Las polémicas leyes y reformas políticas que el Congreso de la República aprobó en el 2024

El Congreso de la República culminó el 2024 como una de las instituciones con más bajo respaldo de todo el Perú, solo rivalizando en el rechazo con la presidenta Dina Boluarte. Según diversas empresas encuestadores, el Poder Legislativo cuenta con más de del 90% de desaprobación.

Es bajo este contexto de una disminuida representativa, lo que podría traducirse en una daña legitimidad, que el Parlamento ha aprobado una serie de medidas que ciudadanos y especialistas han criticado ampliamente. Por ejemplo, en materia ambiental, política, ,electoral e incluso de seguridad ciudadana, un tema sensible actualmente para los peruanos.

Uno de los proyectos aprobados que no solo recibió rechazo dentro del país, sino también a nivel internacional fue el 6951, el cual tenía como objetivo “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”.

Diversos organismos, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuestionaron esta normativa; sin embargo, esta se terminó aprobado.

La Corte IDH, por ejemplo, dictó medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, las masacres por las que fue condenado el exdictador Alberto Fujimori. Además, requirió al Estado que “no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” a la iniciativa.

Finalmente, el Perú terminó desacatando por segunda vez una disposición de la Corte, luego de que se oficializara el indulto al exmandatario, ahora fallecido.

En julio, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de Ley 5981, que modificaba la tipificación de organización criminal y excluía más de 50 delitos. Esta decisión, y el anuncio de tipificar el delito de terrorismo urbano que vendría después, ocasionaría que gremios de transportistas decidieron acatar un paro indefinido en Lima Metropolitana.

Los manifestantes pedían la derogación y archivo de las normativas, respectivamente, ya que, mencionaban, contribuían al aumento de la delincuencia. Luego de varias jornadas de protesta, el Congreso decidió votar a favor por una norma que creaba el delito de criminalidad sistemática.

Los transportistas no estuvieron satisfechos con esta decisión, pero ya no lograron aglomerar suficientes colegas como para continuar con las marchas.

Recientemente, antes de que el año culmine, los congresistas protagonizaron otro momento polémico cuando restituyeron un procedimiento que ellos mismos habían derogado días antes. Antes de rectificarse, los ‘padres de la patria’ habían eliminado la detención en flagrancia, lo cual fue duramente criticado por el Ministerio Público y el propio ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante el debate donde se volvió a la norma anterior, la narradora del Parlamento dijo que este poder del Estado asumía con responsabilidad la equivocación y que de esta manera se decía “derogar la ley que antes permitía y facilitaba la impunidad de aquellos delincuentes”.

En cuanto a Economía, el Parlamento reformó del sistema previsional de las AFP. De esta manera, se dispuso la obligatoriedad de afiliarse a una de estas entidades partir de los 18 años, la disposición de una pensión mínima de S/ 600, además de una ‘pensión por consumo’, que destina el 1% de las compras de las personas a sus fondos.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, había pedido que no se apruebe esta nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, mientras que la Asociación de Defensa de los Derechos de los Integrantes de la Seguridad Social (ADISS) había solicitado que se incluya un aumento considerable de las pensiones.

Asimismo, Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que esta medida podría funcionar como un subsidio para las administradoras y que no cubría más del 70% de los trabajadores del país.

“Esto resulta una transferencia del tesoro público hacia las cuentas de las AFP para cobrar comisiones. En mi opinión, es un subsidio a las AFP, justificada en la narrativa de apoyar a los trabajadores, pero sin contemplar a los informales y a aquellos con menores ingresos y que no pueden consumir y solicitar constantemente boletas de consumo”, dijo.

Entre septiembre y agosto de este año, grandes incendios forestales afectaron la Amazonía en Perú y otros países de Sudamérica.

La mayoría de estos siniestros fueron provocados por malas prácticas agrícolas, como la quema de pastizales. Sin embargo, César Ipenza, abogado en derecho ambiental, explicó a Infobae Perú que desde el Congreso también jugaron un papel crucial con la aprobación de la Ley 31973, también conocida como la Ley ‘Antiforestal’.

“Genera incentivos perversos para que la gente se haga de tierras, y para poder hacerse de tierras, tienen que deforestar, tumbar y quemar”, explicó en entrevista con Canal N.

