Vocero del Minjus considera la pena de muerte como “un conjunto de medidas que se debe tomar” contra la criminalidad

El Gobierno de Dina Boluarte sigue gestionando rondas de diálogo en diferentes regiones del país para debatir sobre la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de edad. La primera edición de estas audiencias se realizó en La Libertad.

En diálogo con Infobae Perú, el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Juan Falconi, comentó que, desde su perspectiva, la pena de muerte “es parte de un conjunto de medidas que se tiene que tomar para demostrar la convicción, el compromiso del país, del Estado, del Gobierno contra la criminalidad que nos está agobiando”.

Sostuvo, además, que es importante “reconocer el sentir de la población que está pidiendo que las medidas sean drásticas”.

“En ese sentido, no solamente las penas de cárcel, sino que se den muestras palpables de que la sociedad está llegando a cierto grado de intolerancia con este tipo de delitos. (...). Hay más de 12 mil personas en la población penitenciaria por haber violado niños (...). Yo entiendo que muchas familias se sienten afectadas, dolidas y solamente ver el juzgamiento, la pena, la condena en una cárcel, pues puede resultar insuficiente porque a cada rato vemos por los mismos medios, hay feminicidios, sicariato, más violaciones, violaciones con muerte”, aseveró.

Durante el conversatorio organizado en La Libertad, representantes de diversas organizaciones, como el Colegio de Abogados y la Iglesia Católica de esta región, se mostraron en contra de ampliar la pena de muerte a otros delitos. Sin embargo, la ciudadanía que se encontraba en el recinto, tuvo una posición contraria, ya que, según una encuesta que completaron al finalizar el evento, más del 90% estaba a favor de esta medida.

Al respecto, Falconi aseveró que “acá lo que importa es saber cuál es la posición de la población, qué es lo que reclama”. “En Trujillo me tocó hacer un recorrido por distintos medios periodísticos, y muchos de los periodistas incluso expresaron públicamente durante la entrevista que estaban a favor, porque ellos veían en La Libertad el incremento de la comisión de ciertos delitos que son muy execrables. Mencionaron el tema del sicariato (...). Entonces, yo no veo inconveniente”, sostuvo.

“Creo que sí hay un desfase entre el status quo y el sentir de la población, y por eso es tan importante este debate, porque es hora de recoger lo que siente la población, no lo que ha sentido hace 20 años, 30 años que, que se dio la Constitución o hace mucho más, cuando se firmaron los convenios, sino las necesidades y los problemas que ahora nos agobian”, añadió

Según el vocero del Ministerio de Justicia, en los próximos tres meses del 2025 esperan “recorrer todo el país”, pero resaltó que existen algunos inconvenientes como conseguir el presupuesto adecuado.

“Aun así estamos trabajando. La idea es aprovechar la cercanía, tal vez hacer un evento acá en Lima, o en el Callao, y nosotros nos podemos movilizar hasta con los vehículos propios, para seguir ganando tiempo”, señaló.

Precisó, además, que trabajar por macrorregiones también es una posibilidad que se han planteado. “Piura y Tumbes están muy cerca. (...). Pero el esfuerzo y el deseo es de recorrer todas las regiones del Perú”, dijo.

Por otra parte, aseguró que desde el Minjus tienen el objetivo de que estas rondas de diálogo sean “lo más plural posible” y que participen la mayor cantidad de personas.

“La idea es que participe más sectores representativos de toda la sociedad. Me parece importante también ver gremios de transportistas, sectores agrupados como las personas que tienen tiendas de abarrotes que también son víctimas de extorsión y que en Trujillo, cuando contactamos con algunos de estos gremios, nos obviaron de participar porque era un poco riesgoso”, subrayó.

Falconi también se refirió al comentario que realizó el padre Ricardo Angulo Bazauri, el representante de la Iglesia Católica que acudió al conversatorio de La Libertad, quien cuestionó que el Minjus haya mencionado a Irán y Arabia Saudita como países donde se aplica la pena de muerte.

“Arabia Saudita no es una cultura católica y cristiana. Puede haber algunas discrepancias, pero para nosotros, desde el punto de vista jurídico, es un país que integra la ONU y que tiene compromisos internacionales, pero aun así sabe aplicar la pena de muerte o ha adecuado su legislación nacional a la legislación internacional. Entonces, sí, entiendo un poco la posición de la Iglesia Católica, una visión cristiana occidental, pero el objetivo no ha sido ponerlos propiamente como ejemplos a seguir, sino decir que hay países que lo aplican y lo aplican con cierta frecuencia”, acotó.