Fiscalía y Mininter enfrentados en redes por la liberación de un presunto delincuente en Piura

La reciente liberación de Cristian Mija Antón, conocido como el “Roba casas”, ha generado un cruce de declaraciones entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Este caso pone en evidencia la complejidad de los procesos judiciales y las tensiones entre las instituciones involucradas.

Todo comenzó con un tuit del Mininter bajo la gestión de Juan José Santivañez, en el que se responsabilizó al Ministerio Público por la liberación del presunto delincuente. “Nuevamente la Fiscalía deja libre a un delincuente capturado por la Policía en Piura”, señalaba la publicación, que fue eliminada horas después de las redes sociales.

La respuesta no tardó en llegar. La Fiscalía negó tajantemente la acusación y la etiquetó como “inaudito”, señalando que la decisión provino del Poder Judicial y que, lejos de dejar el caso de lado, apelaron la medida de la jueza Cecilia Novoa, quien dispuso la libertad de Mija Antón pese a que tenía cinco antecedentes y fue capturado con un arma de fuego y placas clonadas.

“El Mininter debe rectificarse a la brevedad y exhortamos a no consignar información falsa difundida en sus redes sociales oficiales”, agregó.

Presionados por la respuesta de la Fiscalía, el Mininter redirigió su crítica al Poder Judicial, acusando a la jueza Novoa de la polémica decisión: “¡Volvió a suceder! Una jueza del Poder Judicial dejó libre a un delincuente capturado por la Policía en Piura”.

La decisión judicial también generó indignación entre los efectivos policiales y la población. “Esto desmoraliza a nuestros efectivos, que día a día ponen en riesgo su vida para proteger a la ciudadanía”, expresó el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías.

La captura de Cristian Alexander Mija Antón, conocido por su historial delictivo, se ha convertido en un tema de controversia en Piura tras su liberación. Según informó Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, el presunto delincuente fue detenido durante una persecución policial que incluyó un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el operativo, Mija Antón fue interceptado en la urbanización María Goretti. Las autoridades incautaron un vehículo con placas clonadas y un arma de fuego, evidencias que lo vinculaban a presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y falsificación. Además, el detenido cuenta con al menos cinco antecedentes policiales y varias carpetas fiscales en su contra.

Pese a las pruebas recabadas, Mija Antón fue puesto en libertad por decisión de una magistrada, lo que generó indignación entre la PNP y la ciudadanía piurana.

El jefe policial también cuestionó la autonomía judicial y la falta de uniformidad en las decisiones, señalando que en otro caso reciente, un juez de Catacaos dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos presuntos delincuentes, identificados como Jean Pierre Alexander Villca Rodríguez, alias “Trujillano”, y Thomas Alexander Gutiérrez Farfán.

Farías hizo un llamado a las autoridades y la población para trabajar de manera coordinada en la lucha contra la delincuencia. “¿Queremos una Piura diferente y tranquila, o preferimos que estos delincuentes sigan delinquiendo en las calles?”, reflexionó.

El Ministerio del Interior reportó recientemente otro caso de liberación polémica de un presunto delincuente. Según informó la entidad, la Policía Nacional capturó en Breña a un hombre acusado de asaltar a una familia. Durante el proceso de identificación, los agentes descubrieron que este mismo sujeto ya había sido detenido en octubre de 2024 por un delito similar, pero fue liberado por decisión de la Fiscalía.

“¡Insólito! La Policía capturó a un sujeto que asaltó a una familia en #Breña. Sin embargo, al identificarlo, los agentes se dieron con la ingrata sorpresa de que este sujeto ya había sido detenido en octubre de 2024, pero la Fiscalía le dio libertad”, se lee en la publicación del Ministerio del Interior en sus redes sociales.

Este caso vuelve a encender el debate sobre las decisiones judiciales y su impacto en la seguridad ciudadana.