Durante el 2024, diversos operativos de interdicción en el territorio peruano permitieron la destrucción de bienes y herramientas destinadas a la minería ilegal, con un valor que supera los 2 mil millones de soles. Estas intervenciones fueron lideradas por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y la Marina de Guerra, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, confirmó la cifra e indicó que los operativos superaron las 720 acciones de interdicción.
Según un comunicado oficial de la PCM, las intervenciones se realizaron a lo largo de todo el país, con especial énfasis en regiones como Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco y Loreto. Durante la primera quincena de diciembre, se registraron 21 intervenciones que representaron la destrucción de bienes por un valor superior a los 17 millones de soles. Además, el 22 de diciembre, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, las autoridades incautaron y destruyeron maquinaria y materiales que ascendieron a 24 millones de soles.
García Esquerre anunció que para inicios de este año 2025 se implementará una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, diseñada por una comisión multisectorial de naturaleza permanente. Aseguró que estas acciones no se limitarán únicamente a la destrucción de dragas o bocaminas, sino que abarcarán varios frentes.
“La nueva estrategia no se limitará a la interdicción de las dragas o de las bocaminas, enfrentará múltiples aspectos y partes de la cadena de valor de la minería ilegal, y pondrá énfasis en la necesaria formalización, el impulso de actividades económicas alternativas y la trazabilidad de materiales”, sostuvo el alto comisionado.
La minería ilegal generaría 12 mil millones de dólares al año
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno estima que la minería ilegal genera cerca de US$12000 millones anuales en el Perú. De acuerdo con el fiscal Federico Chávarry, existen más de 300.000 mineros ilegales que operan principalmente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash.
Esta actividad se ve impulsada por el alto precio del oro en el mercado internacional. En algunos campamentos informales, se han encontrado registros donde un gramo del mineral llega a cotizarse en S/320. Asimismo, se ha documentado que cada mes se extraen hasta cuatro kilos de oro, lo que equivale a más de un millón de soles de ingresos ilegales.
En determinadas zonas, la extracción aurífera se mezcla con el tráfico de drogas, conformando lo que las autoridades han denominado “narcominería”. Chávarry también reportó un aumento de 50% en las investigaciones asociadas a la minería ilegal desde mayo de 2024, acumulando más de 7200 casos.
Un gran impacto en los bosques
Un informe de El Comercio, basado en datos del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), señala que la minería ilegal y otras actividades ilícitas han devastado 301755 hectáreas de bosque en Madre de Dios durante los últimos veinte años. Esta cifra supera incluso la extensión total de Lima Metropolitana y repercute en la biodiversidad de la Amazonía peruana.
Dentro de Madre de Dios, la provincia de Tambopata es la más afectada con 156850 hectáreas, seguida por Tahuamanu (77704) y Manu (67227). Distritos como Inambari, Madre de Dios y Las Piedras también registran altos índices de deforestación. De acuerdo con MAAP, el daño socioambiental en esta región se calcula en 593 millones 786943 de dólares entre 2022 y agosto de 2023. Esta cifra incluye impactos en comunidades indígenas como San José de Karene, Puerto Luz y Barranco Chico, donde se han reportado afectaciones que van de 24 a 196 millones de dólares.
La PCM reiteró su compromiso de intensificar las medidas contra la minería ilegal en 2025, especialmente mediante la formalización de mineros informales que cumplan con los requisitos legales. El control de frontera y los operativos de interdicción seguirán siendo parte fundamental de esta nueva estrategia.