El Ministerio Público expresó su preocupación ante la promulgación de una serie de leyes que, según afirma, comprometen su autonomía y dificultan su labor en la defensa de la legalidad y la persecución del delito. Estas normativas, que abarcan desde la limitación de herramientas investigativas hasta la modificación de principios fundamentales del sistema judicial, representan, según la institución, un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos ciudadanos.
De acuerdo al Ministerio Público, hay seis leyes que generan obstáculos en áreas clave como la colaboración eficaz, la persecución de crímenes de lesa humanidad, la detención preliminar, los plazos de prescripción, el combate al crimen organizado y la independencia de fiscales y jueces.
Ley 31990: Restricciones a la colaboración eficaz
Una de las normativas que más preocupa al Ministerio Público es la Ley 31990, que introduce limitaciones al tiempo disponible para corroborar la información proporcionada por colaboradores eficaces. Según la institución, esta medida obstaculiza las investigaciones de delitos graves y complejos, ya que reduce la capacidad de los fiscales para verificar datos esenciales en casos que suelen requerir un análisis exhaustivo y prolongado. La colaboración eficaz ha sido una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, y esta restricción podría debilitar significativamente su efectividad.
Ley 32108: Cambios en la lucha contra el crimen organizado
La Ley 32108 introduce nuevas categorías para sancionar a grupos criminales, pero también establece requisitos adicionales que, según el Ministerio Público, dificultan la tipificación y sanción de estas organizaciones. Además, la normativa exige la presencia de un defensor público durante los allanamientos, lo que, según la institución, complica la agilidad de las investigaciones. Estas modificaciones podrían ralentizar los procesos y debilitar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
Ley 32107: Definición de crímenes de lesa humanidad
Otra normativa señalada es la Ley 32107, que redefine la aplicación de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Según el Ministerio Público, esta ley limita la capacidad de la fiscalía para actuar en casos de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente en aquellos con sentencias firmes. La institución advierte que esta modificación podría generar vacíos legales que dificulten la persecución de responsables de estos delitos, considerados entre los más graves a nivel internacional.
Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces
La Ley 32182 modifica las leyes de la Carrera Fiscal y Judicial al establecer sanciones para fiscales y jueces que actúen en el ejercicio de sus funciones sin respetar ciertos criterios. Según el Ministerio Público, esta normativa busca intimidar al sistema de justicia al castigar decisiones basadas en criterios jurídicos. La institución considera que esta medida podría comprometer la independencia de fiscales y jueces, afectando la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial.
Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar
La Ley 32181 elimina la posibilidad de aplicar detención preliminar o prisión preventiva a efectivos policiales que, en el ejercicio de sus funciones, hagan uso de su arma de fuego causando lesiones o muertes. Según el Ministerio Público, esta medida limita la capacidad de los fiscales para investigar casos delicados y contraviene el principio de igualdad ante la ley. La institución considera que esta normativa podría generar un precedente peligroso al otorgar un trato diferenciado a ciertos actores en el sistema judicial.
Ley 31751: Reducción de plazos de prescripción
La Ley 31751 modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal al reducir los plazos de prescripción para ciertos delitos. Según el Ministerio Público, esta medida impide la persecución de delitos graves, ya que limita el tiempo disponible para llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales. La institución advierte que esta reducción podría beneficiar a los responsables de crímenes complejos, quienes podrían evadir la justicia debido a la falta de tiempo para completar los procedimientos legales.