El año fatídico para la Amazonía peruana: incendios forestales, leyes destructivas y avance de la minería ilegal

En 2024, la Amazonía peruana enfrentó una crisis medioambiental y social que expuso la fragilidad de sus ecosistemas y la indiferencia de sus gobernantes. Incendios forestales sin precedentes, normas que facilitaron la deforestación y el avance inexorable de economías ilegales, principalmente la minería y la tala, han colocado a uno de los pulmones más importantes del planeta en un punto muy cercano al del no retorno.

Diferentes voces, entre ellas líderes indígenas, defensores ambientales y expertos en derecho y conservación, han coincidido en un diagnóstico sombrío: la selva tropical del Perú se halla al borde de la pérdida irreversible, mientras el Estado peruano permanece de espaldas a uno de los mayores tesoros naturales del planeta.

En septiembre y octubre de 2024, más de cinco mil hectáreas de bosque ardieron en las regiones amazónicas del país, dejando tras de sí una estela de destrucción en ecosistemas críticos y afectando gravemente a las comunidades locales. Hasta el 24 de septiembre, los reportes oficiales de Indeci dieron cuenta de más de 20 fallecidos, 150 heridos, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales. Aunque factores como la sequía, el incremento de temperaturas y los fuertes vientos contribuyeron a la propagación de los incendios, varios especialistas han señalado que el clima no es la única causa detrás de esta tragedia.

La Ley 31973, conocida por sus críticos como la “ley antiforestal”, ha sido identificada como un catalizador clave de este caos. Según Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), esta norma ha funcionado como un incentivo para que grandes intereses y actores informales prendieran fuego a superficies boscosas con el fin de “limpiar” el terreno y legalizarlo posteriormente. Urrunaga explicó a Infobae:

El informe Parcelando la Amazonía, publicado por EIA en febrero, documenta cómo empresas agroindustriales - alejadas del perfil de “pequeños agricultores” que en teoría eran los principales beneficiarios de la ley 31973 - utilizaron esta normativa para adquirir vastas extensiones de bosque y regularizar actividades que antes eran ilegales, con total complicidad del gobierno peruano. Urrunaga detalla:

Así, la narrativa oficial de que la norma buscaba proteger a campesinos contrasta con los hallazgos de este informe, que muestra cómo importantes intereses económicos hallarían en la nueva legislación una vía para legitimar la deforestación y asegurar futuras inversiones poco compatibles con la conservación de la Amazonía.

Mientras los incendios consumían todo a su paso, las comunidades afectadas clamaban desesperadamente por ayuda. Sin embargo, el gobierno peruano respondió tarde y con mensajes erráticos que profundizaron el malestar. En un primer momento, el entonces premier Gustavo Adrianzén minimizó la gravedad de la situación, afirmando que los incendios no eran “tremendos ni terribles” en comparación con años anteriores y atribuyendo las llamas a “prácticas ancestrales” de las comunidades nativas.

A pesar de estas declaraciones, la presión de la ciudadanía y de autoridades locales obligó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia días después, aunque de forma limitada, abarcando únicamente las regiones de Ucayali, San Martín y Amazonas. Julia Urrunaga denunció la desconexión del gobierno con la realidad de las comunidades afectadas:

La demora fue tal que una ciudadana interpuso una denuncia penal contra las autoridades por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. La demandante argumentó que el Ejecutivo actuó de manera negligente al no declarar a tiempo la emergencia, lo que contribuyó al aumento de fallecidos, heridos y damnificados.

La crisis amazónica de 2024 también estuvo marcada por la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. El Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que supuestamente regularía las actividades mineras, resultó ser, según las denuncias de diversas organizaciones, un camino para consolidar la informalidad:

“El proceso de formalización minera no garantiza un modelo de sostenibilidad; más bien facilita la deforestación y la destrucción nuevamente de este gran ecosistema,” indicó a Infobae César Ipenza, abogado en derecho ambiental, quien actualmente litiga una demanda de inconstitucionalidad sobre este asunto.

