Condenan a alcalde de La Rinconada, ‘la ciudad sin ley del Perú’, por solicitar soborno de 20 mil soles

La lucha contra la corrupción en el Perú dio un nuevo paso con la reciente sentencia contra Lelis Enrique Quispe Ramos, alcalde del Centro Poblado de La Rinconada, en la región de Puno. La condena de 5 años, 8 meses y 17 días de prisión efectiva se dicta tras comprobarse que el burgomaestre solicitó un soborno de 20,000 soles para evitar la clausura de establecimientos nocturnos en su jurisdicción. Además, la sentencia incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, una multa superior a 4 mil soles y una reparación civil de 60 mil soles a favor del Estado. Este fallo, logrado gracias al trabajo del fiscal adjunto provincial Elías Jamachi Cueva, refuerza el compromiso de las autoridades judiciales en sancionar conductas corruptas.

La Rinconada, conocida también como “la ciudad sin ley del Perú”, se ubica a más de 5 mil100 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Este asentamiento minero, que alberga a unas 12 mil personas, enfrenta una situación de precariedad extrema. El lugar es famoso por la extracción de oro, pero también por problemas como la violencia, la ausencia de servicios básicos, y la contaminación ambiental derivada del uso de mercurio.

La creciente actividad minera, incentivada por el alto precio del oro, atrajo a cientos de trabajadores en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, las condiciones laborales y sociales en la zona están lejos de ser favorables. Una gran parte de los mineros opera bajo el sistema de “cachorreo”, que consiste en trabajar durante todo un mes sin recibir un salario, con la única expectativa de quedarse con lo que encuentren en un día designado como pago.

La inseguridad en La Rinconada no solo responde a la falta de recursos estatales y servicios básicos, sino también a una percepción de impunidad frente a actos de corrupción. Hace unos meses, la población manifestó su preocupación por el incremento de bares y discotecas que, lejos de fomentar el desarrollo local, han sido asociados con un aumento de la delincuencia.

En este contexto, la detención de Lelis Enrique Quispe Ramos en abril de 2024 representó un esfuerzo conjunto entre la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Durante el operativo, se incautó 20 mil soles en efectivo dentro de un inmueble vinculado al alcalde, suma que formaba parte del soborno solicitado. Las pruebas recabadas permitieron consolidar el caso en su contra, cuya resolución definitiva se dio a conocer recientemente.

De acuerdo con el Código Penal peruano, la acción de solicitar beneficios económicos a cambio de favores administrativos constituye un delito de cohecho pasivo, que no solo atenta contra la función pública, sino también contra la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Con esta resolución, Lelis Enrique Quispe Ramos deberá cumplir su condena desde el 9 de abril de 2024 hasta el 26 de diciembre de 2029. Durante este periodo, también se espera que las autoridades locales trabajen en conjunto con el gobierno regional y nacional para implementar medidas que promuevan la transparencia y reduzcan los niveles de corrupción en la gestión pública.

La situación en La Rinconada ilustra los retos que enfrenta el Perú en su lucha contra la corrupción, especialmente en localidades que, por sus características socioeconómicas, requieren una mayor atención del Estado. Este caso también invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar los actos de corrupción en todo el territorio nacional.