La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno ha reducido la pobreza, desde que asumió el cargo el 7 de diciembre del 2022. Sin embargo, los indicadores contradicen su afirmación.
“Nosotros como gobierno hemos crecido económicamente. Hemos recibido una inflación aproximadamente de 7.5%, hoy está en 2%. Hemos generado más inversión, hemos generado más exportación, hemos destrabado obras emblemáticas que estaban trabadas y olvidadas por años, hemos construido colegios bicentenarios, hemos construido hospitales, estamos construyendo aeropuertos, hemos hecho un APEC impecable, reconocido mundialmente por las 21 economías, nunca antes se había hecho un APEC como el que se hizo en el 2024. Hemos reducido la pobreza”, dijo la mandataria durante la primera Reunión de Comando Policial 2025 (Recopol).
Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2024, la pobreza monetaria aumentó de 27.5% a 29%, es decir, que en el país 9 millones 780 mil 540 de personas han caído en esta condición. Esto también significa que más de 596 mil ciudadanos, a comparación con el año 2022, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo.
En cuanto a la pobreza extrema, esta subió a 5.7% en su primer año de gestión, superando los niveles alcanzados durante la pandemia del COVID-19.
El Poder Ejecutivo incluso habría demorado la difusión de estos datos, en mayo del año pasado, debido a que la jefa de Estado habría querido evitar la emisión de “malas noticias”, reportó Canal N.
La abogada y periodista de La República, Rosa María Palacios, aseveró que, de acuerdo a algunas fuentes, se llegó a prohibir la publicación del documento del INEI.
Este retraso generó el rechazo de diversos políticos, como la congresista Susel Paredes, de la bancada de Bloque Democrático Popular, quien criticó la falta de transparencia del Ejecutivo. “Es evidente que el Gobierno sostenido por el fujimorismo y sus socios no quieren que sepamos la realidad”, dijo en X/Twitter.
La vulneración del INEI
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió el pasado 31 de diciembre el Decreto Supremo N.º 014-2024-MIDIS, que establece un cambio significativo en la medición de la pobreza multidimensional en el Perú.
Esta medida obliga al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a adoptar un único índice sintético para evaluar las privaciones que afectan a la población en términos de acceso a servicios básicos. La decisión provocó críticas por vulnerar la autonomía de este organismo técnico especializado, encargado de definir los indicadores oficiales de pobreza en el país.
Especialistas del sector habían advertido desde septiembre de 2024 sobre los riesgos de esta intervención, señalando que la pertinencia del índice propuesto aún estaba en discusión dentro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. Este cambio, según los expertos, representa una interferencia directa en las funciones del instituto, que históricamente ha operado de manera autónoma en la elaboración de estadísticas nacionales.
Este enfoque busca consolidar en una sola métrica aspectos como la calidad y cobertura de servicios públicos, que son factores determinantes en este tipo de pobreza. Esta metodología contrasta con la medición de la pobreza monetaria, que se basa exclusivamente en los ingresos económicos de los hogares.
La pobreza multidimensional, según cálculos de COMEX Perú, afectó a 11,3 millones de peruanos en 2023, lo que equivale al 33,2% de la población. Esta tiene un impacto más severo que la pobreza monetaria, ya que refleja la falta de acceso a servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento. Los cambios hechos por el Ejecutivo podría simplificar la medición, pero también plantea interrogantes sobre la precisión y la representatividad de los datos obtenidos.
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