Al fallo una mina que podría contaminar con arsénico el agua de dos terceras partes de Lima: Ariana en manos del Poder Judicial

La continuidad de Ariana, el controversial proyecto minero ubicado en el distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, departamento de Junín, ha llegado a su recta final. Este miércoles 8 de enero se llevó a cabo la última audiencia de segunda instancia en el Poder Judicial, donde se decidirá si esta mina subterránea de cobre y zinc podrá operar en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Lima y Callao.

El caso ha generado un intenso debate, ya que el sistema hídrico involucrado incluye 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, una infraestructura clave para el trasvase de agua desde la cuenca del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac. Este sistema representa el 62% del agua que abastece a Lima y Callao durante la temporada de estiaje. El proceso judicial se encuentra en un punto crítico, con dos jueces a favor del proyecto y dos en contra, lo que deja en manos de un quinto juez la decisión final.

Aunque no es parte directa del proceso judicial, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha intervenido como coadyuvante de la parte demandante, alertando sobre los riesgos que el proyecto minero Ariana podría representar para la distribución de agua en Lima y Callao.

Durante su presentación en la audiencia, Sedapal dijo haber identificado al menos cuatro amenazas inminentes, entre ellas la posible contaminación de las fuentes de agua debido a la presencia de arsénico y otros materiales que, aunque actualmente se encuentran dentro de los límites permitidos, podrían superar los estándares de calidad ambiental con la operación minera.

Además, Sedapal denunció que la empresa responsable del proyecto, Southern Peaks Mining (SPM), ha cercado parte del área de influencia, lo que ha impedido que los técnicos de la entidad puedan realizar investigaciones sobre los niveles de contaminación en las lagunas. También se advirtió que las voladuras con dinamita, necesarias para la explotación subterránea, podrían alterar el cauce de las aguas y reducir tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico disponible para la población.

El proyecto Ariana, cuya construcción podría reiniciarse en enero de 2025 y comenzar operaciones en 2027, ha sido objeto de controversia desde su aprobación en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Según consignó la parte demandante, el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado en ese momento no incluyó una evaluación exhaustiva sobre los posibles efectos en el sistema hídrico de Marcapomacocha ni en el abastecimiento de agua para Lima. Esto ha sido señalado como una omisión grave por parte de los demandantes, quienes argumentan que el proyecto representa un riesgo significativo para una ciudad que ya enfrenta un alto estrés hídrico.

En enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto y la realización de estudios hidrogeológicos para determinar los riesgos existentes. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron esta decisión, lo que llevó a la audiencia definitiva del 8 de enero de 2025.

Durante la audiencia de hoy, el abogado del MINEM defendió el proyecto argumentando que su paralización busca frenar la inversión privada y que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad competente para evaluar la inocuidad del proyecto, aunque esta última no incluyó en su análisis inicial una valoración específica sobre el impacto en el sistema hídrico de Marcapomacocha.

El caso del proyecto Ariana no solo pone en juego el abastecimiento de agua para Lima y Callao, sino que también refleja un patrón recurrente de conflictos socioambientales en el Perú. Este tipo de disputas, que antes se concentraban en regiones alejadas de la capital, ahora afectan directamente a Lima, una ciudad desértica que depende casi por completo del agua proveniente de la sierra central. De no contar con este recurso, la capital enfrentaría una crisis hídrica de proporciones alarmantes.

Aunque Southern Peaks Mining adquirió la concesión en 2011, la oposición al proyecto ha sido constante. En 2019, las congresistas Maritza Glave y Katia Gilvonio, junto con el exministro José De Echave, interpusieron una demanda de amparo para detener la obra, argumentando que su ejecución podría comprometer la provisión de agua para Lima y Callao.

El desenlace de este caso será clave no solo para el futuro del proyecto Ariana, sino también para la gestión del agua en una de las ciudades más vulnerables al estrés hídrico en América Latina.

Según datos del Observatorio de Ceplan, Perú ocupa el puesto 32 entre los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial y el tercero en América Latina y el Caribe. Lima, junto con Ica, encabeza la lista de las ciudades peruanas más afectadas por esta problemática.

La decisión del Poder Judicial, que se conocerá en los próximos días, marcará un precedente en la relación entre la minería y la gestión de recursos hídricos en el país. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para los millones de limeños que dependen del agua proveniente de Marcapomacocha.