El nombre de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, vuelve a ocupar los titulares, esta vez por una nueva investigación del Ministerio Público. Su identidad saltó a la palestra a mediado de diciembre de 2024 tras la muerte de Andre Vidal, su subordinada en el Parlamento y con quien habría operado una presunta red de prostitución dentro del Palacio Legislativo.
En esta ocasión, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima le abrió un proceso por presuntas irregularidades en la contratación de personal durante los años 2023 y 2024.
Las acusaciones giran en torno a delitos contra la administración pública en las modalidades de colusión agravada y negociación incompatible, que, de ser comprobados, habrían causado un importante perjuicio al Estado.
Las diligencias iniciales, que se desarrollarán durante un plazo de 120 días, incluyen la recopilación de pruebas documentales y declaraciones clave, además de inspecciones en las oficinas de Recursos Humanos y Legal del Congreso.
En este marco, las autoridades buscan determinar si las contrataciones realizadas bajo la gestión de Torres Saravia cumplieron con los requisitos legales y si las plazas creadas respondían a necesidades reales del servicio o a intereses particulares.
Antecedentes que complican el panorama
Este nuevo caso no es el único que enfrenta el exfuncionario. Jorge Torres Saravia ya estaba bajo investigación por su presunta participación en una red de explotación sexual operativa dentro del Parlamento, una denuncia que conmocionó al país.
Según el Ministerio Público, Torres Saravia habría liderado un esquema que, además, lo vincularía al asesinato de Vidal Gómez, exasesora parlamentaria cuyo fallecimiento en circunstancias sospechosas sigue sin resolverse.
La conexión entre ambos casos podría revelar un patrón de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos durante su gestión. En este contexto, las autoridades también están enfocadas en analizar los expedientes laborales de personas clave, como Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Ramírez, quienes trabajaron en la oficina de Torres Saravia, así como de la fallecida.
Abogado renunció a su defensa
El abogado Benji Espinoza anunció este viernes su renuncia a la defensa de Jorge Torres Saravia. En declaraciones a Willax, Espinoza aclaró que su decisión no está relacionada con el caso penal ni con la investigación de la Fiscalía, sino con cuestiones económicas.
“No, yo lo he acompañado hasta la citación en el Congreso. Básicamente, es un tema de honorarios. Él acogió la propuesta del Congreso, lo demás ya no. En realidad no nos pusimos a ver el tema de la investigación en la Fiscalía. Hasta el momento que he participado (creo en él), no ha habido ninguna prueba que establezca lo contrario,” explicó.
El abogado también descartó haber dejado la defensa por contradicciones o posibles falsedades de Torres Saravia. “Le hice un par de propuestas y la propuesta que se ha acogido es la del Congreso,” añadió.
Sin embargo, días atrás, Espinoza había señalado que dejaría el caso si surgían pruebas contundentes contra su cliente. “(Él) me ha manifestado que es inocente… Hay que ser muy claros, las investigaciones son las que determinan las responsabilidades,” afirmó en aquella oportunidad.
Tras la salida de Espinoza, el abogado Juan Peña asumirá la defensa de Torres Saravia, quien se encuentra bajo investigación debido a una denuncia periodística que lo vincula con la presunta contratación de mujeres en el Congreso para ofrecer servicios sexuales.
Más Noticias
Aumento del sueldo docente: conoce las dos únicas fechas de pago en 2025, según el Minedu
Siete Sopas se pronuncia por cartel transfóbico en una de sus sedes: “Rechazamos todo acto de discriminación”
Alessia Rovegno deja atrás a Hugo García y disfruta de su soltería: se muestra dispuesta a encontrar el amor
Ana Paula Consorte desata rumores sobre relación con Paolo Guerrero con fuerte mensaje: “Ya no tengo paciencia para aparentar”
BCP es sancionado con casi S/ 300,000 por recolectar y almacenar datos biométricos de usuarios sin permiso
