que enfrentamos los peruanos, parece que será necesario un evento extremo, como un magnicidio o un ataque simultáneo de bandas organizadas, similar a lo ocurrido en Ecuador, donde en una sola tarde arrasaron con el país e incluso tomaron un canal de televisión, para que las autoridades reaccionen”, lamentó.

“¿O acaso esperan que secuestren niños de un colegio, o que grupos armados entren a universidades, como sucedió en Ecuador? ¿Es eso lo que el gobierno está esperando? Ante esta realidad, es fundamental que la ciudadanía sepa que hay medidas que pueden y deben adoptarse dentro del marco de la ley. La Constitución y el respeto a la institucionalidad política y jurídica ofrecen herramientas que el Estado puede emplear para actuar y enfrentar esta crisis de manera efectiva.”

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y rediseñar las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento. La institución emitió un comunicado en el que subrayó los altos índices de criminalidad registrados durante 2024 y los primeros días de 2025, haciendo un llamado al Ejecutivo para que asuma un liderazgo más efectivo en la lucha contra la delincuencia.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido en la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) de la Defensoría, los niveles de victimización y el aumento de homicidios han generado una creciente preocupación en la ciudadanía. En este contexto, la entidad instó al gobierno a priorizar medidas preventivas que protejan a los ciudadanos y reduzcan los riesgos asociados a la criminalidad. “Es fundamental fortalecer las medidas preventivas para evitar que más ciudadanos sean víctimas de la inseguridad”, señaló el pronunciamiento.