La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes, en primera votación, la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, una medida que busca, según sus promotores, “garantizar la memoria histórica” del país. La decisión, tomada con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, revoca la Ley 27600, que suprimió la rúbrica en 2021 tras la caída del régimen fujimorista en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.
La Carta Magna de 1993, vigente en la actualidad, fue promulgada por el exautócrata luego de que la redactara el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD), que fue elegido tras el autogolpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992.
La Ley 27600 suprimió su firma en el documento supremo luego de que el Congreso declarara su “permanente incapacidad moral” y, en consecuencia, su vacancia del cargo después de que renunciara, vía fax, mientras se refugiaba en Japón, donde permaneció hasta 2005.
La reciente aprobación parlamentaria ha generado una fuerte controversia. La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que “los fujimoristas y sus aliados pretenden borrar (...) que Fujimori fue un dictador, vacado y condenado por delitos de violación de derechos humanos”.
Por otro lado, el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, defendió la restitución de la firma y señaló que “no se trata de una discusión sobre los aciertos o errores” del exdictador, sino “de restablecer la verdad histórica”.
“Nunca antes se había eliminado la firma de un presidente de la Constitución. Creo que esto ha sido una reivindicación de lo que verdaderamente ocurrió en el Perú”, dijo. Durante el debate en la Comisión Permanente, las propuestas de Isabel Cortez y Ruth Luque para modificar o reconsiderar la votación fueron rechazadas con 16 votos en contra.
Ahora, la iniciativa legislativa será sometida a una segunda votación en siete días, conforme al reglamento.
Fujimori murió en libertad
Fujimori, quien cumplió condenas por delitos de lesa humanidad y corrupción, falleció el pasado 11 de septiembre a los 86 años, meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de 2,585 extrabajadores de la extinta Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (Ecasa), liquidada y privatizada en el gobierno de Fujimori, y ordenó al Perú indemnizarlos con 5,000 dólares por daños.
El tribunal determinó violaciones de derechos laborales, criticó 28 años de demora en la ejecución de una acción de amparo y exigió capacitaciones obligatorias a jueces para mejorar el cumplimiento de sentencias.
De igual modo, el comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) responsabilizó al régimen fujimorista por violar los derechos de cinco mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1997. Las denunciantes, que presentaron su caso en 2020, afirmaron haber sido presionadas y sometidas sin consentimiento, con relatos como el de María Elena Carbajal, quien sufrió la retención de su recién nacido hasta aceptar el procedimiento.
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