“El Congreso no ha sido capaz de discutir su derogación, porque la aprobaron en diciembre del año pasado, pese a los cuestionamientos, a los pedidos de inconstitucionalidad y a los pronunciamientos de diversos gobiernos regionales amazónicos”, añadió.

Meses después, el Parlamento aprobó otra normativa relacionada con el medio ambiente. En noviembre, el Pleno en mayoría apoyó ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un periodo de seis meses.

Este proceso de formalización fue creado inicialmente en el 2012 con el objetivo de regularizar la extracción informal del oro. Si bien solo debía durar un periodo determinado de tiempo, tuvo diversas ampliaciones que llevaron a que se convierta, de acuerdo con especialistas, en un facilitador del blanqueo para la minería ilegal.

Otra decisión controversial fue la ampliación de miembros del Tribunal Constitucional, de siete a nueve. Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, opinó que esto era necesario, ya que existe una “excesiva carga procesal”.

Al otro lado de la discusión, Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, consideró que esta propuesta solo busca “tener un control sobre algunas decisiones que sean contrarias a alguna mayoría parlamentaria”. En ese sentido, declaró que “aquí hay razones políticas detrás”.

Como antecedente entre las posiciones contrarias que había entre el Parlamento y el TC, el máximo intérprete de la Carta Magna rechazó una demanda competencial que había presentado el Legislativo contra el Poder Judicial por los fallos que restituyeron a Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Precisamente, la JNJ también ha sido objeto de la atención de los congresistas. En junio, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca eliminar la Junta para que sea reemplazada por una nueva entidad, la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual también tendría la capacidad de nombrar jueces y fiscales supremos

También se han hecho cambios que impactarán directamente con las elecciones generales del 2026. Por ejemplo, los congresistas lograron reducir el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y volver a la bicameralidad desde los próximos comicios.

Si bien el referéndum donde se rechazó el retorno a este sistema parlamentario ocurrió hace más de cinco años, cuando Martín Vizcarra todavía era presidente, ciudadanos y especialistas reclamaron que no se haya considerado hacer otra consulta antes de admitir la propuesta.

Ahora, los legisladores podrán postular alternadamente entre la Cámara de diputados y la de senadores, lo que en la práctica permite su reelección.

El Parlamento, en el último mes del año, estuvo inmerso en un adicional desacuerdo con los operadores de justicia. Con la modificación de la Ley de extinción de dominio, los bienes que hayan utilizado las organizaciones criminales solo podrán ser incautados, para ser utilizados por el Estado, cuando haya una condena firme.

Mientras, el Ministerio Público sostiene que esto pondría en peligro la extinción de dominio sobre bienes patrimoniales del expresidente Alejandro Toledo, recientemente condenado a más de 20 años de prisión por el caso Odebrecht, el Poder Judicial pidió extender el debate sobre la reforma.

Sin embargo, expertos han manifestado que esta norma ha sido utilizada de manera excesiva, afectando a sectores claves de la economía, como el pesquero.

En diálogo con Infobae Perú, el abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, indicó que el problema se origina cuando “la persona es inocente y sus bienes han sido confiscados”.

“¿Qué dicen los jueces y fiscales? Que son procesos autónomos. Sí, pero uno depende del otro. Conceptualmente, para que extinga el dominio tiene que ser producto del delito. Si yo soy inocente, no he cometido delito y, por lo tanto, no he adquirido nada delictivamente, no me pueden quitar nada, pero se lo quitan”, remarcó.

A modo de ejemplo, explicó que si “usted tiene una embarcación pesquera que está pescando más de su cuota y le imputan un delito ambiental, vienen y dicen yo te quito el barco porque esto es producto del delito (...). El propietario no sabe nada”.

“Es una manera indebida de estirar lo que dice la Constitución. Y estamos con una ley e incumpliendo la Constitución. Dice claramente el artículo 70 La propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, salvo por ley del Congreso, declarada expresamente de utilidad pública, previo pago justipreciado”, añade.

En otros países, comenta, existen figuras como la ‘Ley Rico’, en el caso de Estados Unidos. Bajo esta norma, señala, “no se puede permitir que con la acumulación de riqueza, el crimen organizado continue teniendo fuerza económica para que se siga cometiendo el delito”. “Eso se entiende perfectamente, pero no sirve para quitarle la propiedad a los ciudadanos inocentes”, concluye.