“La playa está destruida”: Denuncian afectación en balneario de Chorrillos de Huaral por el Megapuerto de Chancay

Residentes y comerciantes locales denunciaron este domingo que el balneario de Chorrillos, en la provincia de Huaral, se encuentra seriamente afectado por los trabajos de construcción del Megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre pasado por la presidenta Dina Boluarte y el líder del régimen chino, Xi Jinping.

“Tengo 18 años trabajando en esta playa. Soy sombrillera. La playa está destruida por causa del megapuerto. La gente viene y se retira porque no hay playa, no hay arena. Con lo poquito que recibimos debemos sustentar nuestros gastos. Esa es mi molestia”, expresó una habitante de la zona, quien pidió que se tomen medidas para frenar el daño.

Según el reporte de la emisora, llantas y geotubos inservibles se acumulan en la costa sin que el consorcio Cosco Shipping Ports (CSPCP), encargado de la construcción, intervenga en el asunto. “Dijeron que iban a hacer mantenimiento y se olvidaron de nosotros. Para venir a trabajar, ya no hay sitio porque está lleno de piedras, todo sucio”, señaló otro comerciante al anunciar una protesta contra la empresa.

Angélica Valencia, representante de la Asociación de la Playa Chorrillos, informó que al menos 70 familias se han visto damnificadas. “Somos una asociación formalizada desde 2016. No hay comercio, no hay nada, por eso pedimos a la empresa Cosco que nos dé solución. La gente solo viene, baja y menea la cabeza, y dice qué triste que esta playa se haya destruido. Era hermosa, pero ahora ya no se puede hacer nada”, añadió.

En el lugar se presentó personal de la Fiscalía de Prevención del Delito y el subprefecto de Huaral, Jorge Arrieta. “Los de la empresa se disculparon, tendrán sus motivos para no haber asistido, pero lo que vamos a hacer ahora, después de haber visto las posibles responsabilidades, será encargado por el fiscal”, dijo.

“Lo que me toca es solicitar la autorización para promover una mesa de trabajo donde estarán comerciantes, vecinos y la empresa ejecutora, porque lo importante es ver cómo solucionamos el tema de las oportunidades de los comerciantes establecidos en la playa y qué manera les vamos a dar una pronta solución tanto para la economía familiar como para el aspecto del paisaje de nuestra playa”, agregó.

Por su parte, el ingeniero Emerson Bazán, subgerente de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chancay, mencionó que como gobierno local ha solicitado informes y documentación a diversas autoridades involucradas en el proyecto, entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Capitanía y Cosco Shipping. Sin embargo, las respuestas recibidas hasta el momento han sido poco satisfactorias. “Nos responden que están en investigación o en procedimiento administrativo sancionador”, indicó.

El megapuerto se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60%, a la empresa estatal china y, en un 40%, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial. El acceso se realiza a través de un puente de 1.840 metros, que lleva a la zona operativa de muelles, que tiene una longitud total de más de 1,5 kilómetros.

Aunque el puerto se proyecta como una infraestructura clave para la economía peruana, también enfrenta graves cuestionamientos por sus impactos ambientales. Un informe de Infobae Perú detalló que su construcción afectaba la biodiversidad local, especialmente en el Humedal Santa Rosa, vital para la fauna y flora marina y para la economía de los pescadores artesanales.

Expertos han señalado que el dragado necesario para la operación del puerto altera el fondo marino, afectando las especies de interés pesquero. Además, la reducción del nivel de agua del humedal y el riesgo de contaminación por aguas residuales están generando gran preocupación. A corto plazo, se prevé un desplazamiento de los pescadores hacia otras zonas y un aumento de conflictos sociales.

La comunidad de Chancay ha criticado la falta de transparencia en el proceso, especialmente por las deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado sin una consulta adecuada a los pobladores. Las protestas contra el proyecto han sido respondidas con represalias legales por parte de Cosco Shipping, lo que ha generado un clima de tensión en la zona.

Con un 76% de avance en la construcción, el proyecto sigue sin abordar adecuadamente las preocupaciones ambientales y sociales, lo que pone en duda la sostenibilidad de la obra a largo plazo.