La reciente polémica en torno a la contratación de Isabel Cajo en el Congreso de la República ha puesto bajo escrutinio la gestión administrativa de la presidencia del Legislativo y ha reavivado las investigaciones sobre una presunta red de prostitución y explotación sexual en la institución. Las denuncias, que también abarcan otras irregularidades administrativas, han desencadenado citaciones clave por parte de la Comisión de Fiscalización, donde se busca esclarecer las posibles conexiones entre este caso y la muerte de Andrea Vidal, exfuncionaria de Asesoría Legal del Congreso, asesinada de 40 disparos.
Isabel Cajo, conocida previamente como creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, fue contratada por el Congreso mediante una adenda especial solicitada desde la presidencia de Alejandro Soto. Según explicó la congresista Norma Yarrow durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, la contratación se efectuó bajo un “proveído” de la Presidencia del Congreso que habría avalado la continuidad de Cajo en su cargo.
El documento en cuestión, se lee: “Por disposición expresa y proveído con número 1528031, por Oficialía Mayor, autorizada por la Presidencia del Congreso, se mantiene la condición contractual bajo el servicio específico”. En ese sentido, la alta dirección del Congreso, incluyendo Oficialía Mayor, habría tenido conocimiento de la contratación y su aprobación formal.
“Entre los 20 contratos, encontramos un contrato distinto. En el sentido que, era una adenda, y esta dice que se contrate de acuerdo al proveído de Presidencia (...) Si el proveído dice que, por indicaciones expresas de la Presidencia se haga la haga la adenda del contrato de la señorita Cajo, si había de alguna manera un conocimiento sobre esta contratación. Eso también lo puede decir fácilmente el oficial mayor, la presidencia o el mismo congresista Soto”, agregó.”, expresó la congresista de Renovación Popular.
Alejandro Soto rechaza señalamientos
El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó de forma tajante su implicación en la contratación de Isabel Cajo. Soto, en comunicación con los medios, negó haber autorizado o firmado el documento en cuestión, enfatizando que no tiene las facultades para aprobar directamente contratos de personal. “Aclaro que Yarrow muestra una adenda, no el contrato original o primigenio. Entonces, cabe preguntar, ¿Quién autorizó su ingreso?”, afirmó en conversación con Perú 21.
Soto también negó conocer personalmente a Cajo y desestimó las investigaciones relacionadas con la presunta red de prostitución dentro del Congreso, calificándolas como infundadas. “Eso es falso, ¿qué pruebas se tienen al respecto?”, cuestionó el exlegislador, exigiendo que se exhiban pruebas directas que lo vinculen.
Fiscalización citó a Isabel Cajo
La Comisión de Fiscalización ha decidido citar a Isabel Cajo para que aclare las circunstancias en torno a la firma de su adenda contractual. Según anunció el congresista Carlos Zeballos, la comparecencia de Cajo buscará, además, esclarecer su vínculo con Andrea Vidal, cuya muerte sigue siendo investigada por las autoridades. También se indagará sobre el supuesto robo de su celular en diciembre pasado, un hecho que podría estar relacionado con las denuncias de presunto proxenetismo.
Zeballos confirmó que otras dos personas, entre ellas Adriana Gil, también serán llamadas a declarar como parte de este caso. Mientras tanto, Patricia Durand, expresidenta de la comisión Ad Hoc que investigaba la denuncia por proxenetismo en el Congreso, aseguró que renunció al cargo debido a la falta de claridad por parte de la Oficialía Mayor y Recursos Humanos sobre cómo tipificar el delito administrativamente.
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