La minería ilegal, por otro lado, no sólo contamina ríos con mercurio—afectando irreversiblemente la biodiversidad y la salud humana—sino que promueve delitos asociados como la trata de personas, la explotación laboral y el sicariato. Ipenza advirtió a Infobae que los departamentos de Pasco, Junín, Ucayali y Huánuco se han convertido en “zonas rojas” donde el incremento de la minería ilegal coincide y se retroalimenta con el cultivo ilícito de hoja de coca, con consecuencias mortales para líderes indígenas y defensores ambientales.

Los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) sufrieron en 2024 un fuerte freno a su reconocimiento y protección. Las declaraciones de un magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien afirmó no haber encontrado evidencia de la existencia de estas comunidades, causaron revuelo.

Durante su participación en la Primera Cumbre Indígena organizada por la Defensoría del Pueblo, el magistrado compartió sus observaciones realizadas tras un reciente viaje a la región del Napo, en Loreto. “Estuve hace poco en el Napo, pero, sin embargo, gran parte de las comunidades que he visitado me dicen que no existen los PIACI, no existen no contactados”, señaló.

Ante estas polémicas declaraciones, César Ipenza denunció “Hay toda una corriente tremenda de ciertos sectores en el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo, que pretenden negar la existencia de los PIACI para garantizar sus intereses personalísimos frente a cualquier otra actividad económica,” denunció Ipenza, resaltando el riesgo de que el no reconocimiento de estos pueblos abra la puerta a la explotación de territorios supuestamente “vacíos” o “deshabitados”.

Las mismas actividades ilícitas que contaminan y deforestan la región—minería y tala ilegales—afectan de modo directo a los PIACI, para quienes cualquier contacto externo supone la introducción de enfermedades frente a las cuales no poseen defensas. Ipenza subraya:

Detrás de la desidia de las autoridades asoman intereses políticos y económicos que parecen pesar más que la protección de la Amazonía. Tanto el Ejecutivo como el Congreso, en lo que activistas denominan un “cogobierno”, habrían permitido la flexibilización de normas ambientales para su beneficio económico.

“La ley antiforestal se ha convertido en un símbolo, pero en paralelo también se han debilitado otras normativas forestales contenidas en reglamentos e instituciones, las cuales han perdido independencia. Esto evidencia un proceso más amplio de desestructuración del Estado, lo que resulta altamente peligroso”, expresó Urrunaga, enfatizando la conexión de este debilitamiento institucional con intereses económicos dentro del Estado.

A su vez, Ipenza lamentó: “Estamos en una situación cada vez más compleja y difícil. Estas leyes facilitan a los grupos criminales, y el Estado peruano no asume un compromiso real”, advirtiendo que, de fallar el Tribunal Constitucional en contra de los recursos de inconstitucionalidad, el único camino restante para salvar los bosques será acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 2024 quedará en la memoria colectiva como el año en que la Amazonía peruana se vio sometida a fuegos incontrolables, leyes que socavan su protección y un auge de economías ilícitas que despedazan sus bosques. Pero también ha sido un periodo en el que comunidades indígenas, defensores ambientales y un conjunto de organizaciones civiles se han movilizado con mayor intensidad.

Julia Urrunaga resalta un aspecto esperanzador dentro de este contexto de crisis:

Para muchos, la tragedia de la Amazonía no es solo un problema local, sino una crisis global, pues lo que se juega en esta región impacta la biodiversidad planetaria y la lucha contra el cambio climático. No es exagerado decir que su destino está ligado al de todos. Aún existen resquicios de esperanza en la presión ciudadana, en el activismo ambiental y en las comunidades nativas que se niegan a ceder ante la vorágine destructiva. Pero ese optimismo, advierten los especialistas, solo se sostendrá con una reacción contundente del Estado, la sociedad y la comunidad internacional.

La pregunta que queda pendiente es si 2025 representará otro año de promesas incumplidas y bosques devastados, o si, finalmente, surgirá la voluntad política y social para salvar la Amazonía peruana de su colapso anunciado. La historia - y las generaciones futuras - juzgarán nuestras decisiones.