Keiko Fujimori e investigados por caso Cócteles buscan anular juicio por fallo del TC a favor de Chlimper

El proceso contra Keiko Fujimori y otros investigados por el ‘Caso Cócteles’ podría estar en riesgo luego de que la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Giuliana Loza, pidiera formalmente que el Poder Judicial extienda la aplicación de un fallo del Tribunal Constitucional que benefició al empresario y ex secretario general del partido fujimorista, José Chlimper, cuya acusación fiscal fue anulada el pasado 21 de diciembre.

Como consecuencia de esta decisión del TC, el Ministerio Público deberá plantear una nueva acusación y, por lo tanto, Chlimper fue excluido de la etapa de juicio oral.

Este es el beneficio que la lideresa de Fuerza Popular persigue y que podría excluirla también del proceso en su contra al igual que ocurrió el 19 de agosto pasado, cuando el Poder Judicial anuló el proceso contra Fujimori por una presunta obstrucción a la justicia. Ahora se busca lo mismo para el ‘Caso Cócteles’ en el que está involucrada en el presunto delito de lavado de activos.

La decisión sobre la exclusión -o no- de Keiko Fujimori se realizará el lunes 13 de enero, cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial lleve a cabo una audiencia para determinar si el fallo del Tribunal Constitucional es aplicable a ella.

Durante la audiencia por el ‘Caso Cócteles’, y luego de haberse presentado la solicitud de la defensa de Keiko Fujimori, el fiscal del caso, José Domingo Pérez, se adelantó a una posible anulación del juicio oral y señaló a los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional si deciden extender el fallo del TC al caso de la lideresa de Fuerza Popular.

“¿Cómo van a proceder ustedes magistradas y magistrados?. Si optan por anular el juicio, el criterio de la Fiscalía es que ustedes dejan de ser jueces independientes de un estado constitucional de derecho, y se convierten en una especie de jueces en un estado legal de derechos, propio de dictaduras”, indicó el representante del Ministerio Público.

No solo eso, sino que además contradijo la postura de la abogada Loza sobre la aplicación del fallo al caso de su patrocinada

“No, (el TC) no le dio la razón en todo a José Chlimper Ackerman. Es decir, el TC no ha amparado que se le hayan afectado sus derechos, por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo (...)”, afirmó Pérez durante la audiencia.

El Tribunal Constitucional identificó que la acusación fiscal incluía hechos nuevos que no formaban parte de la disposición inicial de formalización de la investigación. Esta situación fue calificada como una acusación sorpresiva, ya que Chlimper no tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente de imputaciones no planteadas en la etapa de investigación preparatoria.

Por ejemplo, mientras que en la etapa preliminar se le atribuía a Chlimper haber transportado activos ilícitos en ciertos hechos concretos, la acusación fiscal incorporó nuevos actos relacionados con la intercalación, integración y recolección de activos, además de supuestos actos de dirección y coordinación dentro de una organización criminal.

Otro aspecto clave señalado por el TC fue la actuación del juez de investigación preparatoria, quien validó la acusación fiscal a pesar de sus evidentes defectos procesales. Según el Tribunal, el juez debió identificar y corregir las inconsistencias de la acusación para garantizar el respeto de los derechos procesales del imputado.

En cambio, el juez permitió que la Fiscalía realizara hasta 19 subsanaciones a la acusación fiscal, un número que el TC calificó como irrazonable. Esta actuación habría beneficiado indebidamente al Ministerio Público y afectado el principio de igualdad de armas entre las partes.