Un nuevo caso de invasión masiva en Madrid, España, ha puesto en jaque a una exclusiva urbanización en el distrito de Carabanchel. Cerca de 30 apartamentos fueron ocupados por familias peruanas que, según reportes, pagaron entre 2,000 y 2,500 euros a un supuesto clan familiar por el acceso a las viviendas. El hecho, que tuvo lugar poco antes de Navidad, ha generado indignación entre los residentes y autoridades, quienes denuncian graves problemas de convivencia.
La finca, ubicada en la calle Excelente 6, cuenta con 170 viviendas equipadas con lujosas comodidades como piscina, gimnasio y áreas recreativas. Sin embargo, esta exclusividad ha sido empañada por las tensiones derivadas de la ocupación, que algunos vecinos ya califican como una “macrookupación” sin precedentes en la zona.
Un sistema interno de control y denuncias de inseguridad
A pesar de los intentos de la empresa propietaria, Vivenio, por desalojar a los ocupantes -como el corte de dos de los tres ascensores-, las familias han logrado establecer un sistema interno de control que incluye a un conserje propio para gestionar el acceso. Aunque carecen de calefacción y agua caliente, los “okupas” (personas que se instalan en una vivienda deshabitada sin consentimiento del propietario) tienen electricidad y agua fría, lo que les permite mantenerse en las viviendas.
La situación ha provocado el descontento de los vecinos, quienes denuncian constantes fiestas, peleas y un ambiente de inseguridad. Algunos temen que estas acciones puedan derivar en actividades ilegales, como el tráfico de drogas o negocios clandestinos.
“Esto no es solo un problema de propiedad privada. Es un asunto de convivencia vecinal que afecta nuestra tranquilidad diaria”, expresó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El edil, además, destacó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva legal más eficiente, señalando que la normativa actual no permite desalojos rápidos.
Reacciones de las autoridades y llamados a la acción
La ocupación ha generado un amplio debate en torno a la legislación española respecto a los desalojos. Martínez-Almeida subrayó que los vecinos afectados no solo enfrentan molestias, sino también posibles riesgos para su seguridad. “No se puede frivolizar con algo tan serio como vivir al lado de una vivienda ocupada”, declaró.
El alcalde enfatizó la urgencia de modificar las leyes para permitir desalojos en un plazo máximo de 48 horas y ofreció el apoyo del Ayuntamiento para buscar una solución. “No puede ser que tengamos un portero facilitando la entrada a ocupantes ilegales. Esto no es aceptable bajo ninguna circunstancia”, agregó.
Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre en la urbanización, donde la convivencia entre residentes y “okupas” sigue siendo tensa. Los vecinos exigen medidas inmediatas y efectivas para restaurar la tranquilidad de la zona, mientras las familias ocupantes alegan haber sido víctimas de una estafa que las llevó a la ocupación.
El caso no solo pone en evidencia las carencias del sistema legal frente a la ocupación, sino también los riesgos de las estafas inmobiliarias, un problema que afecta a muchos sectores vulnerables.
Una de las ocupantes se defiende
Según ha reportado el medio español ABC, una de las peruanas ocupantes de la urbanización señaló que cuenta con un contrato y ha pagado de inicial 3 mil euros por el piso que ocupa. Además, adelantó que teme haber sido estafada y no sabía que la situación era irregular.
“Vivo con mi madre, mi perrita y mi hermana de seis añitos. Mi madre está embarazada, yo soy de las personas que han estafado y pues yo ni sabía, porque tengo mi contrato como todas las personas. Mi mamá ha pagado 3.000 euros por el piso y mi mamá no sabía. [...] Llevamos viviendo aquí desde hace dos meses”, indicó al medio español.
Asimismo, indicó que los 3 mil euros que pagó los realizó en efectivo a un señor que les entregó las llaves. “Yo estoy legal aquí, tengo mi NIE, estudio, trabajo, mi mamá también, mi hermana estudia”, remarcó.