Dina Boluarte, el caso rólex, ‘el cofre’ y su polémica rinoplastía: los escándalos que sigue sin aclarar y deberá responder este 2025

Dina Boluarte inició el 2024 como la presidenta con más baja aprobación de América Latina, y lo cierra de la misma manera. La mandataria peruana continúa siendo objeto de cuestionamientos e investigaciones que lejos de motivarla a adoptar una posición de transparencia y apertura al diálogo, generaron una postura de enfrentamiento contra las encuestadoras —que la posicionan con apenas un 3% de aprobación— y el Ministerio Público, a cargo de las pesquisas en su contra.

Solo en enero, la jefa de Estado recibió un jalón de cabello por parte de una de las viudas de fallecidos durante las protestas en su contra. La agresión e historia de la mujer que lo hizo polarizó el debate ante la falta de justicia hacia los deudos de fallecidos a partir de la represión policial que habría sido dada por orden de Dina Boluarte. Ante los cuestionamientos, la dignataria optó por solicitar el archivo de la investigación contra Ruth Bárcena.

En febrero, ofreció su primer balance de gestión del 2024, lo que parecía dar indicios de una nueva etapa para su gobierno. Sin embargo, en marzo salió uno de los primeros -y más fuertes- escándalos que motivaron el inicio de una carpeta fiscal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos: el denominado ‘Rolexgate’.

El medio La Encerrona reveló que, pese a que no existían órdenes de compra, la presidenta se lucía con distintos artículos de lujo. En ese contexto, se conoció que la sucesora de Pedro Castillo triplicó su patrimonio en dos años, de acuerdo a un informe de La Contraloría General de la República difundido por La República; pero eso no fue todo. Previo a culminar el mes, Dina Boluarte recibió lo que consideró uno de los golpes más fuertes en el marco del caso: el allanamiento de su vivienda y despacho presidencial.

A través de un pronunciamiento, la jefa de Estado calificó la medida como arbitraria, desproporcional y abusiva, y denunció un presunto acoso sistemático en su contra. “El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio dónde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente como se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse”, mencionó entonces.

En respuesta, la Fiscalía negó las acusaciones e indicó que rompieron la puerta del domicilio tras tocar el intercomunicador en reiteradas ocasiones. Asimismo, aclararon que si bien “en la referida diligencia no se ubicó la entrega de los relojes Rolex, pese a que se le requirió; se obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

En abril, mes donde brindó su declaración ante el Ministerio Público, la jefa de Estado realizó una conferencia de prensa a fin de dar detalles sobre la carpeta. Aunque en un inicio dijo que los artículos de lujo eran de antaño, se retractó e indicó que fueron préstamos por parte de su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.

“Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto, y como esos relojes no son de mi propiedad no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas”, dijo, después de barajarse desde el gabinete ministerial y su defensa distintas versiones que iban desde la piratería hasta regalos de pretendientes.

A la par, se suspendió al coronel Harvey Colchado, entonces jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), por la publicación de su pastel de cumpleaños, el cual tenía a un policía tumbando una puerta y se relacionó con el allanamiento en la vivienda de Boluarte. A ello se sumaron diligencias contra el equipo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), las cuales fueron calificadas de represalia.

En ese contexto, las encuestas la posicionaron con apenas el 9% de aprobación a su gestión, hecho que inició el enfrentamiento contra las empresas encargadas de recolectar dicha data. “Desde el gobierno les decimos que no trabajamos para las encuestas, donde nos dicen que estamos en el 9% o 10%. Nosotros trabajamos para desarrollar el país, ahí le ponemos la plata. No para pagar a las encuestadoras, la ponemos para los emprendedores”, mencionó.

Mayo continuó con la presencia de escándalos que tenían como protagonista a la jefa de Estado. A inicios de ese mes, un informe de Hildebrandt en sus trece reveló que la mandataria se ausentó de su cargo por un plazo de 12 días para someterse a una cirugía estética. Al ser consultados, el gabinete ministerial evitó confirmar o negar la información y se limitaron a decir que “se esforzaba por cumplir sus funciones”. El hecho fue desplazado con la detención preliminar de su hermano Nicanor Boluarte y su abogado Mateo Castañeda.

En ese marco, el gobierno liderado por Dina Boluarte disolvió el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). La decisión fue catalogada de obstrucción a la justicia por parte de Mariano González, extitular del Ministerio del Interior. “Lamentablemente, la señora Boluarte da lugar a pensar que estaría comprometida con la corrupción y que está buscando es impunidad”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.

A los pocos días y en medio de los cuestionamientos por la decisión gubernamental, el entonces ministro Walter Ortiz renunció al Mininter y en su lugar asumió Juan José Santiváñez, quien se convertiría en uno de los más cercanos a la mandataria. Previo a que termine el mes, la presidenta se mostró hostil con los periodistas, encerrándolos durante distintos eventos oficiales a fin de restringir su labor.

Ante el rechazo y pronunciamiento por parte de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Dina Boluarte se limitó a decir que no estuvo involucrada en el hecho reportado por distintos medios.

“Cuando gusten, acá estamos en ese respeto por la libertad de expresión y acabo de enterarme lo ocurrido en la mañana es un tema que el ministro de Defensa ya está tomando las acciones pertinentes así que todos ustedes sean bienvenidos a su casa”, mencionó. Luego, se dio vuelta y se fue sin aceptar preguntas.

En junio, la mandataria se fue a China y, durante las escalas, generó revuelo al aparecer en París luciendo un buzo inspirado en ‘Los Simpson’, mientras cumplía más de dos meses sin responder a interrogantes formuladas por la prensa, pero no fue hasta julio en el que la presidenta dio una sorpresiva respuesta: “tu mamá”.

