El presunto involucramiento de un teniente del Ejército del Perú en la venta de municiones a redes criminales transnacionales viene generando un fuerte debate en el ámbito político y militar. Este caso, que pone bajo escrutinio a una de las instituciones más importantes del país, reflejando un problema de alcance preocupante en la lucha contra el crimen organizado. Durante la sesión de Consejo de Ministros celebrada el miércoles 8 de enero, el premier Gustavo Adrianzén ofreció declaraciones que recalcó sobre la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción.
El premier enfatizó el compromiso del gobierno y de las Fuerzas Armadas en colaborar con las investigaciones. En sus palabras, “nosotros no hacemos, sino permanentemente [reiterar que] ni las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea ni nuestra Policía Nacional van a ser condescendientes con aquellos efectivos” que actúen al margen de la ley. Estas declaraciones se dieron en respuesta al arresto de Christian Jheyson Revilla Barzola, teniente del Ejército, señalado por facilitar municiones a bandas criminales que operan en Ecuador.
El caso Revilla Barzola y el tráfico de municiones
La detención del joven, de 28 años, ocurrió el lunes 6 de enero en las inmediaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales en Chorrillos, tras ser señalado por detenidos en un operativo realizado en La Victoria. Los implicados transportaban proyectiles calibre 5.56 milímetros, típicos de armamento militar, que presuntamente serían enviados a Ecuador. Estas municiones habrían sido destinadas a organizaciones delictivas como ‘Los Choneros’ y ‘Los Tiguerones’, según las autoridades.
Según lo dicho por las autoridades, Revilla, quien ascendió al grado de subteniente en 2022, es autor de una tesis sobre el uso del armamento Galil en procesos de formación militar. Este detalle, que podría parecer académico, ahora adquiere relevancia en el marco de las investigaciones. Las armas y municiones peruanas ya fueron vinculadas anteriormente a hechos de violencia en Ecuador, incluido el ataque a un canal de televisión, lo que añade un matiz internacional a la gravedad del caso.
El premier Adrianzén aseguró que “el Ejército del Perú va a colaborar en todo lo necesario para esclarecer esta situación” y que se garantizará total acceso al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.
El mensaje del gabinete presidencial también incluyó un llamado a preservar la integridad institucional de las Fuerzas Armadas. Según Gustavo Adrianzén, “no podemos tolerar que la conducta de algunos manche el honor de nuestras instituciones”.
Rutas de tráfico y contexto regional
El calibre de las municiones incautadas y su posible destino a Ecuador ponen en evidencia la sofisticación de las redes de tráfico de armas en la región. Las rutas utilizadas por estas organizaciones suelen aprovechar la porosidad de las fronteras y la falta de controles efectivos en ciertas áreas. La presunta participación de un oficial militar en estas operaciones plantea un desafío adicional para las autoridades peruanas.
La intervención en La Victoria, que desencadenó la captura del teniente, reveló que los proyectiles se transportaban en vehículos privados, lo que evidencia el nivel de infiltración y estrategia que emplean estas redes. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros involucrados dentro de las Fuerzas Armadas o si se trata de un caso aislado.
Según el premier, la presidenta de la República ha impartido instrucciones claras para garantizar la transparencia en este proceso. Adrianzén reiteró que “las disposiciones de la señora presidenta, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, son expresas y absolutamente claras: tolerancia cero ante la corrupción”.
El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades militares, avanza en la recopilación de pruebas y testimonios. Por su parte, Santa Cruz Chalco y Durand Manco, los detenidos que señalaron al teniente Revilla Barzola como proveedor de las municiones, permanecen bajo custodia. Este procedimiento busca determinar si hubo más cómplices o una estructura organizativa mayor detrás de este tráfico.
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