La presidenta Dina Boluarte designó este lunes al coronel Max Anhuamán como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La resolución suprema que formaliza su nombramiento, publicada en el diario oficial El Peruano, fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
El último cambio en la agencia encargada de coordinar las actividades de inteligencia del Estado ocurrió en enero del año pasado, cuando el Gobierno reemplazó al entonces jefe Roger Arista por Luis García Barrionuevo.
Anhuamán ha sido previamente jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y pertenece a la promoción Los Justicieros 1987 de lo que fue la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), también conocida como Código 2. Con 30 años de servicio, ha enfrentado a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Reconocido por su experiencia como analista en terrorismo nacional e internacional, el coronel ha representado a la Red Internacional Antiterrorista y ha dirigido investigaciones sobre las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Perú, así como de grupos extremistas islámicos como Hezbolá.
De igual manera, logró detectar y desarticular células de adoctrinamiento en Trujillo, las cuales operaban bajo la fachada de actividades sociales para niños y se dedicaban a inculcar consignas senderistas a los infantes.
Presunta vigilancia a opositores
En septiembre del año pasado, Hildebrandt en sus Trece reveló que Boluarte instruyó al jefe de la DINI monitorear a sus opositores bajo la justificación de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Para ello, utilizó una parte significativa de los S/30 millones transferidos por el gobierno, destinados a la compra de equipos de interceptación y a la ampliación de la “planilla negra”, según fuentes internas citadas por el semanario. Con este nuevo presupuesto, la agencia recibió el doble de recursos que la Policía Nacional (PNP) para las labores de inteligencia de todas sus unidades.
El monto generó controversia dentro de la entidad, con el director de inteligencia, Wilson Hernández Silva, y el director de contrainteligencia, Luis Baxerias Vukanovich, eludiendo responsabilidades sobre su administración. “Lo que ha pedido la presidenta está al límite de la ley y nadie quiere asumir la responsabilidad”, afirmó un informante citado en el reportaje.
La misma revista informó que la mandataria dispuso que agentes de la DINI vigilaran a la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, semanas después de que ella solicitara una reunión para advertir sobre presuntos malos manejos en la ejecución de obras de infraestructura.
Según un alto funcionario del Ejecutivo, Boluarte interpretó esta solicitud como una amenaza y ordenó la vigilancia. Un equipo de efectivos policiales siguió a la exfuncionaria durante varios días y reportó que se habría reunido al menos una vez con el expremier Alberto Otárola.
Pérez de Cuéllar, quien formaba parte del gabinete desde diciembre de 2022, fue reemplazada sin asistir a la toma de juramento de su sucesor. Cuando fue consultada por la revista, no confirmó ni negó las informaciones. “Por el momento no haré declaraciones. Los chismes llegan a niveles de ciencia ficción”, señaló entonces.
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