Agosto fue particular porque se difundieron extractos de una conversación entre quien sería Juan José Santivañez y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé. Entonces, el aparente titular del Mininter confirmó que la jefa de Estado le solicitó cerrar la Diviac. Aunque el flamante líder de la cartera negó todo lo expuesto, las decisiones se fueron dando en esa línea.

En septiembre, la presidenta fue nuevamente noticia por sus desatinadas respuestas. “No necesito tus lágrimas” le dijo a un reportero que rompió en llanto al pedir ayuda ante los más de 230 incendios forestales reportados en 22 regiones del país. Pero eso no fue todo.

En el mismo mes se abrió otro de los casos que motivaron una investigación en su contra: el ‘cofre’. De acuerdo a uno de los audios atribuidos a Santiváñez, el prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, habría sido trasladado en el automóvil por orden del despacho presidencial.

En respuesta, la mandataria calificó el hecho de “historias de terror”. “Al Perú les digo, los vehículos asignados a la presidenta son de uso exclusivo. Nunca se subió a ninguno de los vehículos el prófugo Vladimir Cerrón”, manifestó.

En octubre, el caso continuó, con cambios de versiones y nuevos datos que avivaron las dudas sobre el todavía desconocido paradero de la mandataria y los motivos de su traslado. A ello se sumó la publicación de un artículo en el medio estadounidense The Intercept en la que se le presentó como la presidenta más impopular del mundo y convocatorias de protestas durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), la cual congregaría a distintos líderes del mundo en Lima, y una conferencia de prensa luego de cumplir 100 días sin responder.

Desde Palacio de Gobierno, la mandataria protagonizó momentos tensos con los periodistas y aseguró que no sabe mentir. Sin embargo, en Infobae Perú hicimos un recuento de las veces en las que faltó a la verdad.

Si bien sí se registraron ciertas protestas en noviembre, el evento se llevó a cabo con normalidad. No obstante, cuando todo apuntaba a un incremento de aprobación ante las acciones y visita de líderes, la jefa de Estado protagonizó una nueva frase que causó la indignación de la ciudadanía. “Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postre”, mencionó evidenciando la desconexión con la realidad e ironía al conocerse que en Palacio gastan más de S/ 4 mil diarios en alimentación.

Además, aunque el tema se reveló en mayo, no fue hasta este mes en el que el Congreso promovió citaciones para esclarecer lo qué pasó ante el evidente cambio físico de la presidenta. Entre ellas, la invitación al cirujano Mario Cabani y Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros.

Durante su asistencia en diciembre ante la Comisión de Fiscalización, el expremier confirmó lo que había sido hasta entonces un rumor: Dina Boluarte se ausentó por una rinoplastia sin notificarlo, por lo que el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por presunto abandono del cargo.

A ello se sumó el pase al retiro de Harvey Colchado y la remoción de los policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que participaron en el allanamiento a su vivienda.

En diálogo con Infobae Perú expertos en distintas áreas analizaron la situación de la mandataria a puertas de iniciar el 2025. Para el penalista Giuseppe Marzullo, docente de la EPG Continental, la mandataria está en posición de aclarar muchos de los escándalos a su alrededor. “Uno puede o no estar de acuerdo con el gobierno de la señora Boluarte. Sin duda es una persona cuya gestión deja mucho que desear, pero de allí a afirmar que ella lidera un aparato organizado de poder destinado a cometer delitos, me parece que es bastante osado. Sin embargo, considero que estas imputaciones le pueden traer mayores dificultades, sobre todo por el componente político y presión de determinados grupos, como organizaciones no gubernamentales o las llamadas organizaciones defensoras de derechos humanos, que estoy seguro harán todo lo posible porque este tipo de casos continúen”, mencionó.

“Desde el punto de vista legal, le recomendaría que afronte las investigaciones y que coadyuve con el esclarecimiento de los hechos. Creo que eso es muy importante para desterrar cualquier sombra de duda; mientras que desde un punto de vista político, le aconsejaría que entienda que es un gobierno de transición, que estamos a muy poco de las elecciones presidenciales, por lo que debe ser consciente de que no está en posición de realizar cambios estructurales. Debe enfocarse en objetivos muy claros: la lucha contra la inseguridad inseguridad ciudadana, la inversión privada y generación de empleo, así como garantizar una transición limpia y transparente”, declaró.

Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga coincidió que para la inversión privada es necesaria la estabilidad política y seguridad jurídica, y aunque Dina Boluarte no ha sabido afrontar las complicaciones, es la presidenta constitucional del país. “No tiene talla de estadista, no tiene una buena relación con la prensa ni llega a comprender la realidad, pero la Constitución no dice que tenga que estar ahí en base a las encuestas. De momento así tendremos que respetarla”, sostuvo.

Por último, la politóloga Leonor Suárez Ognio consideró que la mandataria “es una muestra más de cómo la oportunidad de trabajar para los demás requiere del ethos público que muchos funcionarios y servidores públicos no tienen”, pero que ello también se extiende al Congreso de la República.

“Ante las múltiples denuncias, que cuando deje el cargo serán investigadas, la manera de vacar ahora a la presidenta sería por la declaratoria de incapacidad moral por el Congreso y para ello el parlamento debería ostentar el ethos público (pensar en la sociedad, antes que en sus propios intereses) lo cual no parece posible. La ‘racionalidad política’ que lleva a transacciones cuyo fin no es el bienestar de la población, sino su propia sobrevivencia y provecho, es una trampa en la que nuestro país está atrapado”, sentenció.