La cadena de restaurantes Siete Sopas emitió una respuesta formal a la denuncia pública realizada por la periodista y activista Gianna Camacho, quien evidenció un cartel transfóbico exhibido en su sede del centro comercial Plaza Norte, en Independencia.
En su comunicado, difundido este lunes en la plataforma de X, antes Twitter, la empresa se disculpó por lo ocurrido y aseguró haber tomado medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan.
El cartel en cuestión, que contenía la pregunta “¿Un travesti con alzhéimer recordará su género?”, fue colocado junto al computador que registra los pedidos en el establecimiento, sin la autorización ni el conocimiento de los directivos de la cadena.
Tras una ola de críticas, la compañía indicó que reforzará su política de inclusión, especialmente dirigida a sensibilizar al personal sobre la diversidad de la comunidad LGBTQ+. “Sinceramente, lamentamos lo ocurrido y damos total importancia a sus comentarios. Como empresa, rechazamos todo acto de discriminación y somos cuidadosos del cumplimiento de nuestros procesos de atención y comunicación que brindamos a nuestros clientes”, agregó el comunicado.
Camacho detalló que los representantes de Siete Sopas estaban igualmente indignados con el mensaje transfóbico. “Así que todos aquellos trolls que son anti-LGBT y han dicho que este acto discriminatorio los representa, lo siento, pero ustedes no son bienvenidos (al establecimiento)”, expresó.
La activista destacó que el trabajador responsable del cartel había justificado su acción como “una broma”, por lo que sería despedido y que se sancionaría al administrador del local por su falta de control. “Lo paradójico es que descubrí que Siete Sopas cuenta con una administradora trans y con una trabajadora trans también, las contrataron respetando sus nombres sociales. Entonces queda claro que no es política de la empresa estar en contra de las personas trans”, precisó.
Camacho añadió que su denuncia fue recogida por la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que visitó el local e inició las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de la empresa y las sanciones correspondientes.
De igual modo, hizo un llamado a la acción en un país donde el 71% de peruanos reconoce que la comunidad LGBTIQ+ sufre discriminación: “Yo sé que no es silencio, es miedo, cuando una persona decide no denunciar estos casos, pero miren cómo sí podemos lograr pequeños cambios si nos atrevemos a denunciar”, zanjó.
Sin derechos
La Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017 reveló preocupantes cifras sobre la discriminación y el temor vivido por la comunidad LGTBI en Perú. Un 56.5% de los encuestados indicó sentir miedo de expresar su orientación sexual o identidad de género, principalmente debido al temor de ser discriminados o agredidos (72.5%), perder su familia (51.5%) o sus empleos (44.7%).
Además, un 62.7% de las personas encuestadas manifestaron haber sufrido discriminación y violencia, con el 65.6% experimentando estos hechos en espacios públicos y el 57.6% en ámbitos educativos. El 55.8% de las víctimas de discriminación indicaron que el agresor era un compañero de colegio o sus padres, mientras que el 28% apuntó a miembros de la familia. Otros agresores incluyeron jefes de trabajo (17.4%), personal de salud (15.4%), líderes religiosos (42.7%) y funcionarios públicos (32.7%).
A pesar de la existencia de un decreto legislativo que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, las personas LGTBI continúan desprotegidas debido a la falta de legislación específica, especialmente en el caso de las personas trans, quienes no tienen acceso a derechos básicos, incluidos los relacionados con la identidad